Nuevo asesinato de campesino del Mocase en disputa por la tierra en el interior profundo argentino
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A casi un año de la muerte de Cristian
Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(Mocase), este jueves 10 de octubre dicho movimiento lamenta la muerte, a
manos de sicarios al servicio de empresas del agronegocio que disputan
los territorios campesino-indígenas, de Miguel Galván, asesinado de una
puñalada al norte de esa provincia argentina.
Con la muerte de Ferreyra, en noviembre de
2011, las autoridades argentinas reaccionaron decretando una moratoria a
los desmontes por seis meses. Cumplido ese plazo, el avance de la
frontera agrícola continuó, en línea con los planes de producción
sojera, avanzando –desalojos y violencia mediante- sobre territorios
campesinos e indígenas de las provincias.
Mientras desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se celebraba la inminente discusión de la ley que detiene los desalojos de tierras comunitarias, el crimen acontecido el jueves 10 en Paraje Simbol, al norte de Santiago del Estero, desnudó la situación de feudalismo en que operan los gobiernos locales y las empresas del agronegocio.
De hecho, aunque rige una ley que protege los territorios indígenas impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, encabezado por Alicia Kirchner, la misma no se cumple, señaló en diálogo con Radio Mundo Real desde Santiago, Cariló Olaiz, del Mocase.
De hecho, el autor material del crimen, así como la empresa para la cual trabaja y sus complicidades a nivel del gobierno provincial de Santiago están absolutamente identificados, pese a lo cual la Justicia argentina parece no avanzar más allá de los “feudos” de los terratenientes y sus aliados, indicó Cariló.
Como reacción, uno de ellos, Paulino Riso, extrajo un puñal con el cual hirió a Miguel que murió desangrado.
Los hostigamientos y amenazas de muerte y golpizas contra la familia de Miguel se habían tornado permanentes de parte de personeros de la empresa que le disputa una superficie de 100 mil hectáreas a la comunidad, hoy dedicada a la alimentación de la misma, con la finalidad de cultivar soja.
Se trata de una tierra donde confluyen las provincias de Santiago del Estero, Salta y el Chaco. Luego de ocupar prácticamente toda la superficie de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba, la frontera agrícola-sojera se extiende a la Argentina profunda.
Las denuncias respectivas se hicieron en diversas oportunidades ante la policía de Monte Quemado, en sedes judiciales y ante las autoridades provinciales.
Según informa el Mocase, esas irregularidades habían sido constatadas dos semanas atrás por Comité de Crisis de la provincia de Santiago. De ahí que responsabilicen directamente al gobernador Gerardo Zamora por la inacción cómplice que determina la indefensión de las familias campesinas.
El Mocase, así como el MNCI (parte de La Vía Campesina Internacional) reclaman la aprobación urgente de la Ley Contra los Desalojos de campesinos, pero señalan que los avances legislativos deben acompañarse de una intervención del gobierno nacional para proteger la seguridad de las familias campesinas indígenas hostigadas por los terratenientes. De lo contrario, las normas se convierten en papel mojado.
“Como en el caso de Cristian, están hechas todas las denuncias e incluso hubo una reunión conciliatoria con el juez en el mes de julio. El gobierno de Santiago estaba en conocimiento y ha relevado este caso quince días atrás y no han hecho nada contra las bandas armadas que hacen esto”, declaró Cariló.
El dirigente responsabilizó de esta violencia estructural al modelo de desarrollo que se encuentra plasmado en el “Plan Agroalimentario” que promueve el crecimiento de la producción de soja y que es impulsado por las entidades agropecuarias vinculadas al agronegocio de la Argentina. “Este crecimiento sólo puede hacerse expulsando a los campesinos de sus tierras”, asegura Cariló.
“Las provincias siguen siendo un feudo donde los empresarios hacen lo que quieren. Reclamamos la intervención concreta del territorio porque aún aprobadas las leyes, después su cumplimiento en el territorio no se realiza”, agregó.
El MNCI se movilizará tanto en Santiago como en otras capitales provinciales y en la Capital Federal, Buenos Aires, al tiempo que acude a sus alianzas internacionales para generar una reacción del Ejecutivo de Cristina Fernández que resguarde la vida de las comunidades campesinas e indígenas que enfrentan la disputa territorial.
En paralelo se prepara una movilización al conmemorarse un año de la muerte de Cristian Ferreyra el próximo 16 de noviembre.
Escuche la entrevista con Cariló Olaiz en audio adjunto.
Foto: http://www.eldiario24.com
Mientras desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se celebraba la inminente discusión de la ley que detiene los desalojos de tierras comunitarias, el crimen acontecido el jueves 10 en Paraje Simbol, al norte de Santiago del Estero, desnudó la situación de feudalismo en que operan los gobiernos locales y las empresas del agronegocio.
De hecho, aunque rige una ley que protege los territorios indígenas impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, encabezado por Alicia Kirchner, la misma no se cumple, señaló en diálogo con Radio Mundo Real desde Santiago, Cariló Olaiz, del Mocase.
De hecho, el autor material del crimen, así como la empresa para la cual trabaja y sus complicidades a nivel del gobierno provincial de Santiago están absolutamente identificados, pese a lo cual la Justicia argentina parece no avanzar más allá de los “feudos” de los terratenientes y sus aliados, indicó Cariló.
Los hechos
Cariló relató asimismo cómo se sucedieron los hechos que culminaron con la muerte de Galván con una herida en su yugular: en la tarde del miércoles 10 de octubre Galván junto a otros campesinos se reunieron para realizar tareas cotidianas en el corral de pequeños animales, lo cual fue interpretado como un intento de impedir el trabajo a un grupo de alambradores que trabajan para la empresa Agropecuaria LAPAZ S.A.. Esta empresa viene delimitando como propio parte del territorio comunitario.Como reacción, uno de ellos, Paulino Riso, extrajo un puñal con el cual hirió a Miguel que murió desangrado.
Los hostigamientos y amenazas de muerte y golpizas contra la familia de Miguel se habían tornado permanentes de parte de personeros de la empresa que le disputa una superficie de 100 mil hectáreas a la comunidad, hoy dedicada a la alimentación de la misma, con la finalidad de cultivar soja.
Se trata de una tierra donde confluyen las provincias de Santiago del Estero, Salta y el Chaco. Luego de ocupar prácticamente toda la superficie de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba, la frontera agrícola-sojera se extiende a la Argentina profunda.
Las denuncias respectivas se hicieron en diversas oportunidades ante la policía de Monte Quemado, en sedes judiciales y ante las autoridades provinciales.
Según informa el Mocase, esas irregularidades habían sido constatadas dos semanas atrás por Comité de Crisis de la provincia de Santiago. De ahí que responsabilicen directamente al gobernador Gerardo Zamora por la inacción cómplice que determina la indefensión de las familias campesinas.
El Mocase, así como el MNCI (parte de La Vía Campesina Internacional) reclaman la aprobación urgente de la Ley Contra los Desalojos de campesinos, pero señalan que los avances legislativos deben acompañarse de una intervención del gobierno nacional para proteger la seguridad de las familias campesinas indígenas hostigadas por los terratenientes. De lo contrario, las normas se convierten en papel mojado.
Condiciones incambiadas
En la entrevista, Cariló señala que a casi un año de la muerte de Cristian Ferreyra las condiciones de violencia organizada por las empresas permanecen incambiadas.“Como en el caso de Cristian, están hechas todas las denuncias e incluso hubo una reunión conciliatoria con el juez en el mes de julio. El gobierno de Santiago estaba en conocimiento y ha relevado este caso quince días atrás y no han hecho nada contra las bandas armadas que hacen esto”, declaró Cariló.
El dirigente responsabilizó de esta violencia estructural al modelo de desarrollo que se encuentra plasmado en el “Plan Agroalimentario” que promueve el crecimiento de la producción de soja y que es impulsado por las entidades agropecuarias vinculadas al agronegocio de la Argentina. “Este crecimiento sólo puede hacerse expulsando a los campesinos de sus tierras”, asegura Cariló.
“Las provincias siguen siendo un feudo donde los empresarios hacen lo que quieren. Reclamamos la intervención concreta del territorio porque aún aprobadas las leyes, después su cumplimiento en el territorio no se realiza”, agregó.
El MNCI se movilizará tanto en Santiago como en otras capitales provinciales y en la Capital Federal, Buenos Aires, al tiempo que acude a sus alianzas internacionales para generar una reacción del Ejecutivo de Cristina Fernández que resguarde la vida de las comunidades campesinas e indígenas que enfrentan la disputa territorial.
En paralelo se prepara una movilización al conmemorarse un año de la muerte de Cristian Ferreyra el próximo 16 de noviembre.
Escuche la entrevista con Cariló Olaiz en audio adjunto.
Foto: http://www.eldiario24.com
(CC) 2012 Radio Mundo Real
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