El nuevo Golpe de Estado
perpetrado en la madrugada del 12 de diciembre en Honduras, cuando el
Congreso Nacional procedió a destituir cuatro magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, saca a flote una vez más la dictadura que se vive
en el país a partir del 28 de junio del 2009. La ultraderecha hondureña
nos viene brindado en los últimos tres años una lección una de sus
prácticas de ‘canibalismo’.
El escenario local es macabro: Honduras
es considerado el país mas violento del mundo con 92 asesinatos por cada
cien mil habitantes, al mismo tiempo es el país mas afectado por el
cambio climático entre 1991 al 2010, y para colmo de males es el mas
pobre del continente. Mientras tanto, la élite de poder se dedica a la
destrucción de la endeble democracia para mantener sus privilegios a
toda costa.
Como anticipo a la acción tomada por el
Congreso en su mayoría de afiliación nacionalista, el actual
“mandatario” Pepe Lobo denunció un supuesto Golpe de Estado fraguado por
Jorge Canahuati Larach, propietario de varios medios de comunicación y
miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la que hace poco
le confirió una mención honorífica por la categoría de “Derechos
Humanos y servicio a la comunidad”.
Tanto Canahuati Larach, como Pepe Lobo y
la ilustre caterva de diputados que demolieron la sala de lo
Constitucional, estuvieron implicados en el Golpe de Estado del año
2009. Por supuesto que la Corte Suprema participó de lleno en la
defenestración de la democracia en el año 2009, que fue rotulada por la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como “Sucesión
Constitucional”.
De las Ciudades Modelo a la aplicación del polígrafo
La Sala de los Constitucional pasó a ser
cuestionada, al igual que el resto de la Corte Suprema, por los poderes
Ejecutivo y Legislativo, al dictaminar inconstitucional la Ley de
Regiones Especiales de Desarrollo (RED), alias Ciudades Modelos,
proyecto de corte neocolonial, que pretendió subastar franjas del
territorio hondureño a inversionistas estadounidenses reconocidos como
libertarios de ultraderecha. Entre otras las RED incluía una
tercerización de la aplicación de justicia dentro de las ciudades
modelo, las que utilizarían a a la isla de Mauricio y finalmente a la
Corte Británica para las apelaciones.
La furiosa reacción ante el dictamen de
la Corte Suprema sobre las RED, por parte de Pepe Lobo y su delfín Juan
Orlando Hernandez, Presidente del Congreso Nacional y candidato ungido
como futuro presidente de Honduras, demostró que la independencia de
poderes en Honduras se encuentra en tela de juicio.
La situación se agravó aun más, cuando
la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de
Depuración de la Policía, la que incluye pruebas psicométricas,
socioeconómica, toxicológica y del polígrafo, siendo este último
cuestionado método que vulnera tanto las leyes nacionales, como tratados
internacionales de derechos humanos.
El colapso de la Policía Nacional, ante
su corrupción absoluta y asociación con el crimen organizado, tiene en
vilo al país, que vive bajo la férula de los organismos de seguridad,
implicados en múltiples asesinatos y ventas de arsenales. La supuesta
depuración de la policía iniciada aproximadamente hace un año no ha
generado efectos contundentes, agravándose la situación por la
suspensión de la ayuda a ese organismo por parte de los Estados Unidos,
tras los señalamientos que existen sobre Juan Carlos Bonilla, actual
director de esa institución, señalado por haber participado en los
escuadrones de la muerte entre 1998 y el 2002.
Al pronunciarse la Sala de lo
Constitucional por cuatro votos en contra de uno, sobre la
inconstitucionalidad de la Ley de Depuración de la Policía, se repitió
el mismo episodio de la Ley RED, donde el magistrado Oscar Chinchilla
tomó partido por las leyes emitidas por el Poder Legislativo. A pesar
que Chinchilla señaló como violación a los derechos fundamentales la
utilización del polígrafo, no se plegó al fallo de inconstitucionalidad
emitido por la mayoría de la Sala. Ante la ausencia de una votación
unánime al respecto, el pleno de la Corte Suprema sería el encargado del
dictamen final. Horas antes que se reuniera La Corte para definir sobre
el el Recurso de inconstitucionalidad, el Congreso Nacional remueve a
los magistrados que fallaron en contra de la Ley de Depuración.
Del fraude electoral al recurso interpuesto para el conteo de los votos.
El pasado 18 de noviembre se efectuaron
las elecciones primarias en Honduras, para escoger los candidatos a la
presidencia, congreso y alcaldías. Como es de conocimiento publico se
dio un fraude vergonzoso, especialmente entre el Partido Nacional, el
que actualmente se encuentra en el poder, y posee una mayoría absoluta
en el Congreso Nacional.
Los dos candidatos de ultraderecha
postulados por las cúpulas del Partido Nacional aducen haber logrado la
mayoría de votos. Finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró
como ganador a Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso
Nacional , a pesar de los señalamientos del supuesto perdedor, Ricardo
Alvarez, el cual en un inicio llevaba la delantera en el conteo y tras
una “caída del sistema” , quedó rezagado.
La misma historia de fraude se repitió
en el otro partido tradicional que concurrió a elecciones, los liberales
ungieron a Mauricio Villeda Bermúdez, manifiesto admirador del
colombiano Alvaro Uribe y uno de los integrantes del gobierno de facto
manejado por el dictador Roberto Micheletti. El TSE señaló que los
partidos políticos se encargaron deinflar los votos en las mesas,
mientras Ricardo Alvarez indicó la presencia y amenazas de miembros del
crimen organizado en las mesas electorales.
Las condiciones políticas en que se
efectuaron las elecciones primarias en el país, sirvieron como el
perfecto caldo de cultivo para un fraude electoral, y así mantener la
pandilla de golpistas que se encuentran incrustados en el poder. El tan
famoso Acuerdo de Cartagena, al final de cuentas no garantizó ninguna
transparencia en las elecciones y mucho menos fortaleció a los derechos
humanos del pueblo hondureño, el que se encuentra sometido a la
violencia por un régimen feudal.
La defenestración de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema, esta asociada no solamente al
rechazo de la misma a la Ley RED y la Ley de Depuración de la Policía,
sino que es una estrategia para frenar de antemano el recurso presentado
por Ricardo Alvarez para un conteo de los votos, ante el evidente
fraude cometido.
Por supuesto que el pugilato actual es
entre grupos de poder asociados a la ultraderecha, pero no deja de ser
un fraude electoral, el cual es evidente que se repetirá el próximo año
en las elecciones presidenciales. En Honduras la supuesta democracia
liberal burguesa que existe en el país no es más que una máscara de la
dictadura de grupúsculos financieros, muchos de ellos asociados con el
crimen organizado y protegidos por el imperio, el cual se destaca por
otorgar su beneplácito a aquellos que preconizan el status quo.
El golpe del legislativo al Judicial,
está abiertamente asociado con el reciente fraude electoral y el freno a
la jugosa subasta de Honduras bajo el marco de las ciudades modelo, que
de pasó ya indicó el Lobo se implementarán sino en este gobierno, en el
próximo.
Publicado en OtrAmerica
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2012/12/20/61931/honduras-el-golpe-de-estado-permanente/
http://www.elciudadano.cl/2012/12/20/61931/honduras-el-golpe-de-estado-permanente/
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