Guerrero, México. Detrás de la
represión salvaje contra los profesores de Guerrero, que exigen el
cumplimiento de los acuerdos tomados con el gobernador Ángel Aguirre
para la reforma educativa, existen dos procesos que son ensayos de lo
que viene para México: las imposiciones violentas de reformas pro
empresariales y la articulación de movimientos sociales para resistir al
autoritarismo.
La historia de Guerrero es la historia
de las luchas sociales y también la historia de represión al movimiento
de los copreros en la década de los sesenta; de los asesinatos de
dirigentes sociales; de la guerra sucia entre 1964 y 1974; de la lucha
por la autonomía universitaria; de la insurgencia magisterial que sigue
desde los años setenta y hasta la actualidad; de la conquista del primer
ayuntamiento de oposición en la historia política de México, en
Alcozauca; de la movilización ciudadana electoral posterior al fraude de
1988; de los desaparecidos; de la matanza de Aguas Blancas en 1995; de
la matanza en El Charco, Ayutla, en 1997; de los asesinatos de
campesinos ecologistas; de la lucha contra la presa hidroeléctrica La
Parota y contra las empresas mineras en los territorios indígenas. La de
Guerrero es la historia de la dignidad contra la represión
gubernamental. Es la historia de insurgencias libertarias, de hombres y
mujeres sencillos y humildes que luchan por justicia y democracia, por
derechos y por dejar de ser la referencia nacional de la marginación
social.
El desalojo hecho por la Policía Federal
contra los maestros guerrerenses el 5 de abril en la carretera
México-Acapulco es el resultado de la cerrazón de las autoridades para
dar solución a las demandas del pueblo y el magisterio guerrerense. La
estrategia es agotarlos, cansarlos y negar los espacios del diálogo. Se
mantiene la mano dura en la respuesta que se da a los movimientos
sociales y las necesidades de la gente. Las reuniones entre maestros y
autoridades han sido sólo una cortina y, de parte de las autoridades,
hacer como que se dialoga mientras se prepara la represión. A las
autoridades poco les importa si en el plantón y las movilizaciones hay
hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, familias completas y
ciudadanos que se solidarizan con el movimiento.
Los maestros, en su mayoría indígenas,
provenientes de la Costa Chica, la Montaña y la zona centro de la
entidad, utilizaron como un recurso para hacerse escuchar y ante el
rompimiento del diálogo con las autoridades, el bloqueo a la carretera
México-Acapulco, justo en el punto donde hace un año fueron asesinados
los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La táctica de las
autoridades, como respuesta a los movimientos sociales, es la misma para
todos: la intimidación con órdenes de aprehensión, las amenazas de
despido, descuentos salariales, levantamiento de actas administrativas a
los maestros que se mantengan en paro, el despido y renuncia obligada,
la falta de diálogo, la cerrazón e intransigencia.
Los desplegados pagados por los
empresarios convocando y justificando la represión en medios de
comunicación es una lógica beligerante por parte de los dueños del
dinero, y nuevamente confirma a la ciudadanía que la justicia sí existe
para los empresarios, amparados en el falso discurso de que se afecta al
comercio y al turismo. Este turismo y las ganancias que deja son para
los ricos, mientras se engaña a la población con simples empleos de
camareros, meseros y en la servidumbre. Los dueños del capital culpan a
los manifestantes de la decadencia del turismo, lo que en realidad es
producto no de las manifestaciones sociales, sino de la violencia que
han sembrado las mismas autoridades, el abandono a la población y la
falta de políticas públicas de desarrollo social, de equidad y justicia.
El clima de inseguridad es lo que hace que el turismo haya dejado de
tener como destino Acapulco.
Ahora se da un despliegue desmedido de
fuerzas policiacas para contener a los maestros. Los recursos son
utilizados para reprimir, en vez de invertir en educación. Los edificios
públicos, como el Palacio de Gobierno de Guerrero, el Congreso del
Estado, hoteles, calles y centros policiacos se han convertido en
cuarteles donde se encuentran policías federales, estatales y
municipales a la espera de órdenes para reprimir al pueblo. Los
constantes rondines del ejército y la marina, así como la utilización
de aparatos tecnológicos de punta, es un despliegue de fuerza para
contener a la sociedad organizada. Forma parte de una lógica de
contención, zozobra, temor e inhibición de la participación social. Las
declaraciones a la prensa del presidente de la República, el gobernador y
el secretario de gobierno es para jactarse de la tener el derecho de la
“violencia legítima” y de “hacer cumplir la ley”. Y es que la represión
ha sido constante en Guerrero como forma de dar respuesta a las
demandas sociales. En un ensayo de lo que se puede aplicar a toda
muestra de inconformidad social en distintos puntos del país.
Un nuevo frente social
La articulación del movimiento de los
maestros y otras fuerzas ciudadanas organizadas nos da otra lectura. Las
organizaciones que se sumaron al movimiento magisterial fueron los
fundadores del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, el
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un sector de la Policía
Comunitaria, el colectivo #YoSoy132 Chilpancingo, el Frente Unido de
Escuelas Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), la Policía
Ciudadana y Popular, entre otros, lo que indica un ascenso en la lucha
magisterial y la incorporación de nuevos actores en la lucha contra la
reforma educativa impulsada por el gobierno federal, asumida y acatada
por las autoridades estatales.
El tejido de alianzas se convierte poco a
poco en un movimiento popular ciudadano en rechazo a las políticas
públicas educativas y a la forma de gobernar de Ángel Aguirre Rivero,
basada en la intolerancia y el autoritarismo. También desenmascara su
actitud, ligada a las prácticas priístas, de alianza con los poderes
empresariales. El cansancio de la sociedad guerrerense no sólo es por la
reforma educativa, sino también por las alzas a los impuestos, a la
gasolina, a los servicios, a la canasta básica, por las desatenciones y
el incumplimiento de brindar seguridad a la sociedad.
Los ciudadanos organizados de Guerrero
empiezan a tejer una alianza en defensa de sus derechos y libertades con
demandas históricas.
La clase política del PRD, las autoridades y los empresarios unidos
El nuevo gobierno emanado del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) es obtuso en la construcción de
proyectos sociales. El Congreso se encuentra supeditado a lo que marca
el gobernador en turno. La mayoría de quienes se encuentran ocupando las
curules llegaron a hacerlo envueltos en situaciones de imposición
política y métodos antidemocráticos de elección, basados en la
cooptación y uso indiscriminado de recursos económicos para elegirse.
Hoy muestran su rostro de intolerancia y falta de oficio político;
responden a las iniciativas gubernamentales y aprueban reformas en
contra del pueblo. El PRD en Guerrero, como partido, ha derivado en
grupos familiares, cúpulas y en el buscar perpetuarse en el poder sin
importar la ética y los principios de servicio social. Una crisis de
identidad y amnesia histórica es la que se observa en los integrantes de
la cúpula de dicho partido, que establece alianzas con el PRI para
realizar y aprobar reformas antidemocráticas.
El sector político de la entidad, con
una mayoría en el congreso compuesta de miembros del Partido de la
revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde
Ecologista Mexicano, votaron a favor de una ley estatal de educación que
no beneficia a la población.
Unos días antes, existía un compromiso
entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de
Guerrero (CETEG) y el gobernador de la entidad consistente en la
promoción de una ley que garantizara los derechos sociales y colectivos y
la gratuidad de la educación, que el gasto de las escuelas estuviera en
manos de las autoridades y no en los padres de familia, que se creara
un Instituto Autónomo de Evaluación Educativa en el Estado de Guerrero,
que se otorgaran plazas automáticas a los egresados de las escuelas
normales públicas, entre otros compromisos. Sin embargo, el 2 de abril
los legisladores aprobaron una ley estatal que contravenía todos los
acuerdos establecidos entre el gobernador y los maestros. Este hecho
enardeció a los docentes porque no se cumplieron los protocolos
administrativos y de legislación, dado que sólo fue una comisión quien
dio lectura al documento, que muchos diputados desconocían.
Ese hecho detonó el rompimiento de las
negociaciones y el diálogo. En los días posteriores, los maestros
iniciaron una escalada en sus manifestaciones hasta llegar al 5 de abril
con el bloqueo a la carretera México-Acapulco. Los maestros resistieron
los embates salvajes de la Policía Federal. El saldo es de varios
docentes detenidos y algunos desaparecidos, algunos heridos y muchos
profesores con crisis nerviosa. Después del suceso, los docentes
entraron a un repliegue y articulación con organizaciones sociales y sus
comunidades de origen.
Lo que sucede en Guerrero es el ensayo
de lo que viene, de la represión y de la imposición de leyes en contra
de la población. No es raro en una coyuntura en que se ha golpeado a
otros movimientos sociales del país en la última década. Es una escalada
y son ensayos que se pueden aplicar en otros lugares. Empezar en
Guerrero es una pequeña muestra, pero la resistencia y la indignación
también crecen, la dignidad se mantiene y emerge.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/04/el-desalojo-a-maestros-en-guerrero-ensayo-de-la-represion-que-viene/
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