Difusión Cencos México D.F.
OPSDH
El OPSDH exige un reconocimiento de parte del gobierno mexicano de la
situación de inseguridad alimentaria que persiste en el país que
requiere de la aplicación de medidas que garanticen el abasto suficiente
de alimentos
México experimenta alzas en el precio de los alimentos, no solo en el
huevo, lo que coloca a la población del país en situación de
vulnerabilidad al dificultarse el acceso económico a los mismos; ello
constituye una violación a su derecho a la alimentación, ya
que ésta merma la salud nutricional de las personas e impide que los
hogares aseguren una vida saludable para todos sus miembros.
El principal indicador
que sustenta la afirmación anterior, es la accesibilidad de alimentos
pues existe el riesgo de un nuevo aumento en los niveles de pobreza
alimentaria, la cual de acuerdo al CONEVAL tan sólo de 2008 a 2010
presentó un incremento de 7.7%[1], es decir, uno de cuatro mexicanos fue afectado por carencia en el acceso a la alimentación en esos años.
En los últimos días ha llamado la atención los niveles alcanzados en
el precio del huevo, el cual se aumentó hasta un 76%, situación
preocupante al constituir un producto importante en la dieta de la
población dado que forma parte de un producto presente en la alimentación
de todos los deciles de ingreso. Esto ha generado una afectación a la
economía familiar, sobre todo para los hogares más pobres.
Lamentablemente este fenómeno representa uno más de los que se están
manifestando como parte del aumento en el precio internacional de los
alimentos que está alcanzando niveles alarmantes y que ha preocupado a
organismos internacionales como la FAO y el Banco Mundial, los cuales
temen que se presente una crisis alimentaria mundial como la que se
manifestó entre los años 2007 y 2008; por lo que han hecho un llamado
para desarrollar medidas preventivas, dado que no se descarta una mayor
volatilidad en los precios de los alimentos.
El 24 de agosto, casi un mes después de que se detectara el brote de
fiebre o de influenza aviar en los municipios de Los Altos de Jalisco y,
en especifico, en Tepatitlán y en Acatic, el gobierno mexicano anunció
la aplicación de una serie de medidas encaminadas a garantizar el abasto
del huevo, a estabilizar su distribución y el mercado, a eliminar
cualquier práctica especulativa y a fortalecer las capacidades
productivas de los avicultores del país, no obstante esas medidas además de implementarse de forma tardía no parecen aplicarse de manera efectiva ante la crisis.
Al respecto, preocupa de manera importante la decisión del gobierno mexicano de apertura indiscriminada a las importaciones,
al abrir los cupos de importación libre de arancel a 211 000 toneladas
de huevo fresco para consumo humano, y 24 400 toneladas de huevo para
uso industrial; así como, la eliminación de aranceles a la importación
de este producto proveniente de cualquier parte del mundo; medida que
traerá desequilibrios en la balanza comercial en el país y aumentará la
dependencia alimentaria del país[2],
por lo que si no se transforma la política productiva nacional que
ha debilitado al sector rural y quien no ha logrado satisfacer el consumo nacional.
Señalamos que la visión gubernamental
a este problema es acotada y errática al atribuir como únicas causas
las de carácter sanitario y a un déficit en la oferta del huevo, sin
mirar más allá de las problemáticas a las que se están enfrentando los
productores y a las presiones especulativas originadas en las cadenas de
distribución; además del panorama desolador que se avizora con el alza
de precios y el desabasto de los mismos; ya que a nivel mundial se
manifiesta un incremento de hasta 6% en los costos de granos como el
trigo, maíz y soya, productos utilizados en la industria avícola para
alimentar a las aves, en comparación a los registrados en el mes de
agosto debido a las afectaciones climatológicas como la sequia de
Estados Unidos, Rusia y Ucrania.
Si bien se reconocen otros esfuerzos que el gobierno ha emprendido
para garantizar el abasto del huevo en las tiendas Diconsa y Liconsa,
así como acciones para garantizar el acceso
económico con el congelamiento del precio del maíz, de la harina de
maíz fortificada y de la leche en estos establecimientos; además, del
emprendimiento de medidas encaminadas a fortalecer las capacidades
productivas de los avicultores como el otorgamiento de apoyos
financieros mediante facilidades de pago para quienes tienen un crédito
contratado con la banca de desarrollo y que resultaron afectados, vía
respaldo financiero a tasas de crédito preferencial, respaldo
financiero para ampliar y mejorar el equipamiento de granjas y para
integrar esquemas de bioseguridad; no obstante, consideramos que
éstas representan medidas coyunturales que exigen una visión más amplia
de las autoridades mexicanas para involucrar a los diversos actores
que intervienen en la producción, la distribución y comercialización de
los diversos alimentos con la aplicación de medidas preventivas de
corto y largo plazo que garanticen el cumplimiento de este derecho de
toda la población.
Es urgente el reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de
la grave situación que se esta presentando en el país ante el alza
internacional de los precios de los alimentos y frente a la urgencia de
la existencia de una política pública en materia de alimentación que
sea capaz de garantizar el abasto interno con la producción nacional,
así como, asegurar un salario digno y suficiente a la población que no
merme su poder adquisitivo e impida la satisfacción de los derechos
fundamentales como la alimentación, dado que como lo comprobara el
Relator del derecho a la alimentación de la ONU, el salario mínimo medio
interregional en el país supone menos de la mitad de lo que se necesita
para superar el umbral de la pobreza y es bastante inferior a lo que representaría un sueldo vital.[3]
Resolver el problema de desabasto en el país por medio de la producción
nacional disminuirá la dependencia que cada vez se tiene en las
importaciones de granos especialmente y a las fluctuaciones del precio
internacional de los alimentos para satisfacer las necesidades
alimenticias y nutricionales de la población.
Solicitamos a las autoridades mexicanas el diseño y aplicación de un programa en materia alimentaria
que atienda las necesidades más urgentes en materia de alimentación y
salud nutricional, que abata el hambre y que fortalezca la capacidad
productiva del país para afrontar condiciones de vulnerabilidad
presentes y futuras atendiendo las disposiciones de los tratados
internacionales, así como, las recomendaciones de los organismos
internacionales, de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento
y distribución, políticas económicas, ambientales y sociales orientadas
a la erradicación de la pobreza de alimentos, al tratarse de un derecho
inseparable de la justicia social.
Asimismo, lo exhortamos a implementar medidas para aliviar y mitigar el
hambre; erradicar la desnutrición, la adopción de medidas que
garanticen la accesibilidad de esos alimentos
en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros
derechos humanos. De la misma manera y atendiendo a las debilidades
propias del sistema productivo nacional, es esencial que se incremente
la inversión gubernamental en el sector rural especialmente en los
bienes públicos, incluido el acceso al crédito y a los servicios
financieros; se protejan de las semillas nacionales, se apliquen
medidas para reaccionar ante los efectos climatológicos, como la sequía
que se presenta en el país desde el año pasado y que ha tenido graves
consecuencias en más de la mitad del territorio del país; de mirar hacia
la agricultura sustentable y la aplicación de medidas de protección
hacia los productores agrícolas ante la inestabilidad de los precios.
Finalmente, exigimos también al poder legislativo la aprobación de una ley reglamentaria en materia de alimentación desde la perspectiva de seguridad alimentaria
que asegure la asignación de un presupuesto suficiente, la coordinación
entre las diferentes dependencias económicas, de salud y desarrollo
social; que involucre y responsabilice a los sectores de producción,
distribución y comercialización de alimentos, a fin de establecerse las
medidas necesarias para que la población ejerza y exija el cumplimiento
de este derecho fundamental para alcanzar un nivel de vida adecuado al permitir el acceso a otros derechos como lo es la salud.
Contacto:
Sara Eny Curiel Ochoa
Subcoordinadora de Comunicación
scuriel@incidesocial.org
OF 55908754 / 55797413
Cel 0445537083893
Facebook: Observatorio Política Social y Derechos Humanos / INCIDE Social
Twitter: @opsdh @incide_social
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[1]Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, Misión a México, 2012
[2]La
dependencia alimentaria del país es cada vez mas evidente, las
importaciones de los productos agrolimentarios es cada vez mayor y con
ello se acrecienta la vulnerabilidad del país. Las exportaciones
alimentarias subieron de 3.3 mil a 15.8 mil millones de dólares,
mientras que las importaciones pasaron de 5.3 mil a 18.8 mil millones de
dólares entre 1993 y 2010. Datos registrados por la SAGARPA en 2009
indican que 67.5 por ciento de la disponibilidad de arroz en el país
proviene de las importaciones y un 30 por ciento en el caso del maíz.
[3]Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, Misión a México, 2012
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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