Caricatura del celebre Carlos Tovar “Carlín”, publicada en el diario La República el 30 de julio 2013
Las menciones a lo ambiental y la minería suenan a lugares comunes y a nada concreto. El presidente habló de “fortalecer el contrato social entre la comunidad, la empresa y el Estado”, pero no ha dicho cómo y qué es lo que se está haciendo o pretende hacer, afirmó De Echave.
Mencionó como “experiencia replicable” el caso del proyecto minero de Las Bambas, en Apurímac, a pesar que la región aparece en el segundo lugar en cuanto a número de conflictos.
“Encerrado en su propio círculo, el gobierno parece escuchar solamente lo que le conviene: la gente está en las calles, pero la oficina de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros le dice que los conflictos están disminuyendo” observó De Echave.
El ex viceministro de Ambiente apuntó que el ministro de Economía, Luis Castilla, “es en realidad el primer ministro en la sombra” y “tiene la cancha libre para preparar nuevos paquetes de medidas”.
El tiene el verdadero liderazgo del gabinete al controlar la mayoría de carteras y los últimos cambios “han consolidado la influencia del Ministerio de Economía y Finanzas”, con el beneplácito de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) “que ha saludado los anuncios y el mensaje”.
A continuación el artículo de José de Echave:
La minería y la protección ambiental en el discurso presidencial
Por José De Echave C.
30
de julio, 2013.- Hay diferentes maneras de evaluar el discurso
presidencial del 28 de julio. Una forma es analizar los temas abordados,
los fundamentos de los anuncios y al mismo tiempo los vacíos en el
discurso. Otra manera es compararlo con los discursos precedentes y los
ofrecimientos que fueron hechos en los años anteriores.La tercera presentación del presidente Humala en el Congreso da material para hacer comparaciones y recordar los discursos precedentes, sobre todo en los temas vinculados a la minería y las políticas ambientales.
En el primer discurso, el tema del ordenamiento territorial fue presentado como una de las políticas centrales del nuevo gobierno para ordenar el crecimiento equilibrado de las actividades productivas, al mismo tiempo que se apostaba por la ley de consulta, una mayor contribución de la minería y el fortalecimiento de las políticas ambientales. En el segundo discurso (hace apenas doce meses) y luego de varios meses de convulsión social se anunció la creación de una comisión multisectorial que trabajaría lo que el propio presidente llamó como “una nueva relación con la minería”.
Lo cierto es que cumplidos los dos años poco es lo avanzado en estos temas que además prácticamente han dejado de ser mencionados por el presidente. El ordenamiento territorial está durmiendo en el espacio del Acuerdo Nacional; nada se ha dicho sobre los reales aportes del gravamen minero acordado con las empresas y sobre la consulta se ha comenzado a aplicar precisamente donde no hay minería ni hidrocarburos.
El informe de la comisión multisectorial, “encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollarán las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas”, fue entregado el 10 de octubre del año pasado y seguramente está muy bien guardado en un escritorio de la Presidencia del Consejo de Ministros. De los cuatro ejes estratégicos aprobados por la comisión (Estado soberano y garante de derechos; mejora en la calidad de vida con ambiente sano; compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales y; patrimonio natural saludable), habría que preguntarse en qué aspectos se ha avanzado. Lo cierto es que salvo la creación del nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental (que ya debería tener por lo menos una cabeza visible), poco o casi nada se ha avanzado.
Por eso las menciones en el último discurso de lo ambiental y la minería suenan a lugares comunes y a nada concreto. El presidente habló de “fortalecer el contrato social entre la comunidad, la empresa y el Estado”, pero no ha dicho cómo y qué es lo que se está haciendo o pretende hacer. También ha mencionado como “experiencia replicable” el caso del proyecto minero de Las Bambas, en Apurímac, región que aparece, según los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, en el segundo lugar en cuanto a número de conflictos.
Encerrado en su propio círculo, el gobierno parece escuchar solamente lo que le conviene: la gente está en las calles, pero la oficina de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros le dice que los conflictos están disminuyendo; sus ministros le anuncian que ya se viene una lluvia de millones en inversiones en sus carteras y que hay que seguir destrabando las inversiones para que el país siga creciendo y la recaudación aumente.
En todo caso, lo que no se puede decir es que el discurso del presidente no refleje la situación actual de su gobierno. Un discurso soso, cansino, que refleja a un gobierno que ha comenzado a arrastrar los pies y que al mismo tiempo ha terminado de configurar un gabinete cada vez más conservador.
En este contexto el ministro de Economía, Castilla, que es en realidad el primer ministro en la sombra, tiene la cancha libre para preparar nuevos paquetes de medidas. La recomposición del gabinete ha terminado de configurar un escenario en el que el verdadero liderazgo recae en Luis Castilla que controla la mayoría de carteras. Los últimos cambios en los ministerios de Agricultura (vice ministerios), Comercio, y Cultura, han consolidado la influencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con el beneplácito de la CONFIEP que ha saludado los anuncios y el mensaje.
Vía:
http://servindi.org/actualidad/91192
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