Desinformémonos
La estrategia de criminalización contra la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras tiene a nueve jóvenes presos políticos mapuche en huelga de hambre indefinida; el estado físico de cuatro presos que llevan más de un mes sin ingerir alimentos es sumamente delicado, coinciden observadores de derechos humanos.
Desde el 27
de agosto, Erick Montoya, Rodrigo Montoya, Paulino Levipan y Daniel
Levinao están en huelga de hambre exigiendo juicios justos y demandas
territoriales: La anulación del juicio de Paulino Levipan y Daniel
Levinao; la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y convenios internacionales que Chile ha suscrito; fin a la
utilización de testigos protegidos en causas mapuche; no más
allanamientos en comunidades mapuche y poner fin de inmediato a la
militarización y a la violencia policial ejercida sobre niños, mujeres y
ancianos; libertad a todos los presos políticos mapuche y la devolución
del territorio a las comunidades.
Un grupo de
observadores de derechos humanos, integrado por miembros de la Comisión
Ética Contra La Tortura y la Corporación de Promoción y Defensa de los
Derechos del Pueblo (CODEPU), logró ingresar a la cárcel de Angol (en
Araucanía), donde dijeron que su impresión es que los jóvenes luchadores
están muriendo.
Leminao y
Levipán cumplen una condena de 10 años y un día por homicidio frustrado a
Carabineros, además de otros 541 días por portación ilegal de armas de
fuego, mientras que Rodrigo y Erick Montoya están imputados por un
presunto homicidio frustrado en contra de un policía. Las sentencias son
racistas, discriminatorias, no respetan el debido proceso y fueron
utilizados testigos encapuchados para imponerlas, manifiestan
autoridades mapuche.
Los
ayunantes, en comunicado público, manifestaron que: “Seguiremos
resistiendo y luchando contra el sistema capitalista opresor, seguiremos
luchando contra la usurpación del territorio y llegaremos hasta las
últimas consecuencias para lograr justicia y verdad para nuestra causa”.
Por otra
parte, los mapuche recluidos en la cárcel de Temuko, Leonardo Quijon
Pereira, Luís Marileo Cariqueo, Fernando Millacheo Marin, Guido
Bahamondes y Cristian Levinao Melinao iniciaron una huelga de hambre
indefinida el 1 de octubre de 2012. Las demandas de los ayunantes son
que se les traslade hacia el lugar de reclusión más cercano a sus
familias y que terminen los humillantes allanamientos contra los
familiares y amigos que los visitan.
La drástica
decisión se debe, según sus propias palabras, “a la incompetencia que
ha tomado Gendarmería de Chile en obediencia al Estado chileno y los
empresarios y latifundistas que manejan las leyes en contra nuestra, con
el fin de mantenernos lejos de nuestras familias y seres queridos”.
Manifiestan que esta medida es el “único recurso que nos deja el Estado y
empresarios para hacer valer nuestros derechos”, y exigen respuestas
inmediatas “para quienes arriesgan su vida como resultado (de) procesos
arbitrarios y poco claros”.
Para los
presos políticos, este tratamiento ilegal que reciben “son estrategias
usadas por el Poder para callar nuestra lucha y resistencia”.
Bajo las leyes de Pinochet en Araucanía
A los
presos políticos mapuche se les suele juzgar bajo la Ley Antiterrorista,
heredada de la dictadura de Pinochet, que permite la declaración de
“testigos protegidos” como prueba principal contra los acusados. Gran
cantidad de activistas –en el caso de varios de los huelguistas de
hambre, menores de 20 años- han recibido altas penas por actos “con
intención terrorista”.
Los mapuche
denuncian el apoyo del gobierno a los particulares que están en sus
tierras y los agreden. Mijael Carbones, dirigente indígena que se
encuentra en la clandestinidad, acusa que el principal estratega es el
senador Espina, que implementa la estrategia colombiana anti
narcotráfico contra los legítimos reclamos mapuche.
El diario El Ciudadano
publica que sectores de la oposición chilena coinciden en que “las
acciones violentas en sectores rurales de las regiones del Bío Bío y La
Araucanía, unos 800 kilómetros al sur de Santiago, son habitualmente
atribuidas a los mapuche con el fin de justificar la militarización del
territorio”, mientras que autoridades mapuche apuntan que “el propósito
de la ‘pacificación de La Araucanía’ es detener la lucha por recuperar
las tierras ancestrales usurpadas a los pueblos originarios”, hoy en
manos de latifundistas y grandes empresas transnacionales.
En una
“Cumbre de Seguridad”, realizada el martes 24 de julio en el palacio
presidencial La Moneda, se resolvió adoptar medidas más duras y
represivas: mayor dotación de carabineros y Policía de Investigación
(PDI) para la zona “en conflicto”, el fortalecimiento del trabajo de los
grupos de inteligencia de Carabineros y la PDI, mayor tecnología
policial, la creación de una unidad permanente y especializada de
abogados para el seguimiento de las querellas criminales y el envío de
un equipo del Ministerio del Interior para evaluar la asistencia a las
víctimas de los supuestos atentados; junto a la instalación de una
subcomisaría y un retén.
Los
comuneros mapuche han buscado audiencias con el gobierno de Piñeira para
pedir la recuperación del territorio mapuche y la desmilitarización de
la región de Araucanía, pero no han tenido éxito. Denuncian la
realización de allanamientos violentos en su territorio, especialmente
en esta región.
La última
agresión se registró el cuatro de octubre, cuando un violento operativo
de los Carabineros en Temucuicui, ubicado en la Araucanía y de donde es
vocero Mijael Carbones, se saldó con cinco heridos, tres de ellos
graves.
En
ese sentido, representantes de la Alianza Territorial Mapuche en
Santiago mantienen la toma de la sede del Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF). Los manifestantes solicitan que el organismo
internacional, en persona del Alto Comisionado de Naciones Unidas,
intervenga directamente para terminar con la violación a los derechos de
niños y niñas en La Araucanía. La vocera Maulén Hunencho declaró a Radio Universidad de Chile
que el objetivo es que el Alto Comisionado o algún representante con
peso y poder de decisión vaya al territorio, “que vea la situación y la
realidad de cómo se está viviendo la represión y cómo se ha miltarizado
el lugar”. La finalidad última es “parar la violencia que se está
viviendo”.
Los
huelguistas de hambre agradecen “a todos aquellos que comprenden la
necesidad de salir del rincón en que tienen a nuestras comunidades, de
comprender que sin agua y que con el avance de las forestales, la tierra
muere día a día, como también morimos nosotros”.
Vía,fuente:
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2012/10/cual-es-el-delito-para-un-joven-que-nace-mapuche-y-pertenece-a-un-pueblo-que-tiene-siglos-de-lucha/
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