Actualmente México le compra más de
1 millón y medio de toneladas de maíz transgénico a Estados Unidos, en
lugar de que incentive la producción de básicos a nivel nacional y de
que le dé prioridad a los agricultores del país.
Las cifras de las muertes violentas
siguen colocando a Guerrero en el primer lugar; por cada 100 mil
habitantes se registraron 77 homicidios dolosos durante el 2012, y en
ese mismo año se consumaron 2,684 asesinatos, que nos ubican en el
deshonroso tercer lugar nacional, según datos del INEGI. Por su parte el
Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social
(Coneval) registró que 4 de cada 10 habitantes del estado sufre de
pobreza alimentaria, es decir, que más de 1 millón 300 mil guerrerenses
han sido votados al olvido por los gobiernos priistas, panistas y
perredistas, para amasar fortunas personales a costa del hambre del
pueblo trabajador.
Son los gobernantes de Guerrero los
artífices de esta infamia. El hambre y la muerte de miles de guerrerense
no son fruto de la casualidad, ni de malos presagios o por una
predestinación divina, sino de los malos gobiernos que han hecho del
ejercicio del poder un negocio impúdico amafiado con los oligarcas del
país y la delincuencia internacional de cuello blanco. Son ellos los que
se han encargado de explotar los recursos estratégicos. Son los
principales saqueadores del patrimonio del pueblo, quienes con argucias
jurídicas se obstinan en privatizar los bienes naturales de la
colectividad, de imponer el modelo extractivista y depredador de las
multinacionales y de someter a la población rural a los dictados del
sistema alimentario industrial controlado por corporativos
empresariales, que se han empeñado en destruir toda la sabiduría
milenaria forjada por la civilización mesoamericana, que tiene como
piedra angular el policultivo del maíz, el frijol y la calabaza.
Desde la firma del tratado del libre comercio por parte de México
con Estados Unidos y Canadá, en noviembre de 1993, los presidentes de
la república, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto,
se han plegado a las directrices impuestas por la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Esta dictadura neoliberal ha desmantelado nuestra
economía y ha destruido nuestro sistema nacional alimentario.
Actualmente Estados Unidos es uno de los principales exportadores
mundiales de maíz, soya y trigo. Lo paradójico es que el 40% de la
producción del maíz lo destina a etanol, es decir, a alimentar autos en
lugar de seres humanos. Además son 4 las multinacionales, como Monsanto,
Wal Mart, Cargill y Nestlé las que controlan el 80% de la distribución
global de los cereales y las que lucran con el hambre de los pueblos del
mundo. Tienen bajo su dominio el sistema alimentario industrial como
las semillas, los agrotóxicos, toda la cadena de distribución,
almacenamiento y supermercados que les permite obtener ganancias
estratosféricas por encima de cualquier crisis alimentaria. El mismo
sistema capitalista los blinda ante cualquier marejada de los capitales
volátiles. Los que en todo caso pierden con estas burbujas financieras
son los pequeños productores y los consumidores, quienes son esquilmados
con los salarios de hambre y los altos precios de la canasta básica.
Actualmente México
le compra más de 1 millón y medio de toneladas de maíz transgénico a
Estados Unidos, en lugar de que incentive la producción de básicos a
nivel nacional y de que le dé prioridad a los agricultores del país. La
realidad es que los gobiernos neoliberales con el TLC entregaron el
mercado interno a las multinacionales, por eso se procedió al
desmantelamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares
(Conasupo) que ayudaba a equilibrar el comercio interno del maíz y a
garantizar la distribución de básicos en los lugares más apartados, como
la Montaña.
A pesar de que nuestro país regularmente
produce 22 millones de toneladas de maíz al año, los tecnócratas se han
supeditado a los requerimientos comerciales de las trasnacionales, que
exigen que se importe maíz transgénico, para asegurar el monopolio
agrocomercial. Muchos sabemos que la producción nacional de básicos es
suficiente para satisfacer el consumo humano ya que no rebasa los 11
millones de toneladas, sin embargo, los gobernantes (que parecen ser más
representantes de Monsanto o Wall Mart), han decidido ponerle la
charola de plata para que hagan del derecho humano a la alimentación un
negocio sumamente redituable. La importación de maíz a México
no es necesaria, simplemente es un negocio de las multinacionales
condonado y subsidiado por el gobierno. Si las políticas públicas en
verdad estuvieran orientadas a proteger la producción agrícola y
pecuaria de pequeña escala, con semillas propias, a nivel nacional
tendríamos una producción alimentaria suficiente, accesible, de mejor
calidad y sobre todo saludable.
En Guerrero, los gobiernos pre
revolucionarios y pos revolucionarios fueron cortados con la misma
tijera, hasta la fecha siguen siendo voraces y pendencieros,
traicioneros y apátridas. Desde hace décadas se transformaron en los
emisarios de las multinacionales que se han especializado en saquear
nuestras riquezas naturales. Su malinchismo los ha obligado a ser
violentos. Usan la fuerza para someter, reprimir y asesinar a quienes se
oponen al atraco y a la explotación de los patrones. Los gobiernos
caciquiles acostumbrados a gobernar con la pistola en el cincho y a
tener bajo su mando a gavilleros que a punta de balazos sometían a las
poblaciones rurales, lograron imponer sus formas rudimentarias para
ejercer el poder.
Las matanzas y masacres son expresiones
de los gobiernos bárbaros que nadie se ha osado en llamarlos a cuentas
ni a castigarlos, por el contrario, forman parte de las castas
intocables y poderosas que siguen existiendo en este México
porfiriano. Cuentan con muchos privilegios y fueros, tienen cuotas de
poder y su influencia política puede inclinar la balanza para que ganen o
pierdan ciertos candidatos que no garantizan la protección de sus
intereses. Esta clase política arrabalera es la que sigue sojuzgando al
pueblo de Guerrero, que a pesar de que en varias coyunturas políticas,
la población se ha rebelado para derrocar a sus gobernantes, sigue
intocada la estructura caciquil que impera en el estado.
El rezago histórico en que sigue sumido
el estado es por la voracidad de sus gobernantes que se siguen
enriqueciendo a costa del hambre y la muerte de la gente del campo y de
quienes sobreviven en las periferias urbanas. El uso patrimonialista de
los recursos financieros, la red de empresas que fungen como
prestanombres de los jefes políticos y la cuota obligada que imponen a
sus súbditos para tener derecho a pellizcar del presupuesto que manejan
son los usos y costumbres que promueven y practican todos los políticos
de cualquier pelaje. Es un sistema dinamizado por la corrupción. Para
poder escalar políticamente se tiene que contar con padrinos de colmillo
retorcido que le enseñarán todas las artimañas del poder. Están
perdidos quienes sueñan con servir a la sociedad, con representar los
intereses de las y los trabajadores o de luchar y defender los derechos
de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Está prohibido desenmascarar a los
políticos corruptos. Una de las reglas de oro no escritas es que nunca
se debe evidenciar ni denunciar a las autoridades que cometan
atrocidades o que violenten los derechos humanos, en estos casos las
instituciones y sus mismos jefes deben protegerlos para demostrar su
poder impune y la fortaleza del régimen. Lo que más importa es poner a
salvo un sistema económico que garantice el enriquecimiento de las
cúpulas partidistas y de la clase empresarial que trabaja en sincronía
con las multinacionales, cuyo máximo objetivo es obtener ganancias
estratosféricas amparados en las prerrogativas que ofrece el libre
mercado y los gobiernos neoliberales. La misión de estos gobernantes es
aplicar políticas de contención social con modelos asistencialistas,
para paliar el malestar y desmovilizar a los sectores más depauperados.
Los programas de combate a la pobreza están diseñados para hacer más
dependiente de los subsidios precarios a una población que cuenta con un
potencial social capaz de revertir esta espiral violenta del hambre y
de transformar estas estructuras de opresión. Sin embargo, los millones
de pesos que se destinan a la caridad social es el mejor sedante para
que impere la rebatinga y la división entre las comunidades y las mismas
organizaciones sociales. El gobierno promueve nuevas formas de
corporativismo político y nuevos modelos de gestión interinstitucional
para apaciguar a los sectores más críticos y para ofrecerles dádivas a
cambio de su sumisión y su silencio. Para el gobierno neoliberal y
caciquil se trata de administrar la pobreza, de contenerla, con el fin
perverso de no cuestionar el sistema, ni de poner en jaque los acuerdos
comerciales, mucho menos de cerrarle las fronteras a las
multinacionales. Para ellos el sistema económico funciona, porque su
mejor indicador es que siguen disfrutando de grandes privilegios y de
sueldos millonarios, y mientras esto se pueda sostener, la pobreza
alimentaria la tendrán que resolver los programas asistencialistas de
corte neoliberal, como la nueva cruzada contra el hambre que sigue
tratando a los pobres como seres que no tienen dignidad, historia,
cultura, sabiduría y fuerza para transformar el oprobio en una causa
para luchar por su liberación. Esta nueva cruzada nos rememora la lucha
de los conquistadores españoles empeñados en imponer su sistema de
dominación a través de dádivas, de espejitos y buscando nuevas
malinches, para que al interior de las mismas comunidades, se encarguen
de traicionar a su propia gente y de venderla como esclava al
extranjero.
Vía:
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/64824-m%C3%A9xico-hambre-y-muerte-los-saldos-de-la-corrupci%C3%B3n-y-la-impunidad-gubernamental.html
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