Chile: Sombras de impunidad....Arnaldo Pérez Guerra

SANTIAGO (apro).- Días antes de la conmemoración del 11 de septiembre, el gobierno debió explicar por qué Gendarmería había otorgado “beneficios” carcelarios a dos de los condenados a cadena perpetua en el “caso Degollados”.
Según el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, “es una decisión técnica y hay que respetar la institucionalidad”.
El hecho fue calificado como un escándalo por agrupaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y dirigentes políticos.
Los “beneficiados” son el coronel en retiro Guillermo González Betancourt y el sargento retirado José Fuentes, exmiembros de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), condenados por el ministro Milton Juica, en 1992 por los asesinatos de tres profesionistas de filiación comunista: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, además de los secuestros de otras seis personas.
El expediente acreditó que entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de marzo de 1985, los tres profesionistas fueron secuestrados y subidos a un Chevrolet Opala manejado por el cabo Claudio Salazar, donde iban también el cabo primero Alejandro Sáez y el sargento segundo José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, era conducido por el coronel González Betancourt, y le acompañaban el civil Miguel Estay, alias el Fanta –exagente del Comando Conjunto– y el capitán Patricio Zamora. Todos eran de la Dicomcar.
En Quilicura, cerca del aeropuerto de Santiago, se estacionaron en el acotamiento del camino. Guerrero fue bajado primero, vendado, esposado y de rodillas. El sargento Fuentes lo degolló con un corvo (cuchillo curvado). Con la misma arma, el cabo Sáez degolló a Nattino. Unos metros más allá, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio una punzada en el abdomen a Parada. Otro agente bajó del vehículo y lo degolló. Tras retirarles las vendas y esposas, los asesinos se trasladaron a su cuartel en calle 18, en pleno centro de Santiago.
América Guerrero recuerda el asesinato de su padre: “Escuché llantos en el living, como niña de ocho años no podía sacar mucha información. Entró mi mamá, abrazándome me dio la noticia de que a mi papá lo habían asesinado. Supe que era terrible lo que esta estaba sucediendo y que ya no había vuelta atrás”, dice.
El Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas, agrega: “Fue uno de los hechos terroristas más severos de la dictadura, un acto repugnante, un homicidio de tres militantes comunistas, que fueron detenidos, torturados y degollados brutalmente, en el ánimo de no sólo eliminarlos sino causar terror”.
Las estaciones de radio Cooperativa y Chilena informaban lo que la dictadura insistía en negar. El secuestro causó profunda conmoción. En el Instituto Médico Legal, familiares y amigos esperaban la confirmación de sus identidades.
Estela Ortiz, esposa de José Manuel, testimonió en directo, al borde del llanto: “Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, Juan José que tiene 6 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien cada uno de ellos que van a pagar cada uno estos crímenes, no les quepa duda… Hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos! ¡Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo! ¡Hasta cuándo permitimos tanta, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país! ¡Hasta cuándo! ¡Chileno, compañero, compatriota, por favor, levántate, no aguantes que nos sigan matando a nuestra gente! ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”
El general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar, César Mendoza, insistió que su institución no era culpable. Incluso dijo “es una purga entre comunistas”. Pero el juez José Cánovas, a los pocos días, encargó reos y sometió a proceso a los pilotos del helicóptero policial que sobrevoló el colegio donde Parada y Guerrero fueron secuestrados, y dictó arraigo para 12 funcionarios policiales, entre ellos el coronel Luis Fontaine, jefe de Dicomcar.
Pinochet citó una reunión de urgencia en La Moneda. Se dirigió a Mendoza y le dijo: “Bueno, César, dime qué hago ahora. Antes dije que Carabineros no tenía nada que ver. Y mira cómo estamos.”
Posteriormente, la Junta le diría a Mendoza que si no podía demostrar la inocencia de Carabineros, debía renunciar. El 2 de agosto, Mendoza renunció “porque se me antojó, no más… Se está desgranando el choclo”, dijo.
Juica –que remplazó al juez Cánovas– sentenció por secuestro, homicidio y asociación ilícita terrorista a todos los miembros del comando. Y propuso procesar por incumplimiento de deberes militares y entorpecer la justicia a varios generales. El único en funciones, Rodolfo Stange, era entonces director de Carabineros. A mediados de 1994, se reveló una grabación en la que Stange instaba a los procesados a “no colaborar con la justicia”. El entonces presidente Eduardo Frei no tenía facultades para removerlo y pasó voluntariamente a retiro en 1995.
Según testimonios judiciales, después de cometido el crimen, el coronel Fontaine –acribillado luego por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1990— planeaba coartadas para frustrar la acción de la justicia. En las reuniones participaba el entonces teniente de Carabineros, Iván Andrusco, y todos los procesados por Juica. Andrusco fue designado por Piñera como jefe de Gendarmería, aunque sólo duró 19 días en el cargo y renunció por el escándalo. Muchos piensan que su designación pretendía conseguir beneficios para sus excamaradas.
Owana Madera, viuda de Guerrero, dice en entrevista con Apro: “Sabíamos que tarde o temprano esto sucedería, sus asesinos comenzarían a recibir beneficios carcelarios y a gozar de ‘libertad’. Son tantos los violadores de los derechos humanos que gozan de impunidad. Ahora se suman éstos. Es una más de las consecuencia de la ‘democracia pactada’, de la ‘justicia en la medida de lo posible’. De la falta de compromiso, de voluntad y valentía de los gobiernos de la Concertación que no fueron capaces de revertir todo esto.”
Por su parte, Estela Ortiz, viuda de Parada, agrega: “La justicia que alcanzamos en el caso degollados era un poco de justicia, y hoy nos pisotean el cuerpo, los vuelven a matar. No hay palabras, no hay espacio para entender la razón de la sinrazón. ¿Hasta cuándo? Son crímenes lesa humanidad, terrorismo de Estado y tienen beneficios. Sólo en Chile esto es posible. Qué vergüenza, qué rabia, qué asco.”
El publicista Nattino fue secuestrado el 28 de marzo. Al día siguiente, al profesor Guerrero y al sociólogo Parada les secuestraron a las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración. Los agentes balearon, en presencia de apoderados y niños, al educador Leopoldo Muñoz. Parada era jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Silva Henríquez para proteger a las víctimas de la dictadura. La noche anterior y con el país en Estado de sitio, agentes habían asaltado la sede de la Asociación Gremial de Educadores de la que Guerrero era dirigente. Allí secuestraron a cuatro profesores. Durante el secuestro de Parada y Guerrero un helicóptero policial hacía un vuelo rasante sobre el colegio y el tránsito era desviado por una patrulla policial. Sólo la alarma pública hizo posible la designación de un ministro en Visita.
Juan José Parada, hijo del José Manuel, señala: “Son violadores de los derechos humanos, cometieron crímenes de lesa humanidad, los más graves de todos. ¿Después de 20 años de cumplir condena, tienen derecho a acceder a beneficios carcelarios? La ley dice que sí. Pero la primera condición es que declaren un sincero arrepentimiento. Dudamos de su sinceridad. ¿Colaboraron en el juicio? No demasiado. Solamente una vez que estaban acorralados por el ministro Juica y para echarle la culpa a sus compañeros. ¿Se demoraron en asumir su participación? Muchos años. Al acometer el brutal asesinato creyeron que nunca serían juzgados. ¿Han dado antecedentes de cómo era el contacto entre miembros civiles de la dictadura y fuerzas de Carabineros para acometer estos crímenes? ¿Han denunciado y dado a conocer los detalles del operativo de protección a los asesinos y la campaña de desprestigio, encabezada por Francisco Javier Cuadra, del cual fuimos víctimas las familias, mi padre degollado y sus compañeros? Puedo decirles que nunca. Nunca aportaron antecedentes que sirvieran para condenar a sus jefes o acabar con la impunidad.
“Es insólito y doloroso. Tengo imágenes de reconstitución de escena de José Fuentes degollando a mi padre. No las publico por respeto a mis hijas, que no tienen por qué ver lo que le hicieron a su abuelo. Me rebelo ante la indolencia de un Estado que beneficia asesinos. Pero no perderé la cordura ni la ternura, a pesar que la nación chilena hace todo lo posible para que así ocurra. Seguiré optando por la justicia social y la movilización social creativa del pueblo chileno, para reconquistar su libertad plena. Y así haremos justicia a la causa por la cual dio su vida mi padre y tantos y tantas. A no desfallecer ante la impunidad canallesca”, escribió en su blog De recuerdos, olvidos y deseos, Manuel Guerrero hijo –dirigente político y concejal-, apenas se enteró de la decisión de Gendarmería, que obtuvo el visto bueno del Ministerio de Justicia.
Muchos piensan que lo ocurrido es un favor de antiguos “camaradas”. La derecha que propició los asesinatos en dictadura es la que designa al director de Gendarmería, que otorga los “beneficios”. A pesar del conflicto de intereses, la prensa elude el tema.
A pesar que decenas de personas han visto a exagentes y militares condenados -sin beneficios- en lugares públicos y que deberían estar cumpliendo condenas, no existen investigaciones concretas. Gendarmería le ha concedido beneficios a otros exagentes: Otto Trujillo (torturador, secuestrador y homicida); el mayor retirado del ejército Emilio Neira (involucrado en la matanza de 12 militantes del FPMR); y César Palma (torturador).
Manuela Guerrero, hija de Manuel, dice al reportero: “El domingo pasado, el exsargento de Carabineros, José Fuentes, salió por primera vez en 20 años a la calle. El pie en la calle puede ser cosa conocida ya entre un preso y un domingo, pero no este preso y no para mí. Él fue quien, corvo en mano, degolló a mi padre. No diré que fue quien lo mató, pues esos fueron varios y pocos los que tuvieron que ver su sangre. Fuentes sí, lo sostuvo del pelo y llevó a cabo el gesto último con el que se sellaría su camino entre la vida y la muerte. ¿Qué se hace cuando esa persona pasa a ser parte de tu ciudad?”
A principios de agosto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció una operación encubierta que busca indultar a los militares condenados. El jefe de Estado Mayor de la Armada, Francisco Guzmán, y el director de personal de la institución, Rafael González, visitaron el penal de Punta Peuco. Según Lorena Pizarro, presidenta de AFDD, “buscan rebajar penas o simplemente indultarlos, quieren generar un ambiente que lo permita”.
Similar análisis hace la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Alicia Lira, su presidenta, dice: “Es inconcebible una medida de este tipo que sólo consagra la impunidad, aunque era esperable de un gobierno de derecha. A los pocos condenados se les lleva a cárceles especiales donde no tenemos certeza que estén cumpliendo sus condenas”.
Diputados opositores han manifestado su indignación. Entre ellos Sergio Ojeda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos: “Es una ofensa para los familiares de los asesinados y todas las víctimas de la dictadura. Este crimen, como otros, ha sido calificado como un crimen absolutamente inamnistiable e imperdonable. Nos cuesta entender cómo se beneficia a sus asesinos y se entregan premios”.
Según el ministro de Justicia estos condenados “también tienen derechos humanos”.

Vía,fuente:
http://www.proceso.com.mx/?p=321768