Las declaraciones del ex General Mathei y las más recientes del ex
General Cheyre no son aceptables, comprometen a las FFAA, ocultan sus
responsabilidades e intentan encubrir en la Institución militar su
participación en la represión. Con su actitud traspasan a las nuevas
generaciones de Oficiales y Suboficiales, un pacto de silencio sobre la
historia de asesinatos, torturas y enriquecimiento ilícito, bajo la
gran mentira de que el ejército luchó en contra del comunismo.
Contribuye a esto que a pesar de que se ha investigado y contribuido a
saber la verdad de lo ocurrido, solo se ha juzgado a un reducido numero
de militares involucrados directamente en crímenes de lesa humanidad.
Pero la investigación sobre las responsabilidades institucionales y
personales de quienes instigaron, planificaron y encubrieron las
violaciones a los derechos humanos continua pendiente.
Tal pareciera que con esto se acepta un absurdo, que los Ministros y
Subsecretarios, Directores y Jefes de Servicios y los demás funcionarios
del gobierno militar, los políticos y autoridades civiles, no
existieron en ese periodo. Tal cual sucede con el papel de los medios de
comunicación y periodistas, quienes apoyaron a la dictadura, para
ocultar información y manipular el relato de los hechos ocurridos.
Quién podría ocultar que fue el gobierno y las Fuerzas Armadas
quienes se encargaron del control y manipulación de la información
durante la dictadura militar, construyendo una única perspectiva.
Durante ese periodo la propaganda, represento un símbolo de poder
político y de control, a cargo de militares, políticos y especialistas
civiles.
Estas complicidades cívico militares se extienden también al
enriquecimiento ilícito de Pinochet, a sus cuentas secretas en el Banco
Riggs y otras entidades financieras en la cuales acumuló entre 1973 y
1990, una fortuna de 21 millones de dólares, 17 de los cuales no tienen
justificación contable. También existe toda la información que demuestra
el enriquecimiento ilícito de empresarios chilenos y extranjeros
durante todo el proceso privatizador de empresas publicas durante la
dictadura.
Los chilenos queremos que se sepa la verdad pero que se haga
justicia, sigue vigente la solida reivindicación de No a la Impunidad,
sin esto no se podrá avanzar hacia un encuentro nacional verdadero. Para
ello se requiere de medidas políticas y judiciales concretas, algunas
de las cuales señalamos de la manera siguiente.
En primer lugar es necesario aclarar política y judicialmente, que en Chile no hubo una guerra,
lo que realmente sucedió es que al día siguiente del golpe de estado,
Augusto Pinochet decretó el “estado de guerra interna” (Decreto ley Nª
5 del 12 de septiembre de 1973), para justificar el fusilamiento sin
juicio, simulando consejos de guerra que nunca se efectuaron.
Lo anterior incluye eliminar por ley las condecoraciones entregadas
por el ejercito a quienes “combatieron a la subversión” en 1973,
combates inexistentes que se remiten al asesinato y a la tortura de
miles de compatriotas en distintas cámaras de tortura o fusilamientos.
En segundo lugar, se requiere anular la disposición legal que ordena
no investigar y mantener en secreto por 50 años, la información recibida
por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y
Tortura. En tercer lugar, exigir, no solicitar, a las FFAA que se
entregue la información de donde y como se hicieron desaparecer los
cuerpos de los detenidos en distintos campos de concentración, agregando
que cada uno de esos recintos estaba a cargo de un Oficial de las
distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Estos son algunas de las medidas efectivas, que los chilenos (as)
necesitamos que se implementen, para avanzar hacia una convivencia
nacional construida sobre la verdad.
Respecto a las responsabilidades que le caben a los militares en la
represión en contra de los chilenos, seguir insistiendo en el argumento
“que no sabia lo que pasaba”, es simplemente una vergüenza y por varias
razones. La primera es que durante todo el periodo de la dictadura, la
detención, la tortura y el exterminio de personas no fue un secreto de
estado, salvo algunas excepciones, por el contrario, esto se planificó a
nivel político ( y empresarial ) y se ejecuto a través de la cadena de
mando en las FFAA.
Segundo, los miembros de la FACH, de Carabineros, de la Marina, de
Investigaciones fueron involucrados de manera directa e indirecta en los
procesos de violaciones de los DDHH y crímenes de lesa humanidad. A
partir del 11 de Septiembre de 1973, a través del mando militar se
ordenaron acciones conscientes e informadas, con instrucciones algunas
de ellas de carácter general y otras mas reservadas, pero todas
orientadas por una instrucción general y pública, que fue la de formar
parte de la guerra ( interna ) en contra del comunismo.
En las acciones mas generales, a los militares se nos informaba y
arengaba todos los días sobre nuestro papel en la liberación de Chile
del comunismo. Esto se repetía todos los días en las formaciones de la
mañana y cuando se les reunía en patrullas para salir a realizar
allanamientos, a casas particulares, empresas, a perseguir personas,
informándose a todos los participantes ( los suboficiales que formaban
parte de la patrulla ) de las acciones que tenían que realizar.
Esas patrullas estaban al mando de un Oficial, casi siempre un
Teniente, quien ejecutaba junto a sus subordinados la orden de reprimir,
la que emanaba de un Oficial de mayor grado a cargo de los operativos
territoriales, Capitán o Comandante. En las acciones mas especificas
actuaba el servicio de Inteligencia, cuya misión estaba destinada a
descabezar a las dirigencias de los partidos políticos calificados de
enemigos, Comunista, MIR, Socialista y MAPU. (Normalmente estos equipos
actuaban durante la noche o de madrugada, persiguiendo, torturando y
asesinando a personas indefensas).
Durante el primer año la represión fue masiva y brutal,
indiscriminada, bastaba recibir una denuncia, en la mayoría de los casos
proveniente de los propios vecinos o funcionarios u obreros de alguna
industria o centro de trabajo, para que la persona o la familia indicada
como Mirista, Comunista, marxista o subversiva fuera maltratada y
algunos de sus miembros llevados a un centro de detención ( unidades
militares y retenes de Carabineros ). En una segunda etapa el proceso de
represión fue selectivo, esto después que se creo la DINA formada por
Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea, Ejercito, Marina,
Carabineros e Investigaciones ( hoy PDI ).
Ahora bien, es posible aceptar que hubo órdenes verbales secretas,
pero lo que cumplieron todos los militares, fue la orden generalizada
desde la Junta Militar hacia abajo, de exterminar el cáncer marxista. En
este proceso se mezclan la planificación detallada y sistemática de las
operaciones de exterminio, con otras improvisadas por el alto nivel de
discrecionalidad con que actuaban oficiales y suboficiales en la
ejecución de la orden de “extirpar” el cáncer marxista.
El fanatismo, la brutalidad y la irracionalidad con la que actuaban
los mandos superiores y subalternos, me hace pensar que estos hicieron
todo lo posible para que el asesinato en masa de los opositores a la
dictadura quedara en el secreto, velando para que no quedaran registros
escritos, lo que se han encargado de proteger con un vergonzoso pacto de
silencio. Por esta razón los mandos de la DINA, luego la CNI, de los
Servicios de Inteligencia, seguramente destruyeron la mayor parte de la
documentación que pudo existir al fin de la dictadura en 1989.
A pesar de lo anterior se han hecho investigaciones profundas y
responsables, se cuenta con suficiente información y testigos, para
reafirmar que las FFAA con su Comandante en jefe, Augusto Pinochet,
ejecutaron una política de represión y exterminio como política de
estado y con recursos públicos. Por otra parte nosotros como militares
sabemos, que los miembros de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea su
grado, tienen una responsabilidad personal, la de haber dado
cumplimiento a las disposiciones y ordenes institucionales, que
terminaban en la represión en cualquiera de sus formas.
Según las disposiciones del Código de Justicia Militar, “todo militar
está obligado a obedecer, salvo fuerza mayor, una orden relativa al
servicio que, en uso de atribuciones legítimas, le fuere impartida por
un superior. El derecho a reclamar de estos actos de un superior que
conceden las leyes o reglamentos, no dispensa de la obediencia ni
suspende el cumplimiento de una orden del servicio”.
Lo anterior es así, pero cuando se nos llamo a una guerra en contra
del comunismo, todos los militares ( y civiles ) tuvieron la oportunidad
de negarse, como fue nuestro caso, a cumplir las ordenes, porque en
esos momentos, uno como militar tenia la información suficiente como
para al menos percibir que se estaban cometiendo arbitrariedades y
violaciones a los derechos humanos.
Quienes fuimos militares, que nunca traicionamos nuestro juramento y
que fuimos leales a nuestro pueblo, nos identificamos con el ejemplo
moral de Allende, que supera largamente la cobardía de quienes le
atacaron y de quienes hoy no son capaces de reconocer lo que hicieron.
Grafica esto la reacción del presidente en la mañana del día 11 de
septiembre, cuando el general Baeza le conmino a rendirse, este le
contesto con un mensaje que perdura hasta hoy: "Ustedes, como generales
traidores que son, no conocen a los hombres de honor"…. mi recuerdo será
el de un hombre digno, de un hombre que fue leal".
Que mensaje, un ejemplo para estos soldados, oficiales y generales
que hoy se esconden en las FFAA para ocultar su cobardía. Como un
soldado patriota, Allende tomo la decisión de morir en combate,
entendiendo que era su deber el defender al pueblo que las FFAA habían
traicionado.
- El autor, Enrique Villanueva M., es Vicepresidente CEEFA-73 (Centro de Estudios Exonerados Fach-1973)
Vía:
http://www.piensachile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11954:2013-08-28-02-40-49&catid=1:opinion&Itemid=2
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