A fines de junio llegó a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de documentos una carta con la
firma de los lonkos mapuches, Aniceto Norín y Pascual Pichún, en la que
desisten de la demanda que tienen contra el Estado de Chile por la
condena por Ley Antiterrorista en el Caso Poluco Pidenco. Claro que
ellos jamás han claudicado respecto de mantener el juicio y menos
firmado la carta. Extrañamente la Conadi citó a uno de ellos a firmar un
traspaso de tierras hace algún tiempo.
El Lonko Aniceto Norín y su abogada
Ylenia Hartog entregaron una solicitud de información al gobierno
chileno para que clarifique qué tipo de participación tuvo en la llegada
de la misiva ante la CIDH.
“Nunca nos retiramos de este caso”,
afirma el Lonko Norín. Hace más de seis años que lleva litigando el caso
Poluco-Pidenco con Pascual Pichún y sus abogados, ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso Poluco Pidenco es emblemático.
Se trata del incendio que Patricia Troncoso, conocida coma La Chepa,
supuestamente provocó en 2001, en el predio Poluco Pidenco,
perteneciente a la empresa forestal Mininco, del poderoso grupo
económico Matte. Eso ocurrió en el marco de un conflicto territorial
entre Mininco y las comunidades locales, que reivindicaban varios
terrenos que pertenecían a sus ancestros y en esa fecha estaban en manos
de la forestal. Fue aplicada la Ley Antiterrorista y Patricia Troncoso
fue condenada a diez años de cárcel, incriminada por el testimonio de
testigos protegidos. Pichun Paillalao y Norín fueron condenados a cinco
años de cárcel por amenaza terrorista.
El caso Poluco Pidenco nunca fue
revisado de fondo, a pesar de su carácter arbitrario y discriminatorio.
Es por eso que Norín y Pichún decidieron llevarlo al nivel de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de denunciar el uso
ilegal de la Ley Antiterrorista por el Estado chileno cuando condenó la
activista mapuche.
Los dos lonkos se enteraron la semana
pasada que ellos mismos remitieron documentos ante un notario público,
que señala “el desistimiento de toda acción relacionada con el presente
caso, en atención al compromiso asumido por el Estado de Chile de
realizar acciones [...] por parte del gobierno chileno respecto de los
pueblos indígenas, manifestando [...] su voluntad de solucionar los
problemas que los aquejan”. Hubieron también declarado a la Corte que ya
no tienen calidad de víctimas.
Gran sorpresa para los lonkos mapuches,
ya que ellos jamás se han desistido de la demanda ante la CIDH,
instancia a la que el 19 de junio llegó la carta que acusaba el
desistimiento en la demanda ante el Estado chileno.
Norín afirma que “no hubo ningún
compromiso” con el gobierno, y que el supuesto desistimiento totalmente
los tomó por sorpresa. Hartog indica que hubiera sido “absolutamente
incoherente” renunciar al juicio, dado el carácter emblemático del caso y
para las víctimas.
Por ello presentaron una solicitud de
información al gobierno, subrayando que no saben “quién redactó [los
documentos aludidos], con quienes presentes, y quién los habría enviado a
la Corte Interamericana”. Además, la abogada recuerda que el derecho de
restitución de tierras se circunscribe “a la tramitación legal de estas
demandas de conformidad con la Ley Indígena, a través del Fondo de
Tierras de CONADI, y con la intermediación de los consejeros de la
misma”.
FIRMA BAJO ENGAÑO
Concretamente, los lonkos declararon que
si firmaron estos documentos, desistiendo de sus demandas, lo hicieron
“bajo engaño” del gobierno. O fueron falsificaciones. De hecho, Norín
fue a una notaría pública con una persona de Conadi, en Temuco, a firmar
un asunto de un traspaso de tierras, después de una serie de reuniones
en abril y mayo destinadas a restituir el territorio ancestral de su
comunidad. La firma fue motivada por “recomendaciones” hechas por
representantes del gobierno, las que a juicio de Hartog fueron
“presiones” a Norín, con el fin de llegar a una especie de solución
amistosa, es decir extrajudicial, “ya que no iban a ganar nada en
juicio”.
“La primera lengua de los mapuches es el
mapudungun, no hablan castellano tan bueno como este idioma”, explica
Jaime Madariaga, abogado de Pichún. Todo este marco hubiera podido
facilitar el engaño de los mapuches y añade que “los documentos que
llegaron a la Corte no tienen ninguna validez”.
Hartog precisó que nadie en el gobierno
se ha pronunciado hasta ahora sobre el supuesto desistimiento. Tampoco
les han respondido cuando le consultaron sobre el aso. Por ello la
abogada le envió una solicitud de acceso a la información pública. El
gobierno tiene diez días hábiles para responder, plazo establecido por
dicha legislación.
Hartog solicitó conocer el contenido de
actas, acuerdos, encargados, responsables, fechas y lugares de reunión
que llevaron al supuesto desistimiento, con el fin de entender en qué
circunstancias eso se desarrolló, mientras insiste que su representado
nunca firmó tal documento.
Norín sentencia: “Eso nunca ocurrió, y vamos a seguir adelante para defender nuestros derechos ancestrales”.
El Ciudadano intentó tener la respuesta
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), del
Ministerio de Desarrollo Social y de la Cancillería, pero al cierre de
esta nota no hemos tenido respuesta.
Chloé Lauvergnier
El Ciudadano
+ INFO SOBRE EL CASO POLUCO PIDENCO AQUÍ
Vìa:
http://www.elciudadano.cl/2012/07/20/55215/lonkos-mapuches-sospechan-del-gobierno-por-carta-entregada-ante-la-cidh-que-lleva-su-firma/
http://www.elciudadano.cl/2012/07/20/55215/lonkos-mapuches-sospechan-del-gobierno-por-carta-entregada-ante-la-cidh-que-lleva-su-firma/
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