.Foto: Mario Castillo/Terra
México DF.
Muerte, desapariciones, impunidad, injusticia, pobreza, inseguridad,
desempleo y falta de oportunidades es lo que han dejado al país los seis
años de mandato de Felipe Calderón, coinciden en entrevista con Desinformémonos
Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de
Atenco; Salvador Campanur, de la emblemática comunidad de Cherán; Abel
Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos
Tlachinollan, en Guerrero; y Michel Salas, abogada y defensora de los
derechos humanos, del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en
Ciudad Juárez.
Apenas hubo tomado el poder, en
diciembre de 2006, Felipe Calderón, cuya administración está a noventa
días de concluir, emprendió una “guerra contra el narcotráfico” como
parte de una estrategia para legitimar su llegada al poder, que había
sido severamente cuestionada. Un sexenio después, las fatídicas
consecuencia de su fallida táctica, han dejado al país bañado de sangre,
con más de 70 mil muertos a cuestas.
“El balance que como pueblo mexicano
tenemos de este gobierno que termina es que estamos cada vez peor.
Felipe Calderón emprendió una lucha dizque ‘en contra del narco’, pero
en realidad esta guerra es en contra de nosotros, se ha ejercido una
tremenda violencia en contra del pueblo”, apunta Trinidad Ramírez,
figura emblemática de la defensa que desde el año 2000 el pueblo de
Atenco, en el Estado de México, ha protagonizado contra los intentos de
despojo de su territorio para construir un aeropuerto.
“México está siendo saqueado y agredido.
El saldo que deja este gobierno son muchas desapariciones, asesinatos,
inseguridad, desempleo, privatización de la educación y de la atención a
la salud y cada vez más pobreza. En lugar de avanzar e ir saliendo de
todo lo que hemos vivido, todo lo malo se ha ido intensificando a raíz
de la imposición de Felipe Calderón”, agrega Ramírez del Valle.
Para los pueblos indios de México, el
panorama tampoco ha sido halagador. “El sexenio de Calderón no ha sido
otra cosa que la aplicación de la ley foxista, que es una ley de muerte
para nosotros. Durante este mandato, se ha aplicado la práctica del
olvido, las desapariciones, los asesinatos y los encarcelamientos para
la gente de abajo, la gente humilde, la gente indígena. Vemos que sigue
habiendo inseguridad. Nada bueno ha traído este sexenio para los pueblos
indios”, asegura Salvador Campanur.
En la comunidad purhépecha de Cherán, en
Michoacán, hace un año y cinco meses que sus habitantes –hartos de los
talamontes que saqueaban sus bosques y de las autoridades que solapaban y
encubrían a los grupos criminales– los comuneros, encabezados por las
mujeres, retomaron su forma tradicional de gobierno, para procurarse la
protección y justicia que el Estado les había negado.
“Nosotros seguimos exigiendo que se
castigue a los responsables de todo lo que ha dañado a comunidades como
la nuestra, porque va de por medio la vida o la muerte de nuestros
compañeros. Para nosotros, nuestra lucha significa una lucha por la
vida. Pero el gobierno en lugar de dar protección y de abrir las puertas
de la justicia, sólo nos da sangre” apunta Campanur.
El comunero recuerda además, que desde
que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, en 1994, los gobiernos
han modificado la Constitución –sobre todo el artículo 27, que habla de
la posesión de la tierra– para que “se haga más fácil la aplicación
del despojo, del robo y la privatización de nuestro territorio”.
En materia de derechos humanos, la cifra
de muertos y desaparecidos y, sobre todo, la forma en que la población
ha sido sometida por el crimen organizado, arrojan un balance fatídico
para el país, explica Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de
Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero. “Con una mirada desde la
Montaña –un lugar donde la pobreza y la violencia se siguen
profundizando– la situación es sumamente grave, en tanto que se ha roto
el tejido comunitario de estos pueblos y se ha generado una desconfianza
entre la ciudadanía hacia los órganos investigadores, hacia los
encargados de la seguridad pública y ante quienes tiene la obligación de
impartir justicia. Es decir, no hubo justicia para los ciudadanos, no
se les atendió. Hay una deuda mayor de este gobierno hacia las víctimas
y, lo más cruel es que se dejó atrás una ley que atendía el reclamo de
las víctimas”.
En el marco de una política belicista,
el aumento de la militarización en el país es un indicador de que
solamente aumentaron las muertes y las confrontaciones, y de que esta
estrategia no dejó ningún saldo positivo para que las víctimas alcancen
justicia. Aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas
por el ejército y no hubo forma de garantizar que los crímenes cometidos
por los militares fueran a la justicia civil. A pesar de las
sentencias de la Corte Interamericana, sigue imperando la protección al
ejército.
Barrera advierte que en lo relacionado a
las desapariciones ahora no se investiga, sino se criminaliza y se
descalifica la trayectoria de las personas que son secuestradas o
“levantadas”. “Es un saldo rojo el que deja Calderón, en todos los
sentidos, pero sobre todo en el tema de justicia y falta de respeto a
los derechos humanos. Hoy la gente no cree en los órganos de justicia,
tiene temor de operaciones policiacas y sabe que el ejército no ha sido
de ayuda para proteger, sino más bien que genera un patrón de
violaciones a los derechos de seguridad y de integridad física”.
En cuanto al tema de los feminicidios la
administración que está por concluir deja otro sexenio más sin que los
culpables hayan sido procesados, enjuiciados o encarcelados. En
entrevista con Desinformémonos, la abogada y defensora de los
derechos humanos Micheel Salas, explica que las familias de las víctimas
que han sido asesinadas siguen esperando justicia y las familias de las
jóvenes desaparecidas –que hoy sabemos que están siendo víctimas de las
redes de trata– siguen esperando que sus hijas sean rescatadas.
En días pasados se inauguró en Ciudad
Juárez una escultura en memoria de las víctimas de violencia de género.
La inauguración del monumento forma parte de los resolutivos dictados en
la sentencia de la Corte Interamericana –el máximo tribunal de derechos
humanos a nivel interamericano– en 2009, sobre el caso emblemático de
Campo Algodonero. Allí, un grupo de familiares de las víctimas de
feminicidio y de mujeres desaparecidas irrumpieron en el acto,
manifestándose y exigiendo que se buscara a sus hijas y que los
culpables fueran sancionados, pero al final del acto el secretario de
Gobernación –que iba en representación del gobierno mexicano- se limitó a
tomar brevemente la palabra y decir “Bueno, pues sabemos que hay mucho
por hacer”, pero “sabemos que en 90 días difícilmente todos los
pendientes podrán resolverse”, advierte Micheel Salas.
La litigante asegura además que en el
caso de Ciudad Juárez, “la estrategia de Calderón de llevar a los
militares a las calles ha provocado que aumenten considerablemente el
número de mujeres asesinadas”. De 1993 a la fecha, han sido asesinadas
más de mil 300 mujeres en la entidad. Desde 2007, año en que el gobierno
implementó el Operativo Conjunto Chihuahua Seguro, aumentó la presencia
de militares y policías federales en el estado y han muerto más de 700
mujeres. Esto, se suma al fenómeno del alarmante incremento que habido
en las desapariciones de mujeres y niños.
La entrega del Sexto Informe de Gobierno
de Felipe Calderón, coincide con la designación oficial de Enrique Peña
Nieto como presidente de México, por parte del Tribunal Electoral, un
hecho que ha provocado protestas en la cámara de diputados y
movilizaciones diversas, tanto en la Ciudad de México, como en el resto
del país.
Abel Barrera advierte que con la llegada
de Enrique Peña Nieto a la presidencia “se va a acentuar más la
situación que tenemos en el país, es decir, habrá mayor polarización,
mayor tensión, sobre todo el tema de la justicia, un endurecimiento de
las políticas de seguridad y mayor protección al ejército. Es decir, se
vislumbra un escenario poco halagador para las víctimas. No vemos que en
verdad haya una agenda o se haya trabajado con compromisos para atender
a la situación que enfrentan miles de víctimas”.
Con todo el sistema de seguridad está
colapsado y sin la más mínima intención por parte del Estado para
depurar en el corto plazo a las corporaciones policiacas “va a haber
mayor protección para quienes violan los derechos humanos y existe la
tendencia de que se siga criminalizando a los defensores de los derechos
humanos y de los movimientos sociales, y éstos tendrán que seguir
trabajando contracorriente”, explica en antropólogo.
El director del Centro de Derechos
Humanos, advierte además que debido al “descontento social generado por
la falta de acceso a la justicia, durante el gobierno de Peña Nieto
podría haber un incremento del uso de la fuerza para socavar la
organización y tratar de sofocar cualquier inconformidad social. Esto es
lamentable para quienes hacemos un trabajo de acompañamiento a las
víctimas en términos del sistema de justicia, pues no está representando
ninguna ventana de oportunidad para que puedan tener esta confianza de
que se van a atender sus demandas”.
Salvador Campanur coincide con el
pronóstico poco halagador de Abel Barrera. “Pensamos que el gobierno que
viene, con Peña Nieto, no es otra cosa que el seguimiento de las
políticas de despojo, de robo y de privatización del país con todos sus
recursos materiales, humanos y económicos. No nos espera nada bueno,
sino la continuación de las políticas salinistas: privatizadoras,
globalizadoras y entregusitas”.
Mientras tanto, desde Atenco, Trinidad
Ramírez del Valle recuerda que Enrique Peña Nieto “es el responsable de
las violaciones de nuestras compañeras y de los asesinatos de Alexis
Benhumea y Javier Cortés”, y asegura que, “si no nos mantenemos unidos y
organizados, va a hacer con otros movimientos lo mismo que hizo en
Atenco”.
“Sabemos que seguimos en la mira, porque
Peña Nieto va a intentar reactivar el proyecto de aeropuerto, va buscar
toda las estrategias que hasta ahora no ha podido consumar para
arrebatarnos nuestra tierra, nuestra historia, nuestra forma de vida,
pero nosotros seguiremos luchando con valor y coraje, y sobre todos,
tendremos que convencer a otros hermanos de que la lucha es de este
lado, no con quien promete y regala una cubeta o una gorra o un lápiz.
La lucha es del pueblo”.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2012/09/sangre-impunidad-y-un-pais-arrasado-la-herencia-de-felipe-calderon/
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