Foto: lafraguacr.org
El Sr. Rodrigo Arias Sánchez es doblemente culpable. Es culpable, en primer lugar, por haber gastado alegremente, en una clásica maniobra politiquera de favorecimiento personal y tráfico de influencias, varios millones de dólares cuyo único y exclusivo propietario era el Estado costarricense y es, en segundo lugar, culpable por haber utilizado el subterfugio de mantener esos fondos en la caja del donante, el BCIE, a fin de poder cometer alegremente, el ilícito de gastar esos dineros como si fueran propios. Podríamos agregar, en tercer lugar, que nadie puede gastar dinero en Costa Rica por cuenta del Estado costarricense, salvo el Estado mismo, aunque un juez o una jueza, da lo mismo, ignorante y complaciente, llegue al extremo de exonerar o declarar inocente a un Ministro de Estado porque un organismo internacional alcahueta, le sirviera de tapadera para que gastara el dinero, propiedad del Estado, como si fuera suyo.
De modo que igualmente cómplice son los funcionarios del BCIE que permitieron las maniobras de encubrimiento y llegaron al extremo de pagarles directamente a los beneficiados con las generosas contrataciones de don Rodrigo Arias.
Además ¿Se produjo o no una donación de fondos del BCIE al gobierno de Costa Rica? Claro que sí. En las actas de ese banco debe constar este hecho incontrovertible. De modo que es irrelevante quién lo gastara o cómo se gastara. Por eso declaramos que hemos solicitado copia de esa acta a la gerencia del BCIE, la que con seguridad consignará lo que hemos dicho. Sólo esperamos que los cómplices del señor Arias no la hayan traspapelado en alguna gaveta.
Agregamos ¿En qué cabeza cabe que los donantes de fondos para el Estado costarricense, puedan ser al mismo tiempo los administradores de esos fondos? ¿No está implícita en la fórmula inventada por Rodrigo Arias y su compadre del BCIE, una nueva modalidad de corrupción y coloniaje en la que Costa Rica le otorga a un organismo internacional, o a un Estado extranjero, la capacidad de decidir en qué se gastan los fondos donados, a quién se le paga, cuánto se le paga y para qué se le paga, sólo para encubrir las decisiones directas y las responsabilidades implícitas de un funcionario local?
¿No sería lo mismo que para encubrir maniobras y acciones similares, la Señora Presidenta, Doña Laura Chinchilla, le encargara al gobierno de China, que les entregara poco a poco, directamente y según sus propias instrucciones, a cada Municipalidad, a cada Ministerio o Institución pública, a cada funcionario contratado o a cada consultor beneficiado, una parte de los fondos que le fueron donados, con el propósito de eludir los mecanismos legales de fiscalización interna, incluidas las acciones de la Contraloría?
Por supuesto que doña Laura no hará eso. Porque una donación al Estado o al Gobierno, no es el relleno de una piñata, empleado para repartir alegremente y sin control ninguno, fondos que no son de ninguna manera, propiedad del funcionario en cuyas manos quedaron. Con toda seguridad, Doña Laura someterá la donación de fondos del gobierno de China, a los rigurosos controles que imponen las leyes.
Ha llegado la hora, después de todas las amargas experiencias vividas, que en Costa Rica los políticos responsables de actos bochornosos, dejen de ampararse en los fallos judiciales, generalmente obtenidos a base de presiones o influencias, para exhibir los sobreseimientos como muestra de no haber cometido ningún delito. Dicho en otras palabras, cuando un político o un funcionario público es llevado a los estrados judiciales a fin de que sea sancionado con una pena en virtud de un acto impropio o de un delito puro y simple, marchan por un lado las responsabilidades judiciales y penales y por el otro, las responsabilidades éticas y políticas.
Se trata de responsabilidades y culpas de distinta naturaleza. La responsabilidad penal se deriva de la comisión de un acto expresamente sancionado por la ley. La responsabilidad política proviene de la obligación, general y particular, que tienen los políticos y los funcionarios públicos de actuar con honradez y apego a los intereses colectivos, de actuar como servidores de los principios de la ética y la moral, aunque esos actos no sean sancionados penalmente.
El error frecuente, proviene de confundir un perdón judicial con un perdón político, ético y moral. Un político puede obtener un sobreseimiento definitivo y sin embargo, haber actuado al amparo del poder y cometido innumerables actos inmorales. En realidad, la mayor parte de los delitos políticos no están claramente tipificados en los códigos, aún cuando sean más graves que muchos delitos penales. La mayor parte de los delitos políticos se realizan al amparo de un instrumento social que los ampara o los encubre por completo: el Poder. Éste instrumento social permite, directamente o indirectamente favorecer los hechos más vergonzosos, las violaciones más graves, las acciones más ilegítimas y violatorias contra la ciudadanía, tales como el favorecimiento de grandes intereses, como facilitar negocios, estafas o contrataciones amañadas, como permitir el rápido y oscuro enriquecimiento de amigos, familiares o allegados, cómo facilitar el nombramiento de jueces corruptos, dispuestos a obedecer sin rechistar, las órdenes que provengan de Casa Presidencial etcétera y todo esto, realizado en el mayor sigilo y la más absoluta impunidad.
Por esta razón, los pueblos deben ser extremadamente vigilantes y severos a la hora de decidir a quién o a quiénes se les delega el manejo del aparato del Estado.
Fuente,vía:
http://revista-amauta.org/2012/09/un-perdon-judicial-no-es-un-perdon-politico-ni-moral-ni-etico/
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