En el estado de
Guerrero, entre 2005 y 2011 el número de homicidios aumentó 310 por
ciento. En 2012 se cometieron 55.57 homicidios dolosos por cada cien mil
habitantes, mientras la media nacional fue de 15.57, elevándose de
manera exorbitante a 71 por ciento. Las regiones más prósperas
económicamente, como la Costa Grande, Tierra Caliente, Zona Norte y
Acapulco, son las más violentas e inseguras del país, a pesar de la
aparatosa presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal,
acuerpados en el Operativo Guerrero Seguro.
A diferencia del sometimiento atroz que ejercen las bandas del crimen
organizado en las zonas turísticas, mineras y agrocomerciales, en las
regiones de La Montaña, Costa Chica y Centro han florecido formas
inéditas de autodefensa comunitaria, que enfrentan con eficacia a los
grupos delincuenciales que se han enquistado en las estructuras
gubernamentales, logrando revertir los altos índices de criminalidad.En la cabecera municipal de Huamuxtitlán, el 2 de junio de 2012, después de que la población se organizó para rescatar a 17 personas que habían sido levantadas por una banda de secuestradores, crearon un modelo de autodefensa comunitaria conformado por población mestiza que se coordina con el sistema de justicia y seguridad comunitaria, con sede en San Luis Acatlán (CRAC-PC). En Olinalá, otra cabecera municipal mestiza que también se organizó para enfrentar a los grupos delincuenciales, en lugar de conformar sus grupos de autodefensa, solicitó la presencia del Ejército y la Marina para que la milicia asumiera el control del municipio, imponiendo el toque de queda.
En Temalacacingo, el 2 de diciembre de 2012, 30 comunidades nahuas conformaron su policía ciudadana y popular, que aún no cuenta con una coordinadora de autoridades que se encargue de administrar justicia y reducar a los detenidos; sin embargo, por la vía de los hechos mantiene acuerdos de colaboración con la nueva sede de la CRAC de Ayutla de los Libres.
El 5 de enero de 2013 en Ayutla y Tecoanapa, decenas de comunidades indígenas y campesinas agrupadas en la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg) decidieron formar sus grupos de autodefensa comunitaria para enfrentar al crimen organizado. Más de 800 personas, habilitadas por sus comunidades como policías, desmantelaron en menos de una semana toda la red criminal, logrando detener a más de 54 presuntos delincuentes, que fueron remitidos a las comisarías y cárceles comunitarias. Las negociaciones cupulares emprendidas por sus líderes con las autoridades federales, echaron por la borda el intento de estos pueblos para conformar un tribunal de autoridades comunitarias, que se encargaría de juzgar a los detenidos desde sus sistemas normativos.
En los municipios de Cuautepec, Marquelia, Florencio Villarreal, San Marcos, Juchitán y Copala de la Costa Chica, así como Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez, de la Costa Grande, y Cuetzala del Progreso, de la zona norte, están creando sus grupos de autodefensa comunitaria con el apoyo de la Upoeg. En esta construcción, el pasado 10 de marzo en la comunidad de Buenavista, municipio de Tecoanapa, la asamblea de pueblos creó el sistema comunitario de seguridad y justicia, como la nueva estructura regional que coordinará a los grupos recién formados de la policía, que se regirán por un reglamento interno que están elaborando.
Más allá de las contradicciones internas que se ventilan públicamente entre las organizaciones sociales sobre las diferentes formas de autodefensa comunitaria, en Guerrero y en varios estados del país hay un desbordamiento del malestar social y un reposicionamiento político de los pueblos como sujetos colectivos que encaran a la delincuencia y al mismo estado, que es la fuente donde emana la violencia y la inseguridad. Por su parte, las autoridades federales están utilizando al Ejército para atemorizarlos y reprimirlos; han emprendido una campaña de linchamiento y aprovechan las críticas y cuestionamientos entre los mismos líderes y las autoridades comunitarias para alentar la división y la criminalización. El gobernador amenaza con imponer un decreto para destruir la CRAC-PC y cualquier otra iniciativa que promueva las autodefensas comunitarias, porque son una amenaza real al narcopoder.
* Fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Vía:
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/19/opinion/024a2pol
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