Los medios de comunicación y la opinión pública en general difunden y
se conmueven ante el asesinato del suboficial Daniel Silva y, por su
parte, el gobierno lanza una nueva ley liberticida – lleva el nombre del
ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter – que, so pretexto de
aumentar las penas a los encapuchados, persigue eliminar la libertad
mínima, como es la de manifestarse reivindicando sus derechos ante la
autoridad.
Hay un evidente doble estándar en el caso del aleve asesinato del
comunero mapuche, Rodrigo Melinao, en el sentido de que los medios de
comunicación de masas apenas sí informan sobre este crimen y, además,
se anticipan a negar el carácter presumiblemente terrorista de este
luctuoso hecho. El fiscal, a mi modo de ver, actúa con excesiva
prudencia – y como mapuches, a quienes se les persigue a sol y sombra
-. Todos los asesinatos son condenables desde el punto de vista legal y
moral – personalmente me repugna la violencia – pero yo condeno es la
manera injusta en que el Estado chilenos trata al pueblo mapuche y, por
extensión, a todos los pueblos originarios.
Nuestra casta de plutócratas, mercachifles y políticos venales ha
sido siempre racista, clasista y admiradora del nazismo – no en vano,
los militares chilenos marchan al paso de ganso, y cualquier persona que
asistiera, por casualidad, a estas desfiles, creería que está ante una
película de la segunda guerra mundial -. Esta repugnante casta, que
algún día será expulsada del poder, no sólo margina al pueblo mapuche,
sino también a los provincianos – ver el caso actual de Tocopilla y de
otros tantos- y, podría decirse, son peores que los colonialistas
borbónicos españoles.
El ejército chileno, en la llamada “pacificación de la Araucanía”,
actuó como una banda armada terrorista y genocida, aplicando la tortura –
como bien lo saben hacer y, posteriormente, lo probaron en la inicua
dictadura del tirano y genocida, Augusto Pinochet – a miles de comuneros
mapuches, despojándolos, además, de sus tierras. Pero si se compara el
trato de que la corona española dio a los pueblos indígenas con el del
Estado de Chile, la primera fue más respetuosa de los derechos humanos
que el segundo.
Pienso que el Estado de Chile debiera ser condenado por las distintas
instituciones internacionales y por la opinión pública mundial como un
Estado etnocida, que mantiene a los pueblos originarios en un estado de
miseria y de desprotección ante los abusos de los hombres armados –
tanto de carabineros como de los colonos – así como de la penetración
de las empresas forestales, propias de este capitalismo salvaje, cuyos
empresarios actúan cual piratas, sin Dios, ni ley.
Tanto la Concertación como la Alianza han tenido políticas muy
erróneas con respecto a los pueblos originarios – no se podía esperar
nada mejor de una casta racista, con intereses creados y al servicio de
las empresas forestales; la única solución que ven estos jerarcas es la
represión y la aplicación de leyes liberticidas – por ejemplo, la
antiterrorista -.
Del duopolio no se puede esperar que Chile reconozca ser un Estado
multiétnico ni, mucho menos, multicultural - término más suave y
ambiguo -, ni pensar en el reconocimiento del pueblo mapuche como una
nación – como lo hicieron los españoles en la época del Padre Luis de
Valdivia - , pienso que, al menos, en el Parlamento chileno debiera
existir una representación proporcional de los pueblos originarios, pero
aún esta mínima aspiración se hace imposible debido a la perpetuación
de la actual casta en el poder, cuyas características se ven reflejadas
en el más pérfido de los clasismos, racismos y centralismos.
Vía: http://www.piensachile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11855:2013-08-08-02-53-10&catid=1:opinion&Itemid=2
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