Alrededor de 80 comunidades y organizaciones sociales, aglutinadas en el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático (MOVIAC), exigieron al Estado salvadoreño el pago de la "deuda social y ambiental".
Con una marcha que partió del capitalino Parque Cuscatlán y se dirigió hacia el "Palacio Azul", el Movimiento entregó la mañana del jueves 24 de mayo una correspondencia a la Asamblea Legislativa, con el listado de quejas y demandas del movimiento social.
"Aquí, a la población le interesa que se garantice la soberanía alimentaría y que ya no sigan importando semillas transgénicas. Pedimos que se ratifique en la Constitución de la República el derecho humano a la alimentación”, declaró Ricardo Navarro, de la no gubernamental CESTA - Amigos de la Tierra.
El Movimiento urgió la aprobación de leyes y acciones que garanticen el bienestar y la seguridad social de la población salvadoreña, principalmente de los sectores más desprotegidos y económicamente desposeídos.
En la carta, el MOVIAC exigió al Congreso que rechace la propuesta de Ley de Arrendamiento de Tierras, ratifique constitucionalmente el Derecho Humano a la Alimentación, apruebe una Ley de Soberanía Alimentaria y elabore una legislación que proteja las semillas autóctonas para fomentar su uso, producción y conservación.
Además, pidió el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y votar por la Ley General de Agua, considerando la reducción o exoneración de impuestos para proyectos comunitarios de agua.
El Movimiento solicitó al órgano ejecutivo la inclusión de las variables "cambio climático y erosión de biodiversidad" en todas las políticas del Estado, en particular, en la política de desarrollo económico.
En cuanto al tema minero, Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), recordó la deuda pendiente de aprobar definitivamente la Ley contra la Minería Metálica en El Salvador. Y José Santos, de la Asociación de Comunidades Unidas del Bajo Lempa, señaló la urgencia de obras de protección ante inundaciones en zonas vulnerables y de alto riesgo en el país.
Por ello, el MOVIAC pidió a los diputados y diputas que emitan un recomendable al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que en el presupuesto 2013 se cree una partida presupuestaria para la construcción de obras de protección en todo el país, en especial en las regiones: Bajo Lempa, Alto Lempa, Río Paz, Jiboa y Río Grande de San Miguel.
Con respecto a los derechos humanos de las persona con discapacidad, un sector marginado de las políticas públicas, el movimiento reclamó armonizar la Convención Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, con la legislación nacional.
Así como levantar la reserva que el Estado Salvadoreño ha puesto sobre la convención, y crear una comisión específica de la Asamblea Legislativa para trabajar, en forma permanente, por los derechos de estas personas.
A propósito de la marcha, el Comité Unido para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (CUDIPD) denunció que al llegar al Palacio Legislativo, el primer portón de la entrada estaba cerrado, lo que dificultó el acceso para las personas usuarias de sillas de ruedas.
Finalmente, un grupo de parlamentarios del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), liderado por la diputada Lourdes Palacios, recibió al movimiento en la entrada del Congreso y aseguró que atenderán las demandas que se presentaron.
* Artículo elaborado con la colaboración de la Red de Comunicadores Ambientalistas de El Salvador
Vìa,fuente:
http://tercerainformacion.es/spip.php?article37666
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