En la Unión Europea
medios y gobiernos denuncian con regularidad ataques reales o supuestos
contra la libertad de expresión, siempre que éstos tengan lugar fuera
del espacio Schengen, en el cual, se supone, la prensa es independiente y
objetiva y las autoridades respetan las libertades de decir y de
enterarse: Europa occidental es el paradigma de cómo deben ser las
relaciones entre el poder y la información. Esa idea, eurocentrista a
más no poder, es articulada en forma sistemática por organismos sí
gubernamentales (OSG, digamos, porque reciben generosos subsidios de
dinero público) dispuestos a poner el grito en el cielo por cosas tan
distintas como el asesinato de una periodista en Rusia (presuntamente
urdido desde alguna oscura oficina gubernamental) y una demanda penal
interpuesta con todas las de la ley por el presidente ecuatoriano en
contra de difamadores con patente de periodistas. También defienden a
capa y espada a consorcios mediáticos entregados a sus actuales dueños
tras despojos realizados por regímenes militares y meten las manos al
fuego por la salud moral de aparatos de propaganda electrónica golpista
como los que operan en Venezuela. Tales organizaciones tienen como
misión la denuncia de ataques a la libertad de expresión que ocurran
fuera de la Europa comunitaria. Muchas veces documentan y difunden casos
reales, y se agradece; pero ocurre también, en ocasiones, que para
cumplir con su cuota mensual de denuncias inventan sin más la historia y
convierten a la víctima de un asalto o de un marido celoso en mártir de
la libertad de expresión.
La trilogía gobiernos-medios-OSG ha conformado un discurso único que
desinforma a la opinión pública y que ha cimentado una fórmula
ideológica basada en antonimias absurdas. En el caso de América Latina,
por ejemplo, los gobernantes se dividen en dos clases: populistasy
demócratas. Los primeros buscan alternativas al modelo económico neoliberal, afectan con ello intereses de una que otra transnacional y recurren a la ley en contra de consorcios mediáticos desbocados. Los segundos –como en Colombia y México– pueden haber llegado al poder por medios desaseados y cuestionables y acaso son responsables de una violencia sin precedentes, pero no afectan los intereses trasnacionales.
Cuando las autoridades madrileñas criminalizan a un diario vasco que no ha cometido más delito que el de simpatizar con el independentismo regional, encarcelan a sus trabajadores y lo clausuran, el triángulo medios-autoridades-OSG se lanza al coro denostador de los perseguidos o, al menos, cierra la boca. Al paso de los años las instancias judiciales determinan que aquello ha sido una barbaridad y un atropello, pero ya nadie recuerda nada.
En tanto Assange documentó atrocidades del poder perpetradas en Kenia, recibió premios y reconocimientos de gobiernos y organismos de Occidente. Pero en cuanto difundió las miserias de la política exterior de Estados Unidos empezó a ser tratado como un criminal y The New York Times lo degradó de súbito de periodista a
informante. Y hasta la fecha.
Hace unos días el periodista australiano exhibió unos correos electrónicos internos del servicio secreto británico en los que se admite que las acusaciones suecas son un montaje y se reconoce implícitamente que la demanda de extradición de Londres a Estocolmo es una maniobra para entregarlo a Estados Unidos. (http://goo.gl/tGfNp).
La próxima vez que piensen en gobiernos que persiguen a los informadores no se limiten a pensar en China, Bielorrusia o Sierra Leona. Las democracias impolutas de Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos también están en la lista.
http://navegaciones.blogspot.com
Twitter: @Navegaciones
Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks
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