Las graves violaciones a los Derechos Humanos que siguen
descubriéndose constantemente tienen origen en el Golpe Militar de 1973,
en el magnicidio presidencial y el quiebre institucional provocado los
las Fuerzas Armadas. En la conspiración de las cúpulas militares, que
fuera alentada y asistida por el gobierno de los Estados Unidos, con la
complicidad de los empresarios más poderosos del país, buena parte de
los políticos de derecha e, incluso, de otros connotados dirigentes que
posteriormente se hicieron disidentes y recibieron del propio Dictador
los símbolos del Poder Ejecutivo. Además de la Constitución Política y
la legalidad impuesta por el régimen castrense. Obraron también para ese
fatídico 11 de Septiembre el diario El Mercurio y otros medios de
comunicación que luego resultaran completamente adictos al régimen
dictatorial, e incluso oficiaran como ejecutores intelectuales del
horror que se impuso en el país por largos 17 años. Situación que
también se encuentra en la impunidad.
Lo que ha escrito la historia es que en los meses anteriores al Golpe
la sedición ya se había entronizado en las instituciones armadas, a
pesar de los juramentos de lealtad que le expresaban al Presidente
Allende. Los altos oficiales preparaban sigilosamente la insurrección,
afinando todos sus detalles para que, esta vez, la traición pudiera
prosperar sin demasiados contratiempos y riesgos para sus personas.
Apoyados, como ha quedado consignado, por la Operación Unitas y los
pilotos de guerra norteamericanos, ya tenían reclutados a quienes se
convertirían horas más tarde en los más siniestros violadores de los
derechos individuales y colectivos. Como el general Ernesto Baeza que se
encargó de escenificar la rendición y el “suicidio” del Jefe de Estado a
objeto de restarle mérito a su heroico combate para defender el palacio
de gobierno, al mismo tiempo que propagar una versión que ha sido
aceptada, desgraciadamente, hasta por los propios familiares y camaradas
del Presidente Mártir. Apoyado por la absurda versión de un médico de
apellido Guijón que habría asistido al Presidente a la hora que regresó
al segundo piso en llamas para recoger algún recuerdo o souvenir para
sus hijos…
Contundentes testimonios señalan que, el propio Pinochet fue el
último en ser invitado a la asonada, por la desconfianza que le tenían
los otros altos oficiales debido a su zalamera actitud hacia el Jefe de
Estado. Tal como a última hora se convocara, también, al general de
Carabineros Cesar Mendoza, que alcanzara a ser tildado de “rastrero” por
el Primer Mandatario antes de ser ultimado.
Un alzamiento militar que, por supuesto, estaba tipificado como
delito en nuestra legalidad republicana y que nunca, sin embargo, ha
sido perseguida como tal durante la pos dictadura, tanto que todavía
permanecen en la impunidad total, o ya fallecieron con ella, los cuatro
comandantes en Jefe y los demás generales y almirantes que se
concertaron para violar tan gravemente el Estado de Derecho. Más allá
que algunos jueces y tribunales dignos se hayan empeñado en esclarecer
los crímenes y castigar a sus ejecutores, lo cierto en que no se ha
condenado la conspiración misma que dio origen a las ejecuciones
sumarias, los detenidos desaparecidos, la tortura, el exilio y la cárcel
que sufrieron enseguida miles y miles de chilenos. Impolutos han
resultado, del mismo modo, los ministros de la Cortes que “legitimaron”
la acción militar, desestimaron sistemáticamente los recursos de amparo
y, en no pocos casos, hasta participaron en actos de tortura y apremios
ilegítimos a los detenidos.
Quizás si la Transición hubiera intentado perseguir, primero, a los
ejecutores de la traición original podría haberse avanzado mucho mejor
en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por sus subordinados y
lacayos. Pero no: en virtud de las negociaciones políticas
archiconocidas, varios de estos ejecutores y cómplices siguieron
accediendo a altos puestos públicos, adquirieron incluso la dignidad de
senadores de República y se los premió con designaciones diplomáticas y
diversos honores. El propio de Tirano, como se sabe, fue rescatado de la
acción de la justicia mundial y mereció, hace pocos años, unas exequias
de alto rango, las que solamente fueran estorbadas por aquel escupitajo
que le lanzara a su féretro un nieto del asesinado general Prats.
Salivazo, sin duda, que mereció la aprobación universal y aminoró la
vergonzosa actitud de la clase política que permitió esta ceremonia
fúnebre y que hasta se hizo parte a esta postrera provocación de los
“valientes soldados chilenos”, que lo que más han acumulado en su
trayectoria son victorias militares contra su propio e inerme pueblo.
En la impunidad que se le ha otorgado a los inspiradores y ejecutores
del Golpe Militar se explica que en 24 años nuestros gobiernos y
cámaras legislativas hayan sido incapaces de echar las bases de una
Constitución Política realmente democrática, cuanto terminar con los
irritantes privilegios de la llamada “familia militar” que todavía goza
de tribunales de Justicia propia, un sistema previsional ad hoc,
hospitales regiamente equipados, como de un presupuesto escandalosamente
abultado si se lo compara con la situación de otros países. Peor aún si
se atiende a las acuciantes demandas del país, por ejemplo, en materia
educacional, energética o de infraestructura.
Mientras en otros
estados constituye un delito hacer apología del pasado luctuoso de
ciertos regímenes dictatoriales, aquí todavía sufrimos el desparpajo de
políticos, historiadores y columnistas que reivindican la dictadura
pinochetista y hasta justifican los delitos de lesa humanidad cuando
están forzados a reconocerlos. Mientras la figura de Pinochet sigue
enrojeciendo la conciencia mundial, aquí todavía tenemos reparticiones
castrenses que le rinden tributo y que, después de muerto, siguen
obstaculizando la entrega de pruebas y testimonios que sirvan para
conocer el paradero de los detenidos desaparecidos y descubrir a sus
victimarios.
Más allá de que los Tribunales hayan exculpado a un ex comandante del
Ejército de toda responsabilidad criminal, no se puede negar lo
impropio que resulta que se le haya confiado a un uniformado la
dirección de nuestra principal institucionalidad electoral que
justamente debe velar por el sufragio ciudadano de los chilenos. Ningún
militar que haya hecho carrera profesional desde 1973 en adelante podría
haber alcanzado cargo cívico de tal cometido si el país hubiera
condenado y sancionado a los que pisotearon la voluntad popular y las
leyes de la nación.
La impunidad que favorece a los hechores originales es un verdadero
acicate para que, temprano o más tarde, surjan otros cabecillas que, en
posición de las armas que el pueblo les confía para la defensa nacional,
vuelvan a alzarse contra el orden republicano. Sobre todo cuando estos
indignos militares dan pruebas tan agraviantes de ser el brazo armado
del grupo de familias enriquecidas por la Dictadura Militar y lo que le
ha seguido. Al mismo tiempo que ofician de guardianes de los intereses
foráneos enseñoreados a todo lo largo y ancho de nuestra geografía. Lo
que los señala, además de cobardes y criminales, como verdaderos
enemigos de nuestra soberanía.
*Fuente: Radio U de Chile
Vía:
http://www.piensachile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11951:el-pecado-original-impune&catid=1:opinion&Itemid=2
No hay comentarios:
Publicar un comentario