El Estado de México ocupa el primer lugar por número de habitantes
en el país: más de 15 millones de personas, de las cuales 51.3 por
ciento son mujeres y 48.7 son hombres. En la entidad de mayor población
del país las y los habitantes han visto violentados sus derechos humanos
de manera sistemática, ya que no existe un ejercicio pleno de
condiciones mínimas para una vida digna. Asimismo se han registrado
inaceptables represiones a movimientos sociales que defienden la
dignidad de sus pueblos y el respeto a sus derechos.
Carlos A Ventura Callejas/Clara G Meyra Segura*
Durante el gobierno del actual candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, Enrique Peña
Nieto, la situación de los derechos humanos se agravó. Diversos informes
de derechos humanos, entre ellos los del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustin Pro Juárez, así como del Observatorio Nacional del
Feminicidio, han dado a conocer el detrimento de las condiciones de vida
en este estado de la república. Durante los últimos seis años, esta
entidad llegó a ocupar el primer lugar en número de feminicidios; además, marcó una página histórica en relación con la represión brutal e insensibilidad a las comunidades con el caso de San Salvador Atenco .
La continuidad de gobiernos priístas ha traído consigo la constante
criminalización de la protesta de diversos sectores que se organizan y
defienden sus derechos humanos. Como muestra, mencionaremos el caso de
la Alianza Única del Valle (AUV o Alianza), organización que desde 1997
ha buscado, entre otras causas, el reconocimiento de la vivienda digna
como derecho humano. Las y los integrantes de este espacio de
organización social son familias que no tienen acceso a un crédito para
acceder a una vivienda, debido a que no cuentan con empleos formales que
incluyan prestaciones sociales: de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en el primer trimestre de 2011 esta
entidad ocupa el primer lugar, de todo el territorio nacional, en el
número de personas con empleo informal: más de 2 millones. Esta
situación, cada vez más preocupante, ha llevado a la organización y
exigencia de manera pacífica y legítima. Las personas que habitan el
Estado de México exigen a los gobiernos que les respeten y garanticen su
derecho a una vivienda digna, y para ello invocan instrumentos
internacionales y nacionales que protegen este derecho humano.
La Alianza ha luchado y tejido por más de 15 años diversas fuerzas
encaminadas a la búsqueda del cumplimiento de la accesibilidad física y
económica a la vivienda, tal como sucede en el llamado Predio de
Guadalupe, ubicado en el municipio de Nicolás Romero. En este lugar se
ha mantenido un plantón desde 2009, con la finalidad de demandar al
gobierno que respete su legítimo derecho a buscar mejores condiciones de
vida, y garantice que en esta zona se puedan edificar viviendas
populares, con lo que se verían beneficiadas poco más de 500 familias.
En relación con este caso, la Alianza sólo ha obtenido represión y
desalojos violentos, sin que los gobiernos, tanto de Peña Nieto como el
de Eruviel Ávila, hayan mostrado la voluntad suficiente para resolver la
carencia de vivienda que sufren las familias de ese municipio.
El 6 de mayo pasado se desalojó violentamente a familias enteras
integrantes de la AUV, que se encontraban en el Predio Guadalupe: uso
excesivo de la fuerza, 15 personas del movimiento detenidas y actos
violentos cometidos contra mujeres y niños, fueron parte de este
operativo llevado a cabo por policías municipales y estatales,
comandados por personal de la Secretaría de Gobierno del Estado de
México. Estos actos represivos contra la Alianza se inscriben en una
serie de ataques constantes que buscan desarticular y violentar la
organización popular.
Las y los integrantes de la Alianza sientan su exigencia sobre la
base de una lucha legítima, de una lucha que evidencia que en el Estado
de México los derechos humanos están ausentes de las agendas de
anteriores y actuales gobiernos. Las administraciones encabezados por
Peña Nieto y Eruviel Ávila, en todo momento, han mostrado una
indiferencia total al respeto e integridad de las personas de la
Alianza. La violencia ejercida contra esta organización es parte de una
cadena de acciones elaboradas por el Estado contra los movimientos
sociales y sectores que ven violados sus derechos. En este caso, no sólo
se violenta el derecho por el que luchan, como es el derecho a la
vivienda, donde el Estado hace caso omiso a sus obligaciones, sino que
también se violentan derechos de forma directa: a la libertad de
expresión, asociación y a defender los derechos humanos, reconocidos en
diversos instrumentos internacionales y en la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para que estos hechos no queden en la impunidad y en el olvido, la
Alianza Única del Valle junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra de San Salvador Atenco y varias organizaciones que siguen
luchando nos solicitan a la sociedad en general que les acompañemos y
apoyemos en la próxima Caravana por la Dignidad, la Educación y la
Libertad, a partir de este domingo 17 y hasta el martes 19 de junio. Es
fundamental que la sociedad esté atenta y que las autoridades respeten y
protejan los derechos de los movimientos y de cada persona. Ahora más
que nunca se hace necesario articular esfuerzos para fortalecer a los
movimientos que han sido agredidos, amenazados y vulnerados a causa de
ejercer la labor constante de defender sus derechos.
Es urgente que, a nivel nacional e internacional, se visibilicen
las constantes violaciones a derechos humanos que han sufrido las
personas y los movimientos sociales mexiquenses, con la finalidad de que
no se siga criminalizando la pobreza, la desigualdad, la protesta
social y la defensa de los derechos humanos.
*Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC.
Fuente: Contralínea 298
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