Los acontecimientos de las últimas semanas ponen de relieve una
crisis profunda en la educación pública en México; que se traduce en un
malestar creciente de amplios sectores de profesores de educación básica
y hace evidente el agotamiento de los viejos y caducos mecanismos de
legitimación de las políticas públicas en asuntos que tienen que ver con
la educación y la escuela como espacio de socialización de niños y
jóvenes.
El Pacto “Por México” ha evidenciado que no bastan los acuerdos
cupulares entre el gobierno y los presidentes de los tres partidos
políticos mayoritarios para darle legitimidad a las políticas públicas
implementadas en el campo de la educación en donde los profesores
reclaman su derecho –y perdonen por la herejía- un derecho elemental a
opinar sobre su materia de trabajo en un país en donde los miembros de
la sociedad tienen el sentido de la democracia más o menos claro y por
lo tanto, el gobierno democrático en esta sociedad debiera garantizarlo a
plenitud y sin cortapisas. ¿Por qué entonces se amenaza con desplantes
retóricos de intolerancia?
Hasta ahora, las declaraciones del señor Secretario de Educación
Pública; el señor Emilio Chuayffet y las de los señores legisladores no
solo no son coincidentes sino contradictorias en asuntos que tienen que
ver con debates añejos como las facultades de los tres niveles de
gobierno en materia educativa; sobre las competencias de la federación y
la de los gobiernos locales en lo que se refiere a la regionalización
de los contenidos escolares.
Esta política pretendidamente uniforme debió haber desaparecido en
1993 con la creación de la Ley General de Educación; que pretendía
establecer con claridad los tres niveles de competencia entre la
federación y los gobiernos locales, la de los gobernadores y la de los
presidentes municipales. Pues bien; conservo una edición de dicho
ordenamiento legal, pero de entonces a la fecha, han ocurrido varias
reformas que no sé en qué medida, dicha Ley sigue siendo vigente.
Desconozco también si durante este tiempo, se editaron de manera masiva
las nuevas versiones de la Ley conforme se fue modificando y reformando.
Luego vino la discusión y la simulación de debate parlamentario en
los congresos locales en la aprobación de las leyes estatales de
educación. Como resultado, tenemos la transcripción literal de la Ley
General de Educación en cada una de las leyes estatales de los estados
de la República sin que estas nuevas leyes den cuenta de las treinta y
dos realidades distintas que ya existían y que se fueron construyendo a
lo largo del siglo XX; pero que también abrieron las puertas para crear
otras y recrear nuevos modelos de “reingeniería administrativa” e
implementación de programas y contenidos de origen regional; más como
producto de la presión de grupos de interés político-religioso que del
magisterio o de las necesidades propias de los sistemas educativos
estatales. Pongo de ejemplo al estado de Puebla. Es a partir de 1993
cuando se crea el primer Programa Educativo Poblano 1993-1999;
construyéndose un sistema administrativo paralelo al formulado en la Ley
General de Educación con la creación de las Coordinaciones Regionales
de Desarrollo Educativo; figura administrativa que no se contempla, ni
siquiera en los Consejos de Participación Social; por cierto, esta
figura administrativa es letra muerta en las escuelas.
En cuanto al intento por imponer contenidos pretendidamente
regionales; no le ha sido fácil a las administraciones de entonces a la
fecha, diluyéndose en escándalos mediáticos y una oposición muy débil,
pero decidida de los maestros. Ejemplo de ello, está el fichero de apoyo
metodológico para primaria “Crecimiento y Plenitud Humana” del
Ayuntamiento de Puebla 1996-1999. ¿Qué quedó de este programa para
“educar en valores”? ¿Existen criterios para formular programas de
contenidos regionales en las entidades federativas? ¿Y la formulación de
los “niveles de conciencia” del teólogo Lonergan en los programas del
bachillerato?
¿Por qué entonces los cultísimos diputados y senadores de la
República se escandalizan de que los Congresos locales de Oaxaca y
Guerrero propongan con sus gobernadores y maestros las primeras
iniciativas de Ley Reglamentaria del recientemente reformado Artículo
3º. Constitucional?¿No debe ser en el hogar y en la escuela con sus
maestros a la cabeza donde se provoquen las primeras acciones y
sentimientos democráticos?¿No es más constructivo el sentimiento de los
gobernadores de Oaxaca y Guerrero que las fieras miradas de los
desgastados comentaristas de las televisoras que claman por la represión
policiaca contra los maestros que se sienten amenazados en su empleo?
¿Port qué las televisoras y editorialistas de los medios de
comunicación en lugar de condenar permanentemente y por sistema a los
maestros, les abren sus micrófonos y las pantallas de sus televisoras a
estos hombres y mujeres que tienen el derecho a defenderse en un país
democrático?
¿Por qué en un país democrático, los educadores deben tomar por
asalto los micrófonos de las estaciones de radio para hacer escuchar su
voz?
Dicen algunos académicos con cierta timidez y desconfianza que la
reforma educativa del actual sexenio se funda en la atención de la
escuela, que la escuela cobra especial “centralidad en el debate
académico”; pero, las acciones imponen el miedo y un nuevo y peligroso
silencio entre los educadores. ¿Cómo entender el encarcelamiento de Elba
Esther Gordillo y su sustitución en la obscuridad de las traiciones?
¿En dónde está el programa del SNTE: “En defensa de la Escuela
Pública” y sus movilizaciones de fin de semana?¿Dónde quedó la moralidad
de los dirigentes sindicales del SNTE?¿A quién representan y qué
representan en esta sociedad democrática?¿Y los educadores mexicanos se
dejarán doblegar por el miedo y el silencio cómplice?¿Todos somos
cínicos?
Dicen los soberbios líderes políticos que esta es la reforma que
resolverá los grandes problemas acumulados durante un siglo de vicios y
políticas educativas sexenales inconclusas e incumplidas, que es la
reforma “de gran calado” que requiere la República y la escuela para
modernizar al país y por eso, desde su escritorio de poder, no aceptan
los cuestionamientos de los desarrapados profesores de educación
básica; por eso y por otras razones; el señor Secretario de Educación
Pública, con el poder que le da el dinero público de los contribuyentes
pagó los servicios de un grupo de asesores para que le entregara una
relación de los 450 mejores maestros de México a los que les envió una
carta para invitarlos a opinar; dice que ya le contestaron 250.
Y cuándo estas burocracias administrativa y pedagógica de recambio
sexenal abandonen su escritorio de privilegios sin medida; ¿A quién le
reclamaremos la ineficacia de sus discursos autoritarios y amenazantes?
¿A quién haremos responsable de tanta destrucción de la educación
pública y de la planta docente construida por generaciones de educadores
por casi dos siglos?
Antes de seis años, cuando esta “Reforma de gran calado” intente
iniciar sus primeros programas, estaremos ante los preparativos de una
nueva campaña electoral en la que el tema de la educación pública se
convertirá en un producto retórico de recambio sexenal y para entonces,
si el señor Emilio Chuayffet logra sobrevivir al sexenio, es probable
que ya sea candidato a Diputado o a Senador de la República. ¿Y la
Educación Pública? ¿Y la centralidad de la Escuela Pública?
Vía:
http://apiavirtual.net/2013/04/10/malestar-social-en-las-escuelas/#more-56733
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