México. El Estado no es cómplice
solamente por omisión en las desapariciones forzadas de migrantes en
tránsito por México, ya sean nacionales o de otros países. “Está en
connivencia, hay participación”, afirma Camilo Pérez Bustillo,
integrante del equipo de trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos
y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
No hay un país que sea responsable único
de la violencia contra los migrantes. Se trata, explica el
investigador, de una complicidad estructural transnacional entre los
países de origen, tránsito y destino implicados, en la que a México le
toca “hacer el trabajo sucio y ampliar la política migratoria de Estados
Unidos en su propio territorio”, lo que nace de su ubicación geográfica
respecto al resto de América Latina. La militarización de la frontera
deja a las compañías estadunidenses privadas un negocio de cerca de 46
mil millones de dólares.
Los migrantes en tránsito por México son
95 por ciento centroamericanos de origen hondureño, nicaragüense,
salvadoreño y guatemalteco, y la cifra está entre 400 mil -según
cálculos independientes-, y un mínimo de 171 mil por año, de acuerdo con
datos difundidos por el Estado mexicano. México detuvo tan sólo en 2009
a 65 mil personas en tránsito, y casi la totalidad fueron deportados.
Esto implica, define Pérez Bustillo, que
México es el escenario de un movimiento forzado masivo de entre 400 mil
y 800 mil personas anualmente -sumando las de origen mexicano y las de
otros países. “Su criminalización las convierte en un mercado cautivo
para las peores depredaciones de actores estatales y particulares
coludidos para su explotación y abuso”, denuncia.
Para el académico, las muertes de
migrantes en el desierto estadunidense y la violencia, muerte y
extorsiones a su paso por México son resultado directo de la
militarización de la frontera norte, ya que criminaliza a los flujos
“ilegales” y las personas (incluyendo sectores especialmente vulnerables
cómo mujeres, jóvenes y menores de edad, pueblos indígenas, minorías
raciales, étnicas y religiosas), desvía su paso hacia el desierto de
Sonora y los expone a la violencia del crimen organizado en México, y de
los grupos paramilitares y la Patrulla Fronteriza en los Estados
Unidos. Se calcula que cerca de 6 mil personas han muerto en su cruce a
los Estados Unidos desde la entrada del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en 1994.
La criminalización de la migración
incluye el terror estatal y paramilitar contra las migrantes en tránsito
por territorio mexicano, señala Pérez Bustillo. Se calculan cerca de 20
mil secuestros masivos de migrantes cada año desde 2007 – que deberían
ser caracterizados como “desapariciones forzadas”, de acuerdo con el
investigador.
Los casos estudiados por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) muestran que a los migrantes se
les cobra un promedio de 2 mil 500 dólares a cambio de su liberación, lo
que lleva al organismo a estimar que los grupos criminales ganaron
aproximadamente 25 millones de dólares por la industria del secuestro en
el período de seis meses que cubrió el informe. Las autoridades
mexicanas también lucran con las extorsiones a los migrantes: “Se sabe
que participan en las reparticiones del botín”, declara Pérez Bustillo.
Complicidades oficiales
Las complicidades estatales con el
crimen que extorsiona a los migrantes fueron señaladas por Jorge
Bustamante, el relator especial de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre el tema de los derechos de las migrantes, quien en un
informe difundido en junio de 2008 señaló que: “la migración
transnacional sigue siendo un negocio en México, gestionado
principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el
contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la
colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y
federales… Con la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles
del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las
redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra
los migrantes continúan”.
Pérez Bustillo explica que el informe de
la CNDH sobre los secuestros entre 2008 y 2009, se señaló la
participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91
migrantes, así como 99 casos donde los migrantes mencionaron que
mientras fueron retenidos, tenían conocimiento de que la policía estaba
en contacto con los secuestradores.
Un caso paradigmático de la violencia
contra migrantes es la masacre de San Fernando, ocurrida en el norteño
estado de Tamaulipas en 2010 –cuando 72 migrantes fueron asesinados por
el crimen organizado. “No es posible que el gobierno no esté enterado de
que grupos de decenas de personas son secuestradas bajo sus narices.
Además hay una impunidad total del Estado: al día de hoy no hay un solo
responsable indiciado por este hecho. Es mínimo negligente, pero mucho
más. Es responsable”, acusa Pérez Bustillo. Esta masacre solamente es
comparable a la ocurrida en Acteal en 1997, considera el jurista.
La responsabilidad gubernamental no
radica solamente en la omisión o connivencia ante la violencia del
crimen organizado. El Estado mexicano es responsable de la expulsión
masiva de su población, señala el investigador, pues existen más de 30
millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos -60 por ciento
del total de latinoamericanos en ese país norteamericano. La situación
no ha cambiado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien no ha hecho
una sola declaración relevante al respecto, acusa el investigador. “Se
trata de un PRI (Partido Revolucionario Institucional) experto en
posicionarse en el tema de derechos humanos, y con una retórica
soberanista vieja”, acusa.
Seres “desechables”
Para los Estados, los seres humanos son
mercancía desechable, define el investigador, lo que explica su
comportamiento “criminal” ante el fenómeno. “Los migrantes son
estructuralmente necesarios para generar riqueza, pero coyunturalmente
desechables porque siempre habrá más”, señala el investigador, que
compara las masacres con los viajes de barcos de esclavos o “negreros”,
donde las personas eran arrojadas al mar cuando se volvía “costoso”
mantenerlas por enfermedad o escasez de comida.
“Mientras siga habiendo megaproyectos y
políticas económicas que expulsen a la gente de sus lugares, habrá más
migrantes. Ésa es la lógica de este exterminio”, afirma. “Lo que más
exporta México, por ejemplo, es a su gente”.
Las organizaciones que trabajan en el
capítulo de Migraciones y Desplazamientos Forzados del TPP, ante la
violencia contra los migrantes, proponen como salida la solidaridad, la
hospitalidad, la asistencia, el refugio y el derecho a la reunificación
familiar. El TPP será, de acuerdo con Pérez Bustillo, un espacio para
construir justicia alternativa, “donde los pueblos juzguen a los Estados
para exigir justicia en nombre de los derechos de los pueblos”,
finaliza el investigador.
La preaudiencia del tribunal tendrá
lugar del 19 al 23 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en la Ciudad de México.
Vía,fuente:
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/08/estado-mexicano-parte-del-negocio-criminal-contra-migrantes/
http://desinformemonos.org
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