PIA.- El pasado lunes la Corte Constitucional (CC) de Guatemala anuló
la sentencia contra el dictador Efráin Rios Montt al desconocer parte
del proceso judicial. En la resolución se expuso que se habían efectuado
procedimientos que no se ajustaban a la constitucionalidad –tal como
había argumentado la defensa del genocida-. Con la medida se echó por
tierra la condena a 80 años de prisión contra Montt tras ser hallado
responsable de la matanza de más de 1700 asesinatos –comprobados-
contra miembros de la comunidad maya ixil en los años 1982 y 1983.
De fondo subyace una trama de impunidad que sigue vigente en
Guatemala sustentada por poderes económicos, políticos y militares que a
lo largo del proceso judicial -y luego de establecida la condena-
reprodujeron presiones y amenazas. La patronal empresaria, por ejemplo,
hizo público su rechazo al juicio y exigió la anulación de la condena.
Incluso, las complicidades sobre el genocidio alcanzan al actual
gobierno. Testimonios de las víctimas y pruebas documentales implicaron
al actual presidente Pérez Molina – ex general del Ejército- como parte
activa de las masacres a indígenas y campesinos. En consonancia con
esas acusaciones, en octubre del 2012 el mandatario fue señalado como
responsable del asesinato de indígenas a raíz de una represión policial.
El propio Ríos Montt fue miembro del Congreso de Guatemala ante lo
cual logró esconderse detrás de la inmunidad legal durante años. Recién
en el año 2012, al dejar el Poder Legislativo, pudo empezar a
investigarse de modo formal su responsabilidad en los crímenes de lesa
humanidad.
Además de los poderes económicos nacionales, entran en juego los
intereses de Estados Unidos, cuyo rol en la dictadura guatemalteca aún
debe ser investigado en profundidad. Organismos de derechos humanos
señalan que el gobierno del país del norte de América – bajo la
administración de Ronald Reagan- era cómplice del accionar de Ríos Montt
– y otros dictadores- a través de apoyo político, suministro de
dinero, armas e inteligencia.
El entramado judicial
“Anule todo lo actuado en la fase del debate a partir del 19 de abril
de 2013; quedando anulado todo lo actuado en ese proceso con
posterioridad a esa fecha, por ser que ésta en la que fue notificada el
Tribunal Primero de Mayor Riesgo A”, se expresó en la resolución de la
Corte Constitucional del lunes pasado. La decisión fue tomada en base a
un amparo presentado por la defensa de Montt luego de que el pasado 19
de abril el abogado Francisco García fuese expulsado por el tribunal.
El juicio siguió adelante en base a una decisión de la propia Corte
que resolvió la reinstalación de García, pero en la cual no se
expidieron acerca sobre la causa de la suspensión del juicio. “El
tribunal- constitucional- hizo justicia; eran demasiadas las
aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón”, dijo el
abogado García.
La defensa de Montt intentó desde un inicio detener el proceso
judicial. El 19 de marzo, García asumió su rol de abogado de Montt de
modo espontáneo en reemplazo de los representantes que actuaban hasta
ese momento. Como primera táctica, recusó a dos de los tres integrantes
del tribunal por considerarlos “parciales”, argumento que fue rechazado
por la corte que resolvió continuar con la toma de testimonios.
Con posterioridad García fue expulsado de la sala de audiencias
acusado de intentar desacreditar a los jueces, ante lo cual la defensa
solicitó amparo ante una Sala de Apelaciones, que lo concedió el 19 de
abril y ordenó suspender el juicio de manera provisional. De todos modos
el Tribunal continuó con el proceso, acción que el abogado tomó como
argumento ante la Corte Constitucional para anular parte del juicio al
considerar que no se había cumplido el amparo provisional.
La reciente resolución de la CC aceptó los recursos de la defensa
pero con opiniones divididas, tres contra dos. Tras la decisión se
escondieron presiones de poderes tales como el Comité Coordinador de
Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y de la
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) quienes
habían amenazado de modo explícito con movilizar a hombres de la
Patrulla de Autodefensa Civil.
Hacia una nueva condena
En términos judiciales, las maniobras de la defensa sólo atañen a
tecnicismos legales que buscan dilatar el proceso. De todos modos, las
opiniones acerca de la continuidad del juicio están divididas. Por un
lado, están quienes destacan que los imputados no fueron absueltos y que
no se atentó contra las actuaciones procesales y periciales que
demuestran su culpabilidad en las matanzas.
Por otro lado, desde un sector de la querella ponen en duda que pueda
continuarse el mismo proceso judicial a partir de la fecha señalada -19
de abril- dado que el Tribunal ya emitió opinión. El abogado Héctor
Reyes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) –
querellante –sostuvo que el Tribunal está vedado de seguir el juicio
contra Montt, dado que es inviable jurídicamente por haber dictado
sentencia.
Reyes repudió el fallo del máximo tribunal e indicó que presentaron
una aclaración, enmienda de procedimiento y nulidad de lo actuado, con
el objeto de revertir la resolución de la CC. Desde Caldh también
explicaron que será difícil combatir el temor y la inseguridad que se
despertó en los testigos.
Desde la defensa, la maniobra consiste en aceptar la nueva
realización de un juicio, pero exige que se cambie a los tres
magistrados del tribunal.
De todos modos, la reanudación del proceso judicial aún debe sortear
presiones y temores. El día miércoles, la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) envió a la Sala Primera de Apelaciones la resolución de la Corte
que anuló la sentencia contra Ríos Montt para que ésta le diera
cumplimiento, pero los magistrados titulares de esa instancia se
excusaron de conocer ese proceso, y la terna debió ser conformada con
suplentes.
El martes pasado sucedió lo mismo en otra Sala, pero en ese caso
incluso fracasaron en el intento de integrarse con suplentes. En ambas
oportunidades, alrededor de quince magistrados presentaron diversas
excusas para abstenerse.
Repudio a la impunidad
“Es lamentable y repudiamos este caso, y como pueblos indígenas vemos
que la justicia en Guatemala está secuestrada por el poder económico,
político y militar”, sostuvo el líder y sacerdote maya Manuel Vail. A su
vez, indígenas sobrevivientes del genocidio denunciaron que quienes
testificaron en el juicio fueron sistemáticamente amenazados por ex
paramilitares, residuos de la dictadura guaemalteca.
Desde la organización Hijos de Guatemala destacaron que en su país
sigue vigente la alianza oligárquico-militar, la cual recurrió a la
guerra psicológica, la amenaza y la manipulación para amedrentar a
quienes participaron del juicio y dividir al pueblo guatemalteco. “Al
estilo de la guerra contrainsurgente, el discurso mediático de
empresarios y militares apostó por aglutinar el pensamiento conservador,
racista, xenófobo y reaccionario, afianzado en las corporaciones de
comunicación nacionales”, sostuvieron en un comunicado.
“Como autoridades ancestrales de la región ixil consideramos que con
el fallo otorgado por la Corte Constitucional se ha debilitado el
sistema de justicia y se ha desacreditado al país ante la comunidad
internacional”, manifestó el representante de las autoridades indígenas
de Nebaj, José Miguel de León. Nebaj, Cotzal y Chajul son tres
municipios, conocidos también como el Triángulo Ixil, donde se constató
el asesinato de mil 771 indígenas a manos de fuerzas represivas durante
el régimen de Ríos Montt.
También se dieron a conocer repudios a la decisión de la CC a nivel
internacional. “El fallo es contrario a derecho y contradice también la
obligación del Estado de Guatemala de juzgar y castigar a los
responsables de los crímenes graves”, expresó el director de la Oficina
de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena.
A su vez, 150 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos
humanos presentaron una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos,
contra la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y otras
entidades, a quienes señalan como responsables de lanzar una campaña de
difamación, criminalización y amenazas.
Sentencia por genocidio
El pasado 10 de mayo, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt –
formado militarmente en Italia y Estados Unidos- , fue condenado por
los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El Tribunal
presidido por la jueza Jazmín Barrios consideró que era responsable del
asesinato de 1771 muertes en 15 matanzas por su jerarquía en la cadena
de mando dentro del Ejército, entre 1982 y 1983.
En las audiencias desarrolladas dieron su testimonio más de 70
testigos acerca de los asesinatos, violaciones y saqueos y matanzas en
las aldeas mayas llevados a cabo durante la dictadura, en base a lo cual
el tribunal había considerado que los grupos militares actuaban de modo
sistemático. Según el fallo, los planes fueron diseñados y ejecutados
con una estrategia que incluyó aviones y bombas desde el aire y que
utilizó la violación de mujeres y el hambre “como estrategia de guerra”.
El juicio abordó el primer caso en el que un ex jefe de Estado de
Guatemala es procesado por los miles de asesinatos cometidos por el
Ejército enmarcados en la figura de genocidio. La decisión de la Corte
también dejó sin efecto la absolución que favoreció al general retirado
José Rodríguez, antiguo jefe de Inteligencia Militar, quien estaba
acusado por similares delitos.
Vía:
http://www.noticiaspia.com.ar/poderes-e-impunidad-en-guatemala-anulacion-de-la-condena-por-genocidio-contra-rios-montt/
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