A días de que se retome la votación en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del proyecto de ley conocido como “Ley Hinzpeter” que fortalecería el resguardo del orden público, Amnistía Internacional y la Asociación Chilena de ONGs “Acción” lanzaron una campaña de recolección de firmas en rechazo al polémico proyecto y advirtieron sobre los efectos que tendría su posible aprobación.
Preocupadas están estas organizaciones sobre al polémico proyecto de ley de Fortalecimiento del Resguardo del Orden Público, ya que éste podría vulnerar una serie de derechos humanos fundamentales, a partir de la norma que modifica el Artículo 269 del Código Penal sobre el delito de desórdenes públicos.
Según denunció la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, el texto no contempla una definición clara del concepto “desórdenes”, lo que podría implicar que las penas se apliquen a conductas muy disímiles, penalizando incluso el derecho a la libertad de reunión y de expresión.
“Van a haber conductas como hacer una marcha pacífica que interrumpa el tránsito que podría ser transformada en delito, siendo que no lo debiera ser, porque es el simple ejercicio de derechos humanos básicos que están establecidos en tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Si se aprobara la ley en esos términos sería un paso atrás. En vez de avanzar en alinear nuestra legislación con los compromisos de derechos humanos internacionales que tiene Chile, estaríamos retrocediendo”, añadió Piquer.
Por su parte, Alicia Sánchez, secretaria ejecutiva de la ONG Acción afirmó que esta ley busca criminalizar la protesta social y vulnera el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse públicamente. “Una Ley como esta limita nuestra democracia y no sintoniza con una ciudadanía que quiere abrir más canales de participación para que sus demandas sean escuchadas”, añadió.
Sánchez indicó que con esta campaña se está defendiendo el derecho de manifestación y participación de la ciudadanía en una sociedad donde no existen los canales de participación suficientes, por lo que las distintas organizaciones se han vertido en la calle, además, advirtió que la ley no tendría los efectos que han anunciado las autoridades.
“No va a contribuir a que disminuyan las manifestaciones, sino muy por contrario, probablemente va a haber un rechazo por parte de las movimientos. Al ir cerrando los canales de participación se van a buscar otros, va haber una violencia mayor. Esperamos que no se apruebe esta ley y que los parlamentarios sean capaces de hacer otras propuestas, de buscar salidas, que el Ejecutivo sea capaz de generar una propuesta que responda a las actuales demandas sociales del país”, explicó la dirigenta.
La preocupación es que la también llamada “ley maldita” se sumaría al cuerpo de medidas legales que tiene por objeto limitar la protesta social, a través de la restricción de derechos como es, por ejemplo, el decreto 1086 que regula la realización de reuniones en lugares públicos y otras leyes gruesas ampliamente cuestionadas como por ejemplo la Ley Antiterriorista.
Las firmas se están recolectando a través de los portales electrónicos de Amnistía Internacional y la ONG Acción yluego serán entregadas a los distintos parlamentarios. La iniciativa irá acompañada también de otras acciones comunicacionales durante toda la tramitación de la ley, la que se retomaría el próximo miércoles en la cámara baja.
Vía,fuente:
http://radio.uchile.cl/noticias/163911/
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