México. Ni
combate a monopolios ni inclusión de los ciudadanos; la reforma de ley
para el sector telecomunicaciones, propuesta por el poder ejecutivo,
tiene una visión neoliberal que fortalecerá a las grandes empresas del
sector.
La reforma constitucional propuesta el
11 de marzo por Enrique Peña Nieto, con el respaldo del Pacto por México
(formado por los partidos Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista), buscará
impulsar la competencia económica y el desarrollo tecnológico en el
sector estratégico de las telecomunicaciones. Si bien es cierto que la
propuesta cumple a cabalidad con el objetivo que se propone, no va a
nada más. Es una reforma que busca regular a las más importantes
empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, pero no contempla ningún
tipo de dimensión para ampliar los derechos políticos, civiles o
sociales de la ciudadanía.
Hay que decirlo con toda honestidad: la
propuesta responde netamente a los mandatos y parámetros que proponen
organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- para el sector.
Parece que pese a los desastrosos resultados que ha tenido la aplicación
de las políticas provenientes de estas instancias, que no hemos
aprendido la lección.
Por principio, la exposición de
motivos de la propuesta refiere que la reforma pretende cumplir lo
planteado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el cual sugiere que “toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión y que este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Luego de citar el artículo, al más puro estilo neoliberal se sugiere
que es mediante el establecimiento de condiciones de competencia en los
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como se dará
cumplimiento a tal exigencia. El discurso resulta sumamente tramposo,
puesto que propone que es mediante la aplicación de medidas económicas
como se resolverá un problema político que apunta hacia la
democratización de la sociedad mexicana.
La propuesta va todavía mucho más allá y
propone la reforma de los artículo sexto y séptimo constitucionales,
que -pese a sus deficiencias- están consagrados al ejercicio de la
libertad de expresión en sus dos dimensiones: el acceso a la información
pública y el derecho a ejercer la libre expresión de las ideas, ambos
preceptos básicos de cualquier sistema político que se precie de ser
democrático. Sin embargo, la propuesta de Enrique Peña Nieto pretende
transmutar estos preceptos político-sociales en preceptos económicos, al
incluir en la redacción del artículo sexto que “El Estado garantizará
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación,
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha. Hasta aquí suena bien, sin embargo, más
adelante se señala que para tales efectos, “el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos
servicios”. De nueva cuenta, el argumento es que el mercado y la
competencia económica desembocarán en la ampliación de los derechos
políticos que demanda la libertad de expresión y, en consecuencia, la
democracia en general.
Adicionalmente se propone la
desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y en su lugar
se sugiere la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así
como la ampliación de la autonomía de la Comisión Federal de
Competencia. Ambos organismos responden también a las demandas
planteadas por el neoliberalismo, en las que se sugiere que es mediante
la creación de organismos reguladores como se garantizaría la promoción
de la competencia en sectores susceptibles de la explotación económica.
En lo profundo, lo que estos organismos garantizan es la reducción del
Estado a su función reguladora y de arbitraje. De nueva cuenta, nada
tienen que ver con la ampliación de libertades civiles, políticas o
sociales.
Se ha referido también que uno de los
grandes aciertos de esta reforma es el de dejar de referirse al servicio
de las telecomunicaciones como un asunto de “interés público”, para
plantearlo ahora como un “servicio público”. Organismos como la
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) han dado una
incansable batalla para impulsar el cambio de una a otra
conceptualización, puesto que se advierte que al considerarlo como
“servicio público”, el Estado, el concesionario y el usuario adquieren
derechos y obligaciones, además de que en teoría se garantiza la
rectoría del Estado en el sector.
Por lo anterior, la AMEDI ha dado ya la
bienvenida a la iniciativa y es que, efectivamente, la iniciativa
sugiere que tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión serán
considerados “servicios públicos de interés general”, pero a
continuación advierte que es por esa razón que el Estado garantizará no
el servicio como podríamos pensar, sino que estos servicios sean
prestados en condiciones de competencia y calidad. De nueva cuenta, el
Estado que aparece aquí es justamente el Estado neoliberal, un Estado
regulador y árbitro que no se obliga ni se compromete a garantizar el
servicio a la población en general.
Hay otro asunto que es coincidente
también con los planteamientos de la AMEDI: se contempla la convergencia
tecnológica al considerar la figura de concesión única. Con ello, AMEDI
celebra que los operadores puedan ofrecer la multiplicidad de servicios
que las tecnologías y las redes les permitan. Lo que en realidad
implica esta figura es que aquellos cuya concesión estaba destinada a la
radiodifusión ahora podrán prestar otros tipo de servicios, y aquellos
cuya concesión estaba autorizada para telecomunicaciones puedan
incursionar en otros ámbitos, pero vale la pena preguntarse quién en
este país tiene la posibilidad económica para incursionar en esos otros
ámbitos. En última instancia, los beneficiados serán los mismos de
siempre. Aquellos que antes recurrían a tramposos artilugios legales en
busca de esta multiplicidad, como la fusión entre Televisa y Iusacell,
ahora lo podrán hacer legalmente y sin temor a ser sancionados.
Hay otro asunto importante que hay que
mencionar. En el artículo quinto transitorio se advierte que “a la
entrada en vigor del Decreto se permitirá la inversión extranjera
directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación
vía satélite, y hasta el cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión”.
Así, lejos de promover el desarrollo de empresas nacionales en el sector
que pudieran hacer frente a monstruos como Televisa, TvAzteca o Telmex,
la iniciativa apuesta por abrirse completamente y permitir la entrada
de capitales extranjeros. El asunto culminará en que una vez atrapados
los posibles consumidores, las empresas transnacionales comenzaran a
llevarse las ganancias de tales negocios hacia sus países de origen, tal
como ha ocurrido en otros sectores. De nueva cuenta vendrá el argumento
de la generación de empleos, sólo hay que voltear a ver a Walmart para
saber qué clase de empleos promueven las famosas empresas
transnacionales.
La apertura del sector
telecomunicaciones a la inversión extranjera trae consigo otra serie de
complicaciones, particularmente en el caso de las empresas de
telecomunicaciones estadounidenses. Éstas están obligadas a brindar la
información que poseen de sus usuarios al gobierno de los Estados
Unidos, si éste último así lo solicita, sin imprtar que tales usuarios
radiquen en un país distinto a los Estados Unidos. Así, los usuarios
quedarán expuestos aún más a las labores de inteligencia y espionaje
estadounidense, lo que ya sucede a través del uso de plataformas como la
de Google, Facebook, Twitter, entre otras.
Hay poca cosa digna de celebrarse con
respecto a esta iniciativa, que no hace más que legitimar la explotación
de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, ahora no
sólo por parte del monopolio televisivo Televisa-TvAzteca o el
correspondiente a las telecomunicaciones, Telmex, sino también por parte
de las transnacionales extranjeras, es decir, es una reforma que sólo
beneficia a las empresas. Aquella idea de que ahora sí se combatirán los
monopolios debiera ser asumida con reservas. Recordemos que ya antes,
el artículo 28 prohibía la creación de monopolios y aún así, la misma
COFECO -a la que se pretende ampliar su autonomía-, fomentó la creación
de los monstruos que ya hemos mencionado y peor aún, recientemente
aprobó la compra-venta de acciones entre Iusacell y Televisa, con lo que
de facto se autoriza la vinculación entre Televisa y TvAzteca (dado que
el dueño de ésta última y de Iusacell es el mismo). Si esto no es
fomentar la creación de monopolios, entonces ¿qué es?
Vale la pena destacar un elemento más.
La iniciativa menciona que el Estado desarrollará la infraestructura
necesaria a lo largo y ancho del país en términos de fibra negra, para
que luego los operadores puedan disponer de ella a cambio de las
correspondientes contraprestaciones. La exposición de motivos menciona
que en los últimos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha
ampliado esta infraestructura y que tal proyecto se seguiría impulsando,
pero esta vez a través de Telecomunicaciones de México. Llama la
atención que se omita mencionar que la CFE amplió tal cobertura debido a
la apropiación de la infraestructura desarrollada por la extinta
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pero más allá de ello, hay que
advertir que la CFE ya brinda servicios a operadores y que las ganancias
que obtiene por ello resultan prácticamente nulas, motivo que fue
suficiente para declarar la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro. Además, en ningún momento se contempla la posibilidad de que el
mismo Estado pueda fungir como operador, pese a que la inversión en
infraestructura sí será financiada por él.
La recepción en la opinión pública que
tuvo esta iniciativa debe despertarnos serias preocupaciones, puesto que
una multiplicidad de actores ha salido ya a darle la bienvenida. Hay
que considerar que este Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el
gobierno) no es nuevo y, como el de hace años, dará continuidad a la
avanzada del proyecto neoliberal en nuestro país. Así lo demuestra no
sólo esta iniciativa, sino también la recientemente aprobada en el
sector de la educación.
Hábilmente, los sectores de la izquierda
han quedado desdibujados y, por ende, no actúan como una verdadera
oposición. Por un lado, en el sistema de partidos, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), mediante la firma del Pacto por México,
decidió legitimar a un presidente que es producto del fraude y la
corrupción. Además de ello, ahora le aplaude reformas que sólo irán en
detrimento de la ciudadanía.
Por el otro lado, en el caso específico
de las telecomunicaciones hay que destacar el caso de la AMEDI y la
serie de intelectuales que la integran, y hay que incluir también a
personajes como Carmen Aristegui, que ya han dado también el espaldarazo
a la reforma. El argumento es que abrir el sector a la competencia es
mejor que nada; sin embargo, se pierde de vista que este tipo de modelos
no pretenden garantizar el acceso a la tecnología o ampliar el
ejercicio de la comunicación en la ciudadanía, sino simplemente desatar
una guerra por los consumidores. Insisto: “consumidores” y no “usuarios”
de medios. Al final de cuentas habrá que pagar para recibir el
servicio, cualquiera que éste sea, y si usted no tiene dinero pues ese
no es problema del Estado, porque acá la responsabilidad del Estado es
solamente garantizar la competencia.
Finalmente, en términos de libertad de
expresión, la exposición de motivos de la iniciativa advierte que ésta
“es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las
personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Para las
personas es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la
información de que disponen otros, como el derecho a difundir las
propias creencias o informaciones”. Restaría agregarle al texto lo
siguiente: “si usted puede pagarlo entonces podrá ejercer su derecho a
la libertad de expresión, de lo contrario, no será responsabilidad del
Estado”.
Así, contradictoriamente, esta reforma
parece que en última instancia pretende garantizarle la libertad de
expresión solamente a las grandes empresas de la radiodifusión, puesto
que pese a que se considera la posibilidad de que además de las
concesiones comerciales, se contemplen también las públicas, sociales y
privadas, debemos recordar que bajo el discurso neoliberal, si, por
ejemplo, las radios comunitarias y otro tipo de medios alternativos no
logran ser eficientes, estarán condenados a desaparecer porque así
funcionan las leyes del mercado. La reforma no contempla nada más allá
con respecto a la manera de impulsar otro tipo de voces diferentes a las
provenientes de la iniciativa privada y que por tanto no tienen por
objetivo el lucro, sino funciones que tienen mucho más valor para con
sus comunidades y para con la ciudadanía en general.
Dada la poca y tergiversada información
que se ha manejado con respecto a la reforma, así como a la poca crítica
que ha sido realizada al respecto, al parecer será aprobada casi sin
modificaciones. Es una lástima que pese a haber sido la juventud
mexicana quien despertó el debate, hoy esta misma juventud esté
prácticamente sin capacidad de respuesta dada la falta de entendimiento
con respecto a las limitaciones y nefastas consecuencias que derivarán
de la aprobación de esta reforma al sector telecomunicaciones.
En última instancia, como ya no debe
extrañarnos, la gran ausente en la iniciativa es la ciudadanía, la cual
solamente es utilizada para justificar la apertura de nuevos nichos de
mercado para que los ricos puedan seguir enriqueciéndose aún más.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/03/neoliberal-la-reforma-a-la-ley-de-telecomunicaciones/
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