viernes, 29 de junio de 2012

Mèxico: La lucha por el territorio en San Sebastián Bachajón se encuentra de nuevo con la represión....

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Chiapas, México. El 19 de junio pasado, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (SDSL) del Ejido San Sebastián Bachajón (SSB), Chiapas recuperaron la caseta de cobro de las Cascadas de Agua Azul. La respuesta del gobierno perredista de Juan Sabines fue la de siempre: un desalojo violento y represivo, violando flagrantemente los derechos humanos y colectivos de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón.
Recuperación de lo legítimo y solidaridad con las demandas nacionales
Durante la madrugada del pasado 19 de junio, los adherentes de San Sebastián Bachajón, cansados de soportar tantas injusticias, entraron a recuperar la caseta de cobro ubicada en la entrada del balneario “Cascadas de Agua Azul”. La caseta les pertenece por derecho y legitimidad como pueblo originario tzeltal de la zona, pero el gobierno de Chiapas de Juan Sabines los despojó de ella desde el 2 de febrero de 2011. Simultáneamente, las adherentes instalaron un bloqueo carretero cerca de Agua Azul, en el que repartieron volantes y exigieron la libertad de tres presos politicos del ejido San Sebastián Bachajón, así como la libertad inmediata de Alberto Patishtán Gómez y del base de apoyo zapatista Francisco Santiz López. Esta acción estuvo enmarcada por una acción dislocada nacional e internacional, convocada para el 19 de junio con el objetivo de exigir la libertad de Alberto Patishtán Gómez -en el doceavo aniversario de su detención- y de los demás presos y presas politicos del país.
Uno de los voceros del ejido de San Sebastián Bachajón explicaba durante la movilización: “Este movimiento que se está realizando es un proceso que nosotros estamos llevando por la recuperación de una parte que es tierra ejidal, que el gobierno pretende despojarnos violentamente desde el pasado 2 de febrero. Entonces nosotros como organizaciones y ejidatarios de San Sebastián Bachajón queremos recuperar ese pedazo de terreno que el gobierno de Juan Sabines nos quiere despojar”.
Otro desalojo violento bajo el gobierno perredista de Juan Sabines
Horas más tarde, aproximadamente a las seis trienta de la tarde, el escenario en la entrada a Agua Azul era muy distinto. Doce camiones que transportaban a 800 efectivos de la policía estatal arribaron al lugar guiados por el anterior comisariado ejidal, Manuel Jiménez, identificado por los adherentes como principal señalador y colaborador del gobierno de Juan Sabines y del secretario de gobierno, Noé Castañón. Con lujo de violencia desalojaron a las adherentes, golpeando a mujeres y hombres y dejando sus cuerpos lesionados, en los que se alcanzaban a ver “moretones por todos lados”, según los reporteros presentes. Dos personas necesitaron atención médica para tratar las lesiones provocadas por los golpes.
El no respeto al amparo actual: una violación más a los derechos
El vocero de San Sebastián Bachajón admite que las personas afectadas por el desalojo se sorprendieron por la actitud del gobierno de Juan Sabines. “Nos desalojaron violentamente. Lo único que queríamos era recuperar la parte del terreno que el gobierno del estado nos está despojando y como para evitar su empoderamiento para sus fines del proyecto transnacional. Existe un documento elaborado desde 2010 de que casi una hectárea de terreno fue donado a favor de la organización. Y en el 2011, Francisco Guzmán Jiménez, que es el actual comisariado ejidal, lo donó con el gobernador del estado”.
El vocero de Bachajón hace referencia al amparo 274/2011 que los adherentes de San Sebastián Bachajón promovieron, con la asesoría del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para defender el territorio que les pertenece y en el que está ubicada la caseta de cobro. El amparo está en proceso, pero por alguna razón demora demasiado y aún no hay respuesta. No obstante, debido al amparo no debería de haber presencia policiaca en la zona. Existe información de que el operativo venía por órdenes de Noé Castañón, por petición de Francisco Guzmán Jiménez. “El gobernador del estado, en complicidad con el secretario de gobierno Noé Castañón León, están por encima de todo lo que es la ley. Entonces no nos están respetando la decisión, tampoco están respetando las leyes que ellos mismos han elaborado y como pueblos indígenas estamos exigiendo nuestros derechos como ejidatarios”,dice el vocero.
Un poco de contexto
El ejido está ubicado en la zona selva centro de Chiapas, municipio oficial de Chilón, región autónoma zapatista San José en Rebeldía. Alberga uno de los paisajes naturales más hermosos del mundo: las Cascadas de Agua Azul. Sobre Agua Azul se ha construido un complejo turístico que desde hace 20 años es objeto de especulación financiera por grandes consorcios hoteleros. Desde el sexenio salinista, instancias gubernamentales han ido acumulando sus expectativas para convertir a las Cascadas de Agua Azul en el centro/núcleo de un corredor turístico que competiría a nivel turístico con Cancún: el Centro Integralmente Planeado- Cascadas de Agua Azul (CIP-CAA). Hoy en día, el CIP-CAA está relacionado con el proyecto turístico Mundo Maya, que une a los inversionistas y gobiernos de Centroamérica y de México en su búsqueda de especular también con los últimos territorios que todavía les quedan a los pueblos originarios mesoamericanos, quienes protegieron estas tierras durante siglos.
Defender a la selva es defender la vida misma
Desde el 2008, las adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejido San Sebastián Bachajón han luchado incesantemente. Su lucha es para defender su legítimo y reconocido derecho, como pueblo originario tzeltal, para la libre determinación sobre el territorio que habitan, la tierra y los recursos. Los adherentes se oponen a la estrategia del gobierno estatal y federal de despojarlos del territorio en donde se encuentran las Cascadas de Agua Azul, con los fines económicos relacionados con el gran potencial turístico que hay en la zona. Pero los ejidatarios no “sólo” defienden el territorio para sobrevivir como familias y como pueblos; dadas la magnitud y el impacto previsible del proyecto tusrístico, la lucha de los adherentes de Bachajón representa una defensa importante contra una destrucción irreversible de la selva misma y de la biodiversidad que hay en Chiapas.
La recuperación de la caseta
Fue en el 2008 que las adherentes recuperaron la caseta de cobro en la entrada del complejo turístico Agua Azul. Según los adherentes de Bachajón, la caseta generaba ingresos del turismo para 2 mil familias de 192 comunidades. Representaba un avance para cumplir los propósitos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la OIT 1691, ya que ambos convenios internacionales promueven que los recursos naturales beneficien a los mismos pueblos indígenas, y que los ingresos generados sirvan para fortalecer sus propias instituciones políticas, culturales y económicas.
Sin embargo, la recuperación trajo consecuencias graves para los adherentes de San Sebastián Bachajón. En repetidas ocasiones, el gobierno de Juan Sabines les ha desalojado violentamente de la caseta. El 2 de febrero de 2011, partidistas pagados y cooptados por el gobierno del estado provocaron un enfrentamiento que terminó con la detención arbitraria de 117 personas, y el despojo de la caseta de cobro. Algunos de los que fueron detenidos ese día permanecieron más de 5 meses en prisión. La movilización para recuperar la caseta de cobro el pasado 19 de junio ocurre entonces un año y medio después de que se les fue despojada. Simultáneamente continúa el referido amparo, pero sigue sin respuesta.
La violencia se convierte en cotidianidad para los habitantes de la zona
A la par de los planes de ampliación de la explotación turística en Chiapas, promovidos paradójicamente como “ecoturismo”, la política gubernamental de Juan Sabines está provocando mucho sufrimiento y heridas -quizás irreversibles- en el tejido social de la zona. Detenciones arbitrarias repetidas, desapariciones forzadas, uso de tortura extensiva, amenazas diarias, ataques de las organizaciones paramilitares Opddic y Uciaf, y de gente afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han sido de gravedad. La zona se convierte en un verdadero “foco rojo” en cuanto a la intensidad de la represión en Chiapas2.
Aún quedan los presos políticos Antonio Estrada (en el Centro de Readaptación Social –CERSS- 17), Miguel Vázquez (en el CERSS 16) y Miguel Demeza (CERSS 14), con delitos fabricados en su contra. El pasado 10 de mayo, integrantes del grupo paramilitar Uciaf y militantes del PRI y del Verde emboscaron con armas de fuego a pobladores de San Sebastián Bachajón; dejaron en estado de gravedad al menor de edad Javier Pérez Jiménez3. A la par de la violenta represión de quienes se oponen a sus planes financieros, el gobierno implementa programas asistencialistas de ayuda económica que han servido para cooptar personas y negarles cualquier participación organizativa que no le convenga al gobierno; ésta es la estrategia contrainsurgente que se desarrolló desde el momento del Plan de Campaña 1994 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), implementada en todo Chiapas. Pareciera que este cuento no tiene fin. A un mes de las campañas electorales, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Juan Sabines Guerrero pretenden dejar el territorio despejado para que sus colegas continúen la política de acumulación de riquezas a costa del futuro de los pueblos originarios y de la madre tierra.
1 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas (articulo 4, y artículo 20). Convenio 169 OIT (artculo 14.1 y articulo 15.1)

2 Los ataques de grupos paramilitares y la represión gubernamental han sido documentado desde el 2008 por varios medios y comunicados e informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Para información más reciente, refiérase a Paramilitares atacan a ejidatarios de San Sebastián Bachajón; uno agoniza, dicen, Bellinghausen, Herman. 11 de mayo, 2012. http://www.jornada.unam.mx/2012/05/11/politica/016n1pol [1]; o al Informe Especial: Gobierno crea y administra conflictos para el control territorial en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/110303_informe_territorio_bachajon.pdf

3 Ibid.


Article printed from Desinformémonos: http://desinformemonos.org
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 Fotografías: Moysés Zúñiga Santiago

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