Tomas de colegios y un frente de
organizaciones ecologistas, de derechos humanos, sindicales y
estudiantiles marcan la vuelta de la discusión en el Parlamento del
proyecto de ley que criminaliza la protesta social, conocida como Ley
Hinzpeter. De aprobarse la legislación, activistas de Greenpeace que
intervengan un edificio público, estudiantes que se toman un colegio o
pasajeros del Transantiago que ocupan la calle porque no pasa un bus
arriesgan penas de hasta 3 años de prisión.
En medio de la polémica
por el nombramiento del ex fiscal Alejandro Peña para encabezar la
militarización del territorio mapuche, este miércoles se reinicio la
discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Seguridad
Pública, conocida como “Ley Hinzpeter”.
Al rechazo de organizaciones sociales
que abarcan desde movimientos ecologistas, de derechos humanos y
estudiantiles, se suma la opinión desfavorable de algunos ministros de
la Corte Suprema y recomendaciones del fiscal nacional, Sabas Chahuán.
Amnistía Internacional, Greenpeace y la
Asociación Chilena de ONGs Acción pidieron al Congreso no aprobar la Ley
Hinzpeter, haciendo notar que criminaliza a los movimientos sociales
que se manifiestan en las calles. Las organizaciones mantienen una campaña de firmas online en rechazo a este proyecto.
También los estudiantes agrupados en la
Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, y la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, y organizaciones
sindicales se suman al rechazo del proyecto de ley.
Este martes los estudiantes del colegio Confederación Suiza se tomaron el establecimiento
en rechazo al proyecto de ley. Pese a que fueron desalojados en horas
de la noche, este miércoles de madrugada volvieron a tomarse el recinto.
Ronald Román, vocero del Colegio
Confederación Suiza y presidente del Centro de Estudiantes, contó que
“nos tomamos el colegio en rechazo al proyecto de ley que criminaliza la
protesta pública, que hoy es la única forma que tenemos para manifestar
nuestro descontento”.
La toma del liceo es también para
“volver a recuperar el movimiento social con un objetivo de fondo más
allá de la educación gratuita y estatal. Se trata de atacar a la
política convencional y el sistema económico, causas del problema
social”.
“El futuro es incierto – sostiene Román –
Consideramos que la mayor parte de la ciudadanía volvió a tener el
miedo que habíamos vencido el año pasado”.
El día martes hubo otros liceos tomados:
Los liceos Industrial San Miguel de La Pintana e Industrial de San
Fernando fueron tomados el día de ayer por demandas internas; y el Liceo
Cervantes se sumó a la demanda del Confederación Suiza.
En jornadas previas, dirigentes del
Sindicato Interempresas Nacional de Contratistas y Subcontratistas
(Sintrac), de la Coordinadora Nacional por la defensa del patrimonio
pesquero, del Movimiento pueblo en Lucha (MPL), de la Federación
Nacional de Pobladores, de ANDHA Chile Democrático y de la Federación
nacional de Pobladores llamaron a rechazar la legislación.
EL POLÉMICO PROYECTO
La Ley Hinzpeter modifica el artículo
269 del Código Penal en lo relativo al delito de desórdenes públicos. Al
no contemplar una definición clara de “desórdenes públicos”, sus
detractores advierten que podría implicar que la misma pena de tres años
se aplique a conductas como bloquear una calle pacíficamente o tomarse
un colegio. “Quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando
el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto
explosivo que puede causar daños a las personas”- advierte Amnistía.
Además el proyecto hace responsables de
los destrozos a la propiedad pública y privada que puedan ocurrir en una
movilización social a “autores e incitadores” de la protesta, o sea, a
los voceros o dirigentes que las convoquen.
Matías Asún, director ejecutivo de
Greenpeace Chile, comenta que “la ley es poco clara en identificar
cuáles son los delitos que violentan el orden público y el límite entre
esa actualización de delitos y la libertad de las personas”.
Bajo el título Modificación del tipo
penal de desórdenes públicos, la Ley Hinzpeter dice que “se propone
establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o
hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto
de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos
graves”.
Entre los hecho graves descritos están
interrumpir algún servicio público, donde se incluye el de transporte. O
sea, los usuarios del Transantiago que se toman la calle luego de
esperar más de una hora algún bus para llegar a sus trabajos, como
ocurre habitualmente, serían sancionados con una pena de presidio menor
en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años de prisión.
Ana Piquer, directora de Amnistía en
Chile, sostiene que “la aprobación de la Ley Hinzpeter significaría una
protección desproporcionada de la noción de orden público. De acuerdo
al texto propuesto por el gobierno, quien cause “desórdenes” que impidan
o alteren la libre circulación de vehículos o personas, podría ser
castigado con hasta 3 años de cárcel. El proyecto de ley en ningún
momento define el concepto de ‘desórdenes’”.
La letra C del proyecto
incluye como “desórdenes públicos penalmente relevantes”, a quienes
ocupen una vivienda, un colegio o universidad, industrias, o si alteran
“la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles,
caminos u otros bienes de uso público semejantes”.
A juicio de Asún, “en una sociedad
democrática no puede estar impedido el disenso. La desobediencia civil,
las prácticas de resistencia son fundamentales en el orden democrático y
en ningún punto pueden homologarse con acciones que efectivamente
afectan a terceros”.
Piquer agrega que “transformar el
ejercicio de derechos humanos en delito es posiblemente una de las
maneras más graves y directas de bloquear su ejercicio, lo cual iría en
vulneración directa de los tratados de derechos humanos que el propio
Estado de Chile ha ratificado, tales como la Convención Americana de
Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”.
El director de Greenpeace añade que la
ley “es poco eficiente al identificar los delitos que se quieren
regular. Si bien, se requiere una actualización, es un proyecto mediocre
que convierte en delitos expresiones propias de la sociedad civil”.
Por su parte, Alicia Sánchez, secretaria
ejecutiva de Acción, advirtió que la iniciativa del Ejecutivo vulnera
gravemente la libertad de expresión y de reunión, entre otras garantías
universales: “El material periodístico debe ser requisado para que actúe
como prueba contra quienes supuestamente estarían ejerciendo violencia
en las calles. También en el tema de las tomas a los liceos o si los
vecinos de cierto barrio cortan el tránsito para protestar contra el
Transantiago o una inmobiliaria, todo eso, estaría atentando contra la
libertad que tienen los ciudadanos de manifestarse y expresarse
públicamente”.
RECOMENDACIONES DEL FISCAL NACIONAL Y POCO CONSENSO EN LA CORTE SUPREMA
Por su parte, el fiscal nacional, Sabas
Chahuán, pidió al proyecto de ley una precisión al concepto de orden
público. “Precisar el concepto de desórdenes públicos, no es malo. En la
medida que se cautele, le reitero, el derecho a manifestarse. Hay que
precisar el concepto”- dijo el fiscal hoy en La Moneda.
Chahuán además dijo que debe armonizarse
el derecho a manifestarse, algo que a su juicio es “inalienable en una
democracia” y que se debe reflexionar sobre el tipo de delito definidos
en la polémica legislación. La máxima autoridad del Ministerio Público
agregó que se contemple una reforma al Código Penal, el que define como
“obsoleto”. “Hay delitos que tienen mucha pena, como robar una gallina, y
hay delitos que tienen poca pena, como la corrupción en gran escala”-
sostuvo.
En la discusión sobre el proyecto, el
Pleno de la Corte Suprema del 25 de julio pasado mostró el disenso que
provoca entre los magistrados. Si por un lado, los ministros Patricio
Valdés, Gabriela Pérez, Rosa Egnem y Alfredo Pfeiffer informaron como
favorable la iniciativa, otros integrantes del máximo tribunal
manifiestan serios reparos.
Los ministros de la Corte Milton Juica,
Juan Araya, Carlos Künsemüller y el suplente Juan Escobar advirtieron
que “las reformas que se proponen al Código Procesal Penal constituyen
una seria afección a los principios de igualdad y de inocencia”m según
informa El Mostrador.
Además los magistrados Hugo Dolmestch,
Haroldo Brito y Carlos Cerda (suplente) sostienen que como “afecta los
basamentos del ordenamiento jurídico chileno, es deber del máximo
tribunal manifestar su parecer” y recomendaron informar
desfavorablemente la iniciativa del Ejecutivo.
Asún advierte que de aprobarse la
legislación, “los jueces van a ser lo que tendrán que sentar precedentes
a partir de una mala política y una ley mediocre”.
LA RAÍZ DEL PROBLEMA
Para Asún la legislación “termina siendo
la expresión de un sentir que prefiere tenerle miedo al otro que
construir cosas en conjunto. En momentos en que justamente la clase
política está cuestionada por la ciudadanía, se apuesta por tapar la
base de representación de la democracia, que es la participación
ciudadana”- sostiene el ecologista.
En tanto, con ley o sin ella los
estudiantes secundarios apuestan por reiniciar las movilizaciones del
2011. Román sostiene que “la rabia ya está organizada, no sólo como
movimiento estudiantil. Se trata ahora de sumar las demandas sociales
para atacar la raíz del problema, que es la clase política. No esperamos
pedirle soluciones a ellos, sino que éstas vendrán de nosotros”.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
LEA EL LEY HINZPETER
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2012/08/01/55578/ley-hinzpeter-suma-rechazos-en-sociedad-civil/
http://www.elciudadano.cl/2012/08/01/55578/ley-hinzpeter-suma-rechazos-en-sociedad-civil/
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