Como lo he comentado en otros artículos, para mí, las acusaciones
constitucionales constituyen la única facultad fiscalizadora de la
Cámara de Diputados vinculante y con imperio, en consecuencia, en la
monarquía presidencial chilena al perder el rey la mayoría
parlamentaria, el parlamento queda en condición de acusar a cualquier
ministro. La apariencia jurídica de los artículos de la Constitución,
son una verdadera forma de disfrazar su carácter político y sé muy bien
que en este país donde reina la hipocresía, sostener este aserto probado
por la historia, pareciera una expresión de cinismo, pero no hay tal -
debo confesar que soy partidario de la forma de gobierno
semipresidencial, por consiguiente, esta visión de la acusación
constitucional espero sirva para acercarnos a lograr esta utopía; por
ahora, en monarquía, esta institución sirve para recordar al rey que con
minoría parlamentaria, al menos no puede hacer todo lo quiere -.
Lograr los 58 votos que abrieron la puerta a la acusación
constitucional no fue fácil: fue boicoteada por los ex ministros de la
Concertación que, evidentemente, son culpables, por acción u omisión, de
haber amparado el lucro, además de los neoliberales de este
conglomerado (José Joaquín Brunner y los candidatos presidenciales
Claudio Orrego, de la DC y Andrés Velasco, independiente) como también
nada menos, que la última vocera de la Presidenta Michelle Bachelet,
Pilar Armanet quien, en la Comisión especial avaló la actuación del
ministro Harald Beyer. Hay que reconocer el mérito y la porfía de
algunos diputados, como Marco Antonio Núñez, Sergio Aguiló y muchos
otros que se mantuvieron firmes, a pesar de las presiones, incluso, en
un comienzo, del presidente del PPD, Jaime Quintana.
La defensa de la acusación, por parte de la diputada Alejandra
Sepúlveda, del Partido PRI, fue brillante por la contundencia de la
argumentación: probó que el ministro no tuvo ninguna voluntad de
investigar y fiscalizar las universidades, cuyos sostenedores lucran
atropellando la ley. En el fondo es tan evidente esta acción delictual
que hay que ser muy ciego para negarla, como hacen el ministro Beyer y
sus antecesores concertacionistas. La diputada citó muchos de los
testimonios de juristas que participaron en la Comisión que ella misma
presidió, cuyos documentos fueron enviados oportunamente al ministro
quien en esa ocasión los desestimó, alegando que carecía de facultades
para actuar. Este argumento de la defensa del ministro es falaz, pues
uno de los abogados demostró que en la misma Ley Orgánica Constitucional
de Educación (LOCE), existía un artículo – que se mantuvo en la LGE –
que autorizaba al ministro cancelar la personalidad jurídica de
cualquier corporación o fundación universitarias, por el solo hecho de
lucrar con la educación.
La defensa del ministro se parapetó bajo el argumento de que la
acusación constitucional versa sobre delitos y se emplea como última
ratio jurídica, insistiendo, erróneamente, que los ministros no tienen
facultades para fiscalizar las universidades privadas, y que este es un
rol propio de la Superintendencia; el proyecto de este organismo,
presentado por el ministro Beyer, tiene menos facultades fiscalizadoras
que la concedida al ministro, en la actualidad con la LGE. Mi
experiencia personal es que la superintendencia no sirve para regular,
en nada, al mercado: pienso que estos funcionarios, que en algunos
casos terminan trabajando en las mismas empresas que fiscalizaban,
debieran también ser sujetos de acusación constitucional, pero
desafortunadamente, no está contemplado en la actual Carta Magna.
Al comienzo de la sesión de hoy, 4 de abril, aún no se sabía cómo
votaría el diputado René Alinco que se consideraba fundamental para
aprobar la acusación constitucional, en la Cámara, y la sorpresa mayor
fue mayor fue que no sólo votó este diputado a favor de la acusación,
sino que se sumó también el Diputado Pedro Velásquez – un contumaz
deudor del fisco, que llegó a la vicepresidencia con los votos de la
derecha -. Estos dos personajes podrían pertenecer a la Picaresca
española: el lazarillo que robaba a los ciegos es un niño de pecho …-.
Me parece ridículo que los senadores tengan el carácter de juez:
sólo les falta la toga a estos fatuos personajes a la larga la acusación
constitucional se va a aprobar políticamente, destituyendo al
ministro, que si fuera un poco más hábil renunciaría para evitar el
bochorno – cosa que no hizo la ministra Provoste, mal aconsejada por sus
asesores -. Está claro que algunos senadores van a tratar de
“enchuecarse y darse vuelta la chaqueta”, pero hoy la presión
estudiantil y de los partidos está haciendo muy difícil responder a su
verdadero “ADN” neoliberal.
La aprobación de la acusación constitucional es un primer paso en una
larga batalla contra concepción de la educación como una mercancía,
transable en el mercado.
Vía:
http://www.piensachile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11140:2013-04-05-01-29-34&catid=1:opinion&Itemid=2
No hay comentarios:
Publicar un comentario