El Sistema Nacional de
Inteligencia del Estado chileno cuenta con, a lo menos, seis órganos
dedicados a esas funciones. En las Fuerzas Armadas operan, formalmente,
las Direcciones de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor. En Carabineros
funciona la Dirección de Inteligencia y en la Policía de Investigaciones
(PDI) la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial.
En todos esos estamentos, y con mayor
probabilidad en las Fuerzas Armadas, se incluyen laborales de
Contrainteligencia que tienen que ver con materias nacionales o internas
de las propias instituciones.
El otro organismo, que podría
considerarse del ámbito civil estatal, es la Agencia Nacional de
Inteligencia (ANI), creada en 2004 por Ley 19.974, que depende del
Ministerio del Interior y del Presidente de la República y que debería
ser el ente rector en estas materias pero que, de acuerdo a
informaciones de prensa, atraviesa por una situación difícil, de
debilidades en sus funciones y cuestionamientos a su Director al que,
por cierto, la prensa conservadora le ha dedicado varios notas sobre su
perfil personal, en una línea que se acerca más a cuestiones de imagen
mediática que a las delicadas funciones que ejerce.
El Sistema Nacional de Inteligencia del
Estado (SNIE) tiene como propósito global generar los insumos de
Inteligencia, Información, Contrainteligencia, archivos, documentación,
análisis, etc, que permitan al Estado contar con los elementos
necesarios en materia de Defensa (amenazas externas, de otros países,
principalmente vecinos) y de Seguridad Interna (crimen organizado,
narcotráfico, etc.).
Aunque en los últimos años, sobre todo
después del cambio de política de Defensa y Seguridad de Estados Unidos
en 2011 con los ataques aéreos en su territorio, en Chile la
Inteligencia estatal incorporó conceptos, análisis y acciones en cuanto
al “combate al terrorismo” que incluye labores internas y centradas en
organizaciones sociales y políticas nativas.
Las áreas de Inteligencia en las FF.AA.
están a cargo de Generales o Comodoros del alto mando, muchos de ellos
instruidos en escuelas militares estadounidenses. En Carabineros y la
PDI a cargo de funcionarios del alto mando. Los presupuestos son
millonarios, aunque no precisados, salvo el de la ANI, que sería de 4
mil millones de pesos anuales.
Cientos de uniformados, funcionarios
civiles, informáticos, secretarias y analistas trabajan en los diversos
organismos de Inteligencia cuyas laborales y resultados son secretos.
No está del todo claro si efectúan
labores operativas -se supone que la ANI no puede hacerlo- pero en el
mundo del espionaje se sabe que siempre se implementan “misiones
encubiertas”, existen los “agentes secretos”, las “operaciones de
exterminio o limpieza”, las “intercepciones telefónicas”, la penetración
en áreas informáticas, las “operaciones ilegales”, a lo que se agrega
la utilización de “informantes” pagados o voluntarios, robo de
información, trasvasije de datos y reclutamiento de agentes
colaboradores de ámbitos académicos, políticos, diplomáticos, etc.
En la literatura del espionaje -ficción y
testimonial-, así como en informes surgidos de investigaciones
legislativas -los estadounidenses son maestros en esta materia- está
claro hace rato que “el lado oscuro de la luna” es inherente a cualquier
buen trabajo de Inteligencia y Contrainteligencia, de lo cual los
organismos chilenos no estarían excluidos.
En Chile, ya existiendo la democracia
formal, se supo de operaciones de espionaje desarrolladas por estamentos
del Ejército y de las policías, en ocasiones con acusaciones y
cuestionamientos de su legalidad y respeto a las leyes.
En una de ellas estuvieron involucrados el actual Presidente, Sebastián Piñera, y su Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.
No se sabe a ciencia cierta si en las
instituciones militares y policiales chilenas, como ocurre por ejemplo
en Estados Unidos, existen equipos de Inteligencia donde participen
profesionales como psicólogos, antropólogos, sociólogos, cientistas
políticos que contribuyan a la elaboración de tácticas, estrategias,
planes y políticas de Inteligencia, Contrainteligencia,
contrainsurgencia y seguridad.
Lo que sí se sabe es que tanto las
Fuerzas Armadas como Carabineros y la PDI captan y contratan
profesionales y técnicos civiles que inclusive llegan a tener grados
institucionales y un vínculo formal con las instituciones respectivas.
Esto forma parte de campañas publicitarias de captación de profesionales
que vienen del mundo civil.
Existen, también, coordinaciones de las
Direcciones de Inteligencia del Ejército, Armada y FACH, de Carabineros y
PDI con estamentos internacionales como la Interpol, la Central de
Inteligencia Americana, FBI, Guardia Civil española, Red Informativa de
Inteligencia “SurNet”, y otros organismos de seguridad.
Los nexos de estudio y análisis son
permanentes. Hace poco se publicitó en la página Web de la ANEPE
(Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio
de Defensa de Chile), sin entrar en detalles de información, que el
“martes 13 de noviembre se clausuró el seminario de Inteligencia
‘Tendencias y Análisis en tiempos de Globalización’, organizado por la
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y la National
Intelligence University de los Estados Unidos. Dicho taller tuvo como
objetivo revisar y analizar el impacto de la globalización en el trabajo
de Inteligencia, desde una perspectiva nacional e internacional”.
En esa actividad participaron los
expertos Russell G. Swenson, Joseph S. Gordon, Gerald Sherrill y Steven
Carey, todos ellos de la National Intelligence University. El reporte
indicó que “a este encuentro asistieron académicos y autoridades, como
también estudiantes, investigadores y especialistas en esta materia”.
Más interesante fue la información de la
ANEPE del martes 20 de noviembre (2012) bajo el título “Conferencia
sobre el Sistema de Inteligencia del Estado de Chile, la producción de
inteligencia estratégica”. La breve nota indicó que “el Centro de
Estudios Estratégicos de la ANEPE, desarrolló un nuevo Taller de
Análisis de Coyuntura, el cual fue presentado por el General de División
Andrés Avendaño Rojas, el tema tratado se título: ‘El Sistema de
Inteligencia del Estado de Chile, la producción de inteligencia
estratégica y otros asuntos relacionados’. La conferencia contó con la
participación de integrantes de la Subsecretaría de Defensa, Centros de
Estudio de las Fuerzas Armadas, profesores de la Academia de Guerra del
Ejército, profesores del Centro de Estudios Militares y docentes de este
Instituto”.
De acuerdo a reportes de prensa y
declaraciones de organizaciones sociales, estamentos de Inteligencia de
países como Estados Unidos, Colombia, España e Israel habrían
participado en análisis y labores en territorio chileno, produciéndose
casos como los de un ex embajador y un ex agregado militar de Colombia
en Chile, que dieron clases a militares, legisladores y académicos
chilenos sobre la Política de Seguridad Democrática y poco tiempo
después ambos fueron procesados y condenados en Colombia por crímenes de
lesa humanidad y violación de derechos humanos.
ENTIDADES DE VIEJA DATA
En el Ejército, junto a la Dirección de
Inteligencia (DINE o DIE) funciona el Regimiento de Inteligencia
“Soberanía”. Esta instancia cumplió el 2011 cien años de existencia.
Existe una Escuela de Inteligencia cuya lema -escrito en latín- es “Alea
Iacta est” (La Suerte Está Echada…) que tiene como objetivo
“seleccionar a los futuros especialistas en Inteligencia Militar, ya que
ocuparán áreas de desempeño como asesor en el área de Inteligencia,
auxiliar de inteligencia y comandante de patrulla de una unidad de
exploración, conforme a las tareas determinadas en su función
profesional”.
Antes existió el Batallón de
Inteligencia del Ejército (BIE) que se tuvo que disolver por casos de
violaciones a los derechos humanos y operaciones ilegales.
En el caso de la Armada, la información
oficial habla de la creación del Servicio de Inteligencia en 1965,
llamado entonces Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General
de la Armada. En 1968, pasó a llamarse Servicio de Inteligencia Naval.
En 1986, adquiere el nombre de Dirección de Inteligencia de la Armada
(DIRINTA). De acuerdo a la información pública, es una entidad
conformada sólo por personal uniformado, tanto en servicio activo como
en retiro. Llama la atención las funciones que podrían cumplir elementos
“en retiro” ya que, en rigor, ya están en “la vida civil”. La labor de
Inteligencia de la Armada se efectúa en todo el territorio nacional y en
las unidades de la Flota de Guerra.
En la FACH existe hace décadas la
Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), creada formalmente
1976. También opera en todo el país y al interior de la institución, y
cuenta con oficiales especializados aunque, según se sabe, no hay una
escuela destinada específicamente a formar personal en esta
especialidad.
Todos estos estamentos deberían dedicar o
centrar su labor en Defensa y en relación a objetivos del exterior, es
decir, tareas destinadas a la protección del país, conocimiento de
información de fuerzas exteriores, planes de otras naciones, etc. Pero
existe la incertidumbre, por el historial represivo y operativo
detectado en años recientes, respecto a si la Inteligencia de las ramas
de las FF.AA. efectúa también una labor encubierta al interior del país y
sobre todo en cuanto a organizaciones sociales antisistémicas,
indígenas y de izquierda.
TERRORISMO, CONTRAINSURGENCIA
Todos los estamentos de Inteligencia y
Seguridad de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI desarrollaron
-aunque ocuparan otras denominaciones institucionales- labores de
contención, información y represión contra ciudadanas y ciudadanos a lo
menos entre los años 1973 y 1990. En procesos judiciales aparecen
involucrados en crímenes, delitos y violaciones de derechos humanos
elementos de la DINE, SIFA, Inteligencia de la Armada, DICOMCAR e
Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Todas esas dependencias
aportaron personal para la policía secreta e ilegal de la dictadura, la
DINA y la CNI.
Su usaron “agentes del Estado” y
organismos de seguridad de las FF.AA. y estatales para reprimir a
ciudadanos a través de torturas, detenciones ilegales, desaparición
forzada, fusilamientos extrajudiciales, ejecuciones, etc. Eso incluyó el
uso de cuarteles y bienes de propiedad de las instituciones militares y
policiales, dependientes del Fisco. Los cientos de miembros de las
FF.AA. y policiales acusados, procesados, condenados e incluso
absueltos, recibían sueldos del Estado, muchos de ellos provenientes de
presupuestos de organismos de Inteligencia.
Doctrinariamente, en el ámbito militar y
policial, hace casi medio Siglo con más énfasis, se instalaron tesis
anticomunistas, de contrainsurgencia y Seguridad Nacional,
antisubversivas, generando un marco teórico para el combate de
organizaciones de izquierda, antisistémicas, insurgentes, comunidades y
organizaciones indígenas, trabajadores, okupas, “grupos anarquistas”,
etc.
Desde el año 2011, producto del ataque a
centros de poder económico, militar y político en Estados Unidos, con
la doctrina Bush, la gran mayoría de las naciones Latinoamericanas,
incluida Chile, aceptaron incorporar en sus conceptos y labores “la
lucha contra el terrorismo”, “lucha contra el narcoterrorismo”, “combate
a las guerrillas”, lo que generó un cambio en las modalidades de las
labores de Inteligencia y Contrainteligencia -acentuándolas e inclusive
colocando sus acciones fuera de la legalidad nativa y mundial- y en la
mirada que se tiene desde las FF.AA., policiales y gubernamentales sobre
esta materia.
De perseguir a grupos como Al Qaeda o
unidades terroristas religiosas o ultranacionalistas, se pasó a instalar
como enemigos a organizaciones indígenas y juveniles, partidos de
izquierda, movimientos insurgentes, periodistas y defensores de derechos
humanos, okupas, grupos anarquistas y antisistémicos, a quienes se
llega a catalogar de “terroristas” o se les acusa de “tener vínculos con
terroristas”.
Si en dictadura la denominación
convertida en lugar común era “extremistas” o “subversivos”, en
democracia formal el concepto impuesto es “terrorista”, “anarquista”,
“encapuchado”.
Textos confidenciales hablan de
“elementos perturbadores del orden público y de la seguridad pública” y
documentación oficial pública ubica como factores de riesgo para las
FF.AA., policiales y la ANI a mapuches, anarcos, okupas, estudiantes
antisistémicos, partidos de izquierda, medios de prensa de izquierda o
alternativos, etc.
Cuando fue Ministra de Justicia, la
actual senadora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, definió toda
esta labor desde una mirada civil de sectores conservadores: “El
terrorismo se combate con Inteligencia, con capacidad de detección para
evitar que se cometan los actos y cuando éstos se cometen hay que llevar
eso a los Tribunales. La tarea principal de un Estado -apuntó Alvear-
es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y evitar la comisión de
actos terroristas”.
Quien representa el basamento teórico y
político de toda esta línea es el ex Ministro del Interior y actual
Ministro de Defensa, el ultraconservador abogado Rodrigo Hinzpeter,
quien impulsa la tesis de que la Seguridad “es la política de las
políticas” y fue autor de un proyecto de ley -todavía impulsado por el
gobierno y que estará en discusión en el Parlamento- que endurece las
penas carcelarias para manifestantes sociales y participantes en
protestas y huelgas.
Un paso importante en esto, y que incide
en la labor de las entidades de Inteligencia, fue el plan diseñado bajo
la gestión del ex Ministro de Defensa, Andrés Allamand, denominado
Primera Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, cuya justificación
sintetizada la dio el Presidente Sebastián Piñera cuando señaló que “el
contexto global de la seguridad de todos los países ha cambiado; hoy
trasciende el ámbito tradicional de la Defensa, que es el resguardo de
la soberanía, el territorio y el mar de nuestro país; conforme al
surgimiento de nuevas amenazas es que se amplía y se extiende hacia
temas que no eran parte tradicional de lo que se entendía por el
concepto de Defensa y, entre estas nuevas amenazas cabe destacar el
tráfico de armas, el tráfico de drogas, el crimen organizado, la
piratería y muchas más”.
Esto está ligado a que, entre otras
cosas, las labores de Inteligencia y Contrainteligencia de las FF.AA.
puede comenzar a incluir objetivos nacionales, internos del país, la
persecución de ciudadanos por parte de los militares, formando parte
entonces las FF.AA. de la labor de seguridad pública interna.
Otro paso dado por el Ministerio de
Defensa se produjo con el proyecto diseñado e impulsado por el ex
comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, actualmente
Subsecretario de Defensa, destinado a generar el Plan de Alerta
Temprana, que estaría por encima de la ANI y otros estamentos, dando
atribuciones mayores y más sensibles a Defensa en materia de
Inteligencia.
Todo apunta a que, de improviso sin que
los ciudadanos estén realmente enterados y los legisladores y partidos
políticos lo dejan pasar de lado, los estamentos de Inteligencia del
país junto con cumplir labores relacionadas con Defensa, asuman también
áreas internas que tienen que ver esencialmente con movimientos sociales
y ciudadanos. Aunque es un tema que está en debate y análisis, incluido
el Parlamento.
Hugo Guzmán
Reporte – El CiudadanoVía:
http://www.elciudadano.cl/2012/12/18/61792/la-red-de-organismos-de-inteligencia-en-chile/
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