Se ha advertido muchas veces que hay candidatos que gastan en propaganda
sumas que exceden los propios sueldos que luego totalizarán como
parlamentarios. Esto hace evidente, entonces, que las empresas que los
financian se obliguen enseguida a complementar sus ingresos y, con ello,
garantizarse un servicio fiel de parte de estos éstos al momento de
legislar.
En un año electoral , es conveniente recordar que, pese a las
reformas establecidas, el Servicio Electoral no contará otra vez con los
instrumentos y recursos necesarios para controlar la propaganda y el
gasto proselitista de los distintos candidatos, partidos y agrupaciones.
De distintas maneras, los postulantes seguirán dándose maña para rendir
sus informes, transparentar realmente las donaciones que reciban y
respetar las fechas establecidas para promocionarse en los medios de
comunicación y en la vía pública. Parece insólito que todavía no se
legisle a fin de evitar que las empresas sigan destinando recursos para
apoyar las candidaturas y, por supuesto, que estas erogaciones sean
imputadas como gasto y, con ello, sirvan para eludir el pago de
impuestos.
Se ha advertido muchas veces que hay candidatos que gastan en
propaganda sumas que exceden los propios sueldos que luego totalizarán
como parlamentarios. Esto hace evidente, entonces, que las empresas que
los financian se obliguen enseguida a complementar sus ingresos y, con
ello, garantizarse un servicio fiel de parte de estos éstos al momento
de legislar. De otra manera, no se entendería que en la tramitación de
iniciativas como la Ley de Pesca, la venta de fármacos en el comercio y
otras haya habido tanto lobby de parte de las entidades patronales
involucradas. Por lo mismo es que se descubrió como una entidad
vinculada a una de las grandes familias pesqueras sobornó a una diputada
y posiblemente a otros varios de sus colegas.
Insólito nos resulta, asimismo, que la demanda por una ley que regule
el tráfico de influencias se demore tanto en dar a luz, así como que
todavía no se establezca con claridad cuándo los parlamentarios debieran
inhabilitarse como tales en el ejercicio de su labor. Es indiscutible
que en tal y flagrante indefinición los conflictos de interés son
soslayados por quienes, más que representar al pueblo, se convierten en
mandatarios de los grandes grupos económicos, las transnacionales y las
asociaciones gremiales de los patrones de la industria y el comercio.
Diversos análisis de los resultados electorales concluyen en que
éstos generalmente coinciden con la capacidad de los candidatos de
proporcionarse una buena “caja electoral”. Como era en el pasado cuando
los latifundistas controlaban o integraban las bancadas parlamentarias o
accedían al mismo sillón presidencial. Cuando el dinero se permitía,
incluso, instalar en nuestros poderes del estado a una serie de
incompetentes y corruptos, sin que la historia todavía los haya develado
en sus flaquezas y despropósitos.
De la misma manera que ahora, desde las grandes entidades mineras y de
los supermercadistas se hará una ofertón millonario a los candidatos que
se propongan dejar la Constitución como está, mantener el sistema
tributario y no hacerle más que algunas correcciones cosméticas al
sistema de las Isapres y asociaciones previsionales. ERn efecto, con los
jóvenes masivamente en las calles, los grupos fácticos se obligarán a
soltarle más recursos a la clase política si quieren mantener sus
prerrogativas. Todo lo cual es una oportunidad para quienes buscarán
reelegirse o postular por primera vez a un cargo de “representación” y,
de paso, seguir legitimando el régimen autoritario y excluyente. Se
entiende, entonces que haya candidatos que, por elemental pudor, se
resistan a reconocer al régimen militar como la dictadura que fue, así
como hay otros que buscan la reconciliación sin condiciones con las
entidades castrenses y aquellos infractores de cuello y corbata que
hicieron su fortuna bajo el alero del pinochetismo y las empresas del
estado que adquirieron a precio vil.
Tan sólo las elecciones primarias exhiben una danza de millones ya
gastados y reconocidos por algunos abanderados presidenciales. Es cosa
de imaginarse cómo se desplegarán las campañas una vez que el proceso
electoral entre en “tierra derecha”. Una oportunidad cierta, también,
para los cesantes, los estudiantes endeudados y esos activistas a sueldo
que salen a hacer pegatinas, a destruir afiches y participar de los
“puerta a puerta”, sin discriminar para nada sobre el color o los
eslóganes de los candidatos. Seguros de que los que pagan más son, a no
dudarlo, quienes tienen mejores posibilidades de resultar electos. En un
ejercicio ciudadano en que lo que menos existe son idearios, programas y
vocación de servicio público. En que abunda la farándula televisiva en
que los debates no son tales y los candidatos, con sus publicistas,
deben ingeniárselas para tratar de quedar bien con todo el mundo y,
sobretodo, no escandalizar a sus financistas.
Salvo, hay que reconocerlo, algunas contadas y testimoniales excepciones.
Vía:
http://radio.uchile.cl/noticias/217320/
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