Los textos que publicamos en estas páginas son un
resumen de la separata de “Punto Final” Nº 179 (martes 13 de marzo de
1973).
La versión completa puede consultarse en www.pf-memoriahistorica.org
En PF 178 (27 de febrero de 1973) advertíamos que la elección
del 4 de marzo provocaría un reordenamiento de las fuerzas políticas.
Ese proceso ya se inició. Dentro de la llamada Confederación
Democrática (Code), o sea la coalición reaccionaria, se mantiene la
pugna principal entre los partidos Demócrata Cristiano y Nacional por
imponer su hegemonía y conducción al movimiento opositor al gobierno.
Ambos partidos no obtuvieron en la elección parlamentaria la fuerza
suficiente para definir allí mismo esa cuestión. Otros sectores
políticos de la Code, tales como la Democracia Radical, PIR y Padena,
virtualmente pasaron a mejor vida y están hoy convertidos en simples
apéndices de las fuerzas mayoritarias, PDC y PN.
Los jefes naturales de la Code, Eduardo Frei (DC) y Sergio
Onofre Jarpa (PN), han formulado planteamientos coincidentes en el
sentido de mantener en funcionamiento esa coalición que se formó en
vísperas de la elección de marzo. Frei y Jarpa ven en ese instrumento
político el medio idóneo para escalar nuevos promontorios -electorales o
de otra naturaleza- que permitan a la burguesía recuperar el control
absoluto del poder.
En el campo de la Unidad Popular, que obtuvo una excelente
votación, también ha comenzado a operar el reordenamiento de fuerzas,
impelido por el resultado electoral. Aunque en estricta verdad tal
fenómeno venía gestándose desde antes, han sido las cifras del 4 de
marzo las que han apresurado ese movimiento de reubicación y de
definición política. Al interior de la UP, en efecto, se ha venido
librando una lucha ideológica bastante fuerte entre dos sectores
principales: reformistas y revolucionarios. Esto tuvo expresiones
públicas anteriores al 4 de marzo, como el cruce de cartas entre los
secretarios generales de los partidos Comunista y Socialista. Pero no
sólo se reflejó en documentos, sino también en hechos concretos. En el
campo agrario e industrial, en el sector de la distribución y
comercialización de alimentos y en otras esferas, la pugna entre
reformistas y revolucionarios ha venido haciéndose sentir con diferentes
grados de intensidad. Cada uno de estos sectores busca también imponer
su línea al conjunto de las fuerzas populares. Sobrepasada la
coyuntura electoral, esa lucha ideológica ha retornado con mayor fuerza
al seno de los partidos.
El primer reventón se produjo en el Mapu, partido en el cual no
habían quedado bien soldadas las trizaduras que se produjeron en el
último congreso. El ala reformista -que fue derrotada en el congreso,
donde se demostró que era minoritaria- procedió a anunciar la
“expulsión” de dirigentes de la mayoría y a apoderarse a viva fuerza de
algunos locales. En vísperas de la elección parlamentaria ya era de
dominio semipúblico que el sector reformista abandonaría el Mapu por sus
discrepancias con la dirección elegida en el último congreso de ese
partido. El propio ministro de Hacienda, Fernando Flores, señaló
públicamente antes de la elección su discrepancia con la comisión
política de su partido.
En otras colectividades de la Unidad Popular es previsible un
fenómeno parecido, como es el caso del Partido Radical cuyo eclipse
acelerado era perceptible a simple vista. La elección del 4 de marzo
sólo vino a confirmar esa tendencia, que va empujando al PR fuera de la
escena política. Es del caso esperar más novedades de bulto en este
sentido, las cuales afectarán a otros partidos de Izquierda donde está
en pleno desarrollo la lucha ideológica.
Entretanto, al nivel alejado de los militantes y de las masas,
donde se elabora lo que en Chile suele llamarse “alta política”, están
en plena ebullición las conversaciones, contactos, acuerdos y consensos
que repercutirán enseguida en la vida partidaria y en el cuadro
político general. En ese sofisticado ambiente se traman ingeniosas
jugadas en el tablero del ajedrez político.
Sería un error pensar que este reordenamiento al interior de la
Izquierda se produce impulsado únicamente por una lucha ideológica que
enfrenta a revolucionarios con reformistas. En la superestructura
intervienen, adicionalmente, otros factores y elementos conflictivos,
no exentos -muchos de ellos- de personalismos, antiguas rivalidades y
fuertes ambiciones. Esto se ve, en cierto modo, alentado por la
pervivencia en el seno de la Izquierda de tendencias socialdemócratas
que hacen de la vida en el seno de la instituciones del Estado burgués,
entre ellas el Parlamento, el eje de la acción política.
En la superestructura de la Izquierda todavía tienen
considerable peso aquellos sectores que, en la actual situación, sólo
avizoran rutas que se internan en las instituciones de la democracia
burguesa. Desde el punto de vista de aquellos sectores, un acuerdo por
lo menos implícito con partidos de la oposición, particularmente con la
Democracia Cristiana, es necesario para seguir gobernando. Se busca
lograr un entendimiento que permita despachar las leyes en el Congreso
Nacional. Esto supone, desde luego, adecuar cada proyecto -y el esquema
global de gobierno- a los intereses que representa en lo político la
contraparte en el acuerdo parlamentario, robusteciendo de paso la
institucionalidad burguesa. Pero además hay un requisito previo que
cumplir en esa táctica: extirpar las llamadas tendencias
“ultraizquierdistas” que dentro de algunos partidos se pronuncian por
acentuar el proceso hacia el socialismo. En ese sentido, tal como lo
señalábamos, la primera manifestación concreta de la ofensiva lanzada
por el reformismo para despejar el camino del entendimiento con sectores
de oposición, se produjo en el Mapu. Finalmente, la táctica
conciliadora necesita transgredir el espíritu y la propia letra del
Programa de la UP. A pretexto de impedir las “transgresiones de
Izquierda”, el reformismo -desde junio del año pasado- viene cometiendo
numerosas “transgresiones de derecha”. La más importante ha sido la
iniciativa conocida como “proyecto Millas” (por el ministro y dirigente
comunista Orlando Millas, N. de PF), que plantea reducir el área de
propiedad social y entregar a la burguesía numerosas ventajas
destinadas a neutralizar la actividad opositora.
Las expulsiones de militantes, la remoción de dirigentes y la
imposición de una política derrotista y conciliadora a los partidos de
la UP que se han pronunciado por avanzar sin transacciones, no son
fáciles de implementar. Pero todavía es más difícil imponerlas a nivel
de las masas. En los Cordones Industriales, Comandos Comunales,
Consejos Campesinos, etc., organismos donde va despuntando el poder
popular, predominan las tendencias más avanzadas. Eso ha quedado otra
vez demostrado en la elección del 4 de marzo. Las comunas obreras y
campesinas, en efecto, dieron amplio respaldo a los candidatos que
interpretaban esas posiciones dentro de la Izquierda. La intervención
de factores ajenos a los propios partidos puede surtir algunos efectos,
tal como ocurrió en el Mapu donde la crisis fue planteada por el
sector vinculado a la alta burocracia. Pero es casi imposible que esa
manipulación pudiera alcanzar los mismos resultados a nivel de las
masas. Esto lleva a pensar que la aplicación de una línea reformista
integral supone necesariamente un cierto grado de represión
(cualesquiera sea las formas que revista) contra obreros, campesinos y
pobladores que insistan en no devolver ninguna empresa, en expropiar
fundos entre 40 y 80 hectáreas básicas, en ocupar terrenos baldíos o en
impulsar mayores facultades para las JAP, en implantar la “canasta
popular” y los Almacenes del Pueblo, etc. Tal perspectiva hace
virtualmente imposible para los estrategas del reformismo, salvo a
costa de arrastrar al gobierno a un grado de debilidad y aislamiento
extremo, llevar hasta las últimas consecuencias su proyecto de
entendimiento con la Democracia Cristiana.
Por otra parte, bien mirado, el proyecto reformista de
“depurar” los partidos de elementos de “ultraizquierda”, o sea de
revolucionarios, es incongruente con su pretendido objetivo de ganarse a
sectores que hoy están en la oposición, como la Democracia Cristiana.
La votación de Frei en Santiago, inferior a lo que la propia DC obtuvo
en 1965 cuando sacó tres senadores, está demostrando que ése es un
partido en declinación. El incremento de la votación de la Izquierda
comparada con la que obtuvo Allende en 1970, señala que ella proviene
de sectores sociales que antes estuvieron influidos y manejados por el
reformismo burgués. Han sido ganados para la causa del socialismo sin
necesidad de los halagos y concesiones que, en cambio, se necesitan
para llegar a acuerdos o consensos superestructurales. La directiva del
PDC manejada por Frei, que seguramente ahora aspira a ser designado
presidente del Senado, representa a la burguesía. En cambio, en la base
obrera, pobladora o campesina de la DC, la Izquierda puede conquistar
vastos sectores si aplica con claridad y energía una política de clase,
necesariamente antagónica con los agentes políticos de los empresarios
que controlan y manejan a ese partido.
El esquema reformista carece de verdadero realismo político y
tiende a cercenar las posibilidades que ofrece el proceso hacia el
socialismo. Divide a los partidos de la propia Izquierda, confunde y
desalienta a las masas, fortalece las instituciones de la democracia
burguesa dificultando la superación de la actual organización del
Estado, y coloca al gobierno al borde del empleo de la represión para
contener la lucha de masas.
Los positivos resultados para la Izquierda de la elección del 4
de marzo, no deben ser desviados hacia los acuerdos en la
superestructura parlamentaria. Debe tenerse claridad que en Chile está
en pleno desarrollo una lucha de clases que, si bien asume formas
relativamente pacíficas, contiene todos los ingredientes de una lucha a
muerte. La burguesía tiene entre sus dedos distintas fórmulas para
impedir que los trabajadores chilenos alcancen su objetivo histórico.
El golpismo o la guerra civil son sin duda proyectos que la burguesía
alienta y que no vacilará en aplicar en condiciones que juzgue
convenientes para ella. Pero también figura entre sus métodos -y quizás
es el más inteligente y sutil- crear el esquema en virtud del cual el
gobierno de la Unidad Popular se caiga solo o termine su periodo sumido
en el fracaso y el desprestigio. Hasta ahora éste parece ser el método
que apoya el imperialismo que, a su vez, avizora en esa fórmula la
posibilidad de sacar provecho internacional al fracaso del gobierno de
la UP como el presunto fracaso de una experiencia socialista.
El avanzar sin transar, como plantean algunas fuerzas
políticas, implica impedir que el reformismo moje la pólvora del
respaldo popular que mostró la elección del 4 de marzo. Esto hace
necesario, a su vez, reagrupar firme y ordenadamente a los
revolucionarios, resistiendo el embate reformista y cerrando el paso a
las conciliaciones de quienes no ven sino en el Parlamento y otras
instituciones del Estado burgués la posibilidad de llevar a cabo las
profundas transformaciones prometidas en el Programa de la UP.
Respecto a las fuerzas armadas -el factor político que no suele
mencionarse en el análisis de las perspectivas-, también se necesita
clarificar el carácter de su participación en el gobierno. Si es para
apoyar el esquema de poder concebido por el reformismo y para actuar
como factor regulador de la lucha de clases, es evidente que también
entrarán en pugna con los intereses de la clase trabajadora. En cambio,
si los soldados se convencen que su rol es apoyar una modificación
profunda de la sociedad chilena, que alcance a todos los sectores del
país, incluyendo a los propios institutos armados, es seguro que el
avance del pueblo se verá considerablemente facilitado e imperará en el
país una situación de paz y seguridad interna, producto de la firme
dirección que la clase trabajadora sabe imponer a un proceso
revolucionario.
Cuando un pueblo como el nuestro ha decidido avanzar hacia el
socialismo -tal como lo volvió a ratificar la elección del 4 de marzo-
no hay nada ni nadie que pueda cerrarle el paso en forma definitiva
Los votos en marzo del 73
La separata de PF Nº 179 analizaba los resultados de las
elecciones del 4 de marzo de 1973, que renovaron la totalidad de la
Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Recuerda que el Parlamento
que cesaba en sus funciones el 21 de mayo, al que PF calificaba de
“obstruccionista y espurio”, planteó once acusaciones constitucionales
contra ministros del gobierno popular.
Salvador Allende fue elegido el 4 de septiembre de 1970 con
36,2% de los 2.954.799 votos (la abstención fue del 16,5%). Después de
dos años y meses de difícil gobierno, la Unidad Popular avanzó al
43,39%. Esto le permitió elegir 63 diputados y 11 senadores. Aumentó en
5 su número de diputados y en 2 sus senadores. El PS (18%) tenía 7
senadores y 28 diputados. El PC (16%) quedó con 9 senadores y 25
diputados. La Code reaccionaria, que pretendía lograr los dos tercios
para destituir al presidente Allende, alcanzó el 54,70%, bajando de 93 a
87 diputados, y de 32 a 30 senadores.
La abstención fue del 18.80%. En total votaron 3.661.898
ciudadanos y ciudadanas. El Senado quedó integrado por 30 senadores de
oposición y 20 de gobierno. La Cámara de Diputados por 87 de oposición y
63 de gobierno. La DC era el principal partido opositor con 19
senadores y 50 diputados.
Vale la pena consignar que el 4 de abril de 1971 se efectuaron
elecciones municipales. La UP alcanzó el 48,6% de los votos, y la
oposición 48,2%
FF.AA. entran en escena
Lo que haga el gobierno con la fuerza que le entregaron los
resultados del 4 de marzo -señalaba PF 179-, pasa por la revisión del
papel que han cumplido las FF.AA. en el gabinete del presidente
Allende.
Los militares se han ubicado en puestos claves que les entregan
el control del aparato de comercialización y distribución, al mismo
tiempo que acrecentaron su influencia para controlar la producción.
El llamado “proyecto Millas”, como afirmó un conocido
comentarista político, está mal bautizado. Es, en realidad, un proyecto
elaborado por el equipo de generales que opera en las esferas de
gobierno, y que tiene por objeto, como se sabe, limitar a 49 las
empresas del área social, devolver más de cien industrias intervenidas,
gratificar con altas indemnizaciones a la burguesía, y en algunos
casos crear la administración “integrada” de patrones y trabajadores,
como modelo piloto para vacunar al país de la empresa socializada.
El poder militar es una realidad política que se cruza en el
camino de la radicalización del proceso. Cuando los tres generales
llegaron al gabinete, aparecieron como la salida al grave conflicto
planteado por el paro de octubre. La derecha los atacó y los militares
aparecieron como árbitros en la enconada lucha de clases, pero
“árbitros de Izquierda”. Así los pintó la prensa gobiernista y
particularmente el PC.
Con el correr de los meses, el “arbitraje” adquirió un claro tono reformista.
Luego de mencionar algunos ejemplos de la acción de los militares en el gobierno, PF 179 continúa:
A estos puntos hay que agregar la política de rectificación
gradual que imponen las FF.AA. desde el interior del gobierno. Esta
política se expresa en el nuevo proyecto de delimitación del área de
propiedad social y en la creación del Consejo Nacional de Distribución y
Comercialización, y la Secretaría Nacional del mismo nombre.
Con estos antecedentes, se comprende que las FF. AA. también
deben sopesar cuál es el sentido de la alta votación obtenida por la
UP. Porque es un factor importante -imposible de desconocer- para medir
la suerte de su propio proyecto de gobierno
Trabajadores del cobre no aceptan devolución de ninguna empresa
PF 173 incluía una entrevista del escritor y periodista
Patricio Manns al presidente de la Confederación de Trabajadores del
Cobre, el socialista Bernardo Vargas Fernández. A esa conversación -que
ocupó tres páginas de la revista- corresponde el siguiente texto:
PF.- ¿Cuál es la posición de la CTC en torno al debate que
originó el “proyecto Millas” para delimitar y fijar las características
del área social, y particularmente, frente a los debates suscitados
antes y durante la gestación de los Cordones Industriales? Y, ¿cuál es
la posición de la CTC sobre la política de negociación y devolución de
determinadas empresas o industrias que impulsan ciertos sectores dentro
del gobierno?
“La CTC, su consejo directivo nacional, ha estado analizando el
proyecto enviado por el compañero Orlando Millas y nosotros en esto
tenemos que ser muy claros: compartimos el criterio del gobierno y de
los mandatarios, los ministros de este gobierno, en los puntos
fundamentales, cual es, por vía de ejemplo, el cambio de una sociedad
capitalista y burguesa por una sociedad socialista. Pero también
nosotros tenemos nuestra propia autonomía y nuestra propia posición, y
lo hemos planteado en forma muy clara en base al proyecto que fija las
áreas de la economía; nosotros discrepamos del gobierno
terminantemente, y lo que es más, le hemos planteado los trabajadores,
como consejo directivo nacional de la Confederación, a los compañeros
de Perlak y de todas las 121 empresas que se pretende negociar, que
cuenten con nuestro apoyo no tan sólo romántico, no tan sólo solidario
en palabrerías, sino un apoyo de hechos concretos. Nosotros creemos,
con los compañeros que están en las industrias intervenidas porque no
quisieron seguir produciendo durante el paro patronal del mes de
octubre, que deben pasar a manos de los trabajadores y que no se debe
devolver una sola empresa.
Estos compañeros, durante la crisis de octubre, se situaron en
una posición que fue digna de destacar y de reconocer: a no mediar la
actitud de los compañeros de los Cordones Industriales, era muy posible
que los patrones hubiesen ganado la batalla, que se hubiese logrado
hambrear a la población, que era lo que quería la derecha, para tirar
al pueblo contra el gobierno. Y estos compañeros se jugaron la vida con
lealtad por este proceso que vive el país. Y hoy el compañero
presidente de la República y el señor ministro Millas consideran que se
debe entrar a discutir estas empresas.
Nosotros no lo aceptamos y les entregamos todo el apoyo a esos
trabajadores asegurándoles que pueden contar, desde el momento que lo
estimen conveniente, con nuestro aporte del orden que sea y hasta las
últimas consecuencias; puesto que compartimos el criterio de estos
compañeros de que no debe devolverse una sola empresa más, que esto no
es para echarse atrás. Aquí no se puede pensar en que vamos a detener
el proceso para consolidar lo avanzado. En la medida en que logremos
seguir avanzando en el proceso, lograremos profundizar la cohesión y la
radicalización de las fuerzas de la Izquierda. Si en estos momentos se
está planteando el devolver alguna de estas empresas o discutir su
situación, significa que el compañero presidente de la República y el
ministro Millas han perdido la confianza en el pueblo. Estimamos esto
como una grave equivocación de su parte, como un profundo error, porque
nosotros no hemos perdido todavía la confianza en ellos y consideramos
que tienen la obligación de rectificar esta línea”.
PATRICIO MANNS
En Potrerillos
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 776, 8 de marzo, 2013)
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