Las
imágenes de nuestro compañero Pedro Aguilera, presidente del Centro de
Estudiantes del liceo Manuel Barros Borgoño, siendo brutalmente golpeado
por fuerzas especiales de Carabineros durante la última protesta
convocada por el movimiento estudiantil han sido claramente impactantes.
No sólo por lo brutal, sino que también por la juventud del golpeado,
sólo 17 años de edad. A partir de ese momento las distintas
organizaciones estudiantiles, políticas e incluso organismos
internacionales como la UNICEF se pronunciaron en contra de la represión
ejercida por la policía ese día, que incluyó el inédito –y violento-
ingreso a la tomada Casa Central de la Universidad de Chile.
Pero la discusión se ha mantenido de
manera difusa, apuntándose a veces a Carabineros por los procedimientos
utilizados, y otras veces, las menos, al gobierno por defender la labor
realizada por las fuerzas de seguridad. Lo que hay que entender, sin
embargo, es que lo que ha sucedido no es una casualidad, ni es
responsabilidad única de la policía, es una práctica constante del
Estado chileno y es responsabilidad de las fuerzas políticas del bloque
en el poder.
Tanto los gobiernos de la Concertacion
como el de Sebastian Piñera han utilizado la represión violenta como la
herramienta de excelencia para defender los estrechos límites que tiene
el actual modelo ante las demandas y movilizaciones sociales. No es algo
que haya aparecido durante los últimos 3 años, se remonta al acuerdo
realizado entre las dos alianzas políticas para iniciar la transición a
la democracia, y ha tenido innumerables demostraciones prácticas a lo
largo de los años.
Por citar ejemplos no tan lejanos,
durante la década pasada fueron numerosos los casos de violencia
callejera que se desataron debido a la represión policial en contra de
organizaciones sociales de masas que iban levantándose de a poco a
medida que el espíritu de la transición comenzaba a diluirse. Los
comités de allegados y sin techo así como los deudores habitacionales,
destacaron en los diversos intentos de tomas de terrenos que se
realizaron. Las imágenes de marzo del 2006, con dos intentos de toma en
Peñalolen, permiten ilustrar de manera clara el ejemplo, así como las
decenas de testimonios disponibles al alero de las movilizaciones de
ANDHA Chile. Fueron cientos los pobladores que fueron golpeados y
violentamente detenidos por las fuerzas de la policía mientras luchaban
por el derecho a una vivienda digna que los distintos gobiernos les
negaban, mientras aseguraban los privilegios y las ganancias de los
empresarios de las empresas constructoras.
Las movilizaciones estudiantiles
claramente no se quedaron atrás, y desde el 2001 los secundarios
protagonizaron numerosas protestas y marchas que invariablemente
terminaban en choques con la policía. El 2006 otra vez ganan notoriedad
los estudiantes con la dura represión desatada en la Alameda durante los
paros nacionales convocados por las organizaciones secundarias, que
incluyeron esa vez golpes a periodistas y también a apoderados que
solidarizaban con las tomas y paros que se estaban desarrollando.
Al año siguiente fue el turno del
movimiento sindical, y carabineros nuevamente fueron las fuerzas de
choque del gobierno para frenar los intentos de superar los estrechos
límites del modelo. Los trabajadores del cobre y los forestales
sufrieron en carne propia lo que los estudiantes habían sufrido el año
anterior, y el país entero vio cómo Rodrigo Cisternas caía acribillado
en medio de las protestas en la huelga que el sector forestal realizaba
en demandas salariales.
Pero indudablemente ha sido en el
conflicto que el Estado chileno mantiene con algunas comunidades mapuche
en donde el carácter violento del mismo se ha manifestado de manera más
clara, y en donde a la vez, ha pasado más desapercibido para la
población en general. Los casos de abusos y violencia en contra de
menores de edad y mujeres en las comunidades han sido demostradas una y
otra vez por organismos internacionales, existen decenas de videos en
internet que muestran cómo la policía se maneja en el wallmapu
prácticamente como una fuerza de ocupación y son varios los jóvenes
mapuche que han muerto a causa de disparos de Carabineros.
Es más, las movilizaciones durante los últimos años en torno a la situación de los presos políticos mapuche –que fueron particularmente masivas el 2010 durante la gran huelga de hambre de los presos- han intentado ser una instancia de denuncia de los abusos sistemáticos por parte del Estado chileno –y los partidos políticos responsables de esos gobiernos- de los derechos humanos de los distintos sectores populares que se encuentran luchando por sus derechos. Sin embargo, la violencia no ha hecho más que consolidarse como el método por excelencia para enfrentar movilizaciones, y la muerte de Manuel Gutiérrez el 2011 lo dejó perfectamente claro.
Es más, las movilizaciones durante los últimos años en torno a la situación de los presos políticos mapuche –que fueron particularmente masivas el 2010 durante la gran huelga de hambre de los presos- han intentado ser una instancia de denuncia de los abusos sistemáticos por parte del Estado chileno –y los partidos políticos responsables de esos gobiernos- de los derechos humanos de los distintos sectores populares que se encuentran luchando por sus derechos. Sin embargo, la violencia no ha hecho más que consolidarse como el método por excelencia para enfrentar movilizaciones, y la muerte de Manuel Gutiérrez el 2011 lo dejó perfectamente claro.
Este año la golpiza a Pedro Aguilera fue
sólo un caso más de las diferentes formas que las fuerzas de seguridad
han utilizado para amedrentar a los estudiantes y a quienes se
movilizan. El amedrentamiento a dirigentes y fotógrafos, que ha incluido
paseos de estudiantes secundarios en autos durante horas para ser
abandonados en diferentes comunas de Santiago, las amenazas de ministros
a trabajadores movilizados y la huelga de hambre que mantiene Gabriel
Valenzuela son ejemplo de eso.
Ante esta situación las organizaciones
sociales tiene dos debates que tiene que dar con seriedad, profundidad y
sin prejuicios simplones. En primer lugar, es indispensable asumir el
carácter violento del Estado en su relación con las demandas populares,
como una política clara y sistemática a lo largo de los años y los
diferentes gobiernos, tomando las medidas correspondientes para proteger
a sus dirigentes y miembros de estas tácticas. En segundo lugar, es
necesario que sobre todo el movimiento estudiantil tome una decisión
clara respecto a la utilización de la violencia en sus manifestaciones
callejeras. Algunas luces se entregaban en una columna publicada en este
mismo portal hace algunas semanas, y es necesario poder profundizar de
forma clara y contundente en torno a la discusión respecto a los
métodos, herramientas y formas de movilización, sobre todo en momentos
en los que es fácil caer en simplismos.
Hechos como la persona que resultó
apuñalada en un incidente en una barricada a las afueras del
Confederación Suiza sólo provocan confusión y desprestigio para un
movimiento que el 4 de agosto del 2011 dio muestras claras de capacidad
de lucha y de fortaleza en un momento en el que la legitimidad y apoyo
eran evidentes a pesar de la represión desatada por el Estado. Al
parecer para algunos sectores políticos parece ser más importante
demostrar radicalidad en la estética de la forma –como si la toma y la
barricada significaran siempre ser más “izquierdistas” -, que el aportar
a que el movimiento estudiantil sea capaz de fortalecer sus espacios de
discusión de base, dotando de orientación a la movilización en un año
que sabemos es complicado, tanto por el tiempo transcurrido desde el
2011 como por las elecciones de noviembre.
Por otra parte, en estos tiempos en el
que los proyectos educativos se encuentran en disputa, se hace necesario
discutir y revisar cual es la formación que se entrega en las escuelas
matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ya hablaba de todos estos
temas en una columna escrita el año pasado en “Portal Epicentro” y los hechos que se han desarrollado desde ese tiempo sólo han hecho más urgente que nunca el realizar esta reflexión.
La imagen de la policía en Brasil
negándose a reprimir manifestaciones, e incluso sumándose a ellas ha
sido alabada por amplios sectores, sin embargo, esa alabanza contrasta
de manera radical con la nula reflexión respecto a la situación de las
fuerzas de orden en nuestro país, discusión que incluso muchas veces la
izquierda rechaza de plano.
Temas como la relación con la “Escuela
de las Américas” y el imperialismo, la inexistencia de una escuela de
formación única que elimine la diferencia de clase existente entre los
aspirantes a oficiales y suboficiales, la actual separación entre los
miembros de las FF.AA. y sus familias con el resto de la sociedad
–barrios y escuelas separadas- y la presencia de valores democráticos y
de Derechos Humanos en la enseñanza en las diferentes escuelas matrices,
incluso elementos tan aparentemente secundarios como el juramento que
se realiza –no a respetar la Constitución o a las autoridades civiles,
sino que “a obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis
superiores”- son importantes.
De nada sirve quedarse en la crítica
superficial si no somos capaces de dar el paso hacia el entendimiento
del profundo carácter represor que ha tenido históricamente el Estado
chileno en defensa de los privilegios de los poderosos, para luego
cuestionar el rol que la violencia y las FF.AA. y de Orden cumplen
actualmente. La lucha por la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo
no se limita a ganar una renacionalización de los recursos naturales o
al establecimiento de una educación gratuita, democrática en su
funcionamiento y con un proyecto educativo al servicio de las
necesidades populares. Un pueblo digno y soberano se construye en la
lucha, pero también en su lucha por desbaratar las herramientas de
control que poseen los poderosos.
Por Felipe Ramírez
Ex Secretario Fech 2011
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2013/06/24/71892/la-violencia-politica-de-estado-en-chile/
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