Cuando el afán de lucro se constituye prácticamente en el fin único
de la actividad empresarial no es de extrañarse que en su empeño los
hombres de negocios cometan toda suerte de delitos laborales, evasiones
tributarias, colusiones contra de la libre competencia, atentados
medioambientales y abusos contra los usuarios de sus servicios. Más
todavía cuando la legislación es tibia en sancionar la falta de probidad
y la impunidad es pavorosa en cuanto a los delitos de “cuello y
corbata”.
Los escándalos se han sucedido y multiplicado desde el momento en que
la clase política y los Tribunales prefirieron abstenerse de castigar
las escandalosas privatizaciones de empresas públicas realizadas en la
Dictadura. Desde allí es que, los bancos en Chile ostentan las
utilidades más elevadas del mundo a pesar de que regularmente inflan sus
gastos y provisiones para evitar impuestos y repartir menos dividendos
entre su personal. Tal como ha quedado demostrado con la reciente
resolución de la Corte Suprema que obliga al Scotiabank a pagar más de 2
mil millones de pesos a 424 empleados que fueron burlados en sus
dividendos en el año 2007, debido a que esta entidad financiera exageró
en sus provisiones de riesgo para quedar con una rentabilidad menor al 8
por ciento sobre el que debía repartir beneficios entre sus
trabajadores.
Ya el país ha conocido la forma en que las tres principales cadenas
de farmacias convinieron en fijar los precios de sus medicamentos para
burlar así la libre competencia y asegurarse ganancias espectaculares.
Otro bullado caso de estafa empresarial que se ventila claramente en los
Tribunales, en la certeza de que las multas que alguna vez paguen
quienes se coludieron resulten la nada misma en relación a los
millonarios beneficios obtenidos por el sobreprecio de fármacos, en
muchos casos indispensables para la sobrevivencia de muchos enfermos,
como quedara demostrado en tantos testimonios de pacientes crónicos o
terminales. Se proclama todos los días la libertad para emprender y se
sacraliza al mercado, pero en todos los rubros de la producción y el
comercio sus ejecutivos conspiran de esta forma para granjearse
utilidades ilegítimas.
Frescas tenemos en la memoria la cantidad de “emprendimientos” que se
llevan a cabo con la complicidad de las autoridades en criminal riesgo
de la vida humana y la sustentabilidad de nuestros ecosistemas.
Hidroaysen y una enormidad de instalaciones que vulneran la legislación
medioambiental y que agreden el curso de los ríos sin consideración
alguna por los derechos de agua de los medianos y pequeños agricultores.
Termoeléctricas que se instalan por doquier en un país privilegiado por
los recursos que posee para producir energía limpia y renovable.
Conflictos que se multiplican de norte a sur del país frente al
desparpajo empresarial de Pascua Lama y los valles que van quedando sin
recursos de agua y/o contaminados por los desechos industriales que se
arrojan al lado de pueblos y ciudades. La población alzada de Pelequén y
ahora de Freirina por plantas industriales que contaminan el aire, el
suelo y las napas acuíferas, llegando a producir graves emergencias
sanitarias. La brutal e inmediata represión de Carabineros, por
supuesto, a quienes se ven legítimamente obligados a marchar, hacer
barricadas y cortar las vías de acceso a estos letales centros. Más de
460 mil cerdos que depositan sus heces a la intemperie porque la empresa
Agrosuper no cumple con los tratamientos que debe realizar para mitigar
las aguas servidas y evitar la catástrofe que se ha conocido. Millones
de dólares por el cierre de las faenas dispuesto por el Ministerio de
Salud, cuando el hedor se hizo insoportable y las bacterias alcanzaron
kilómetros a la redonda. Y lo que ahora se descubre: las “inversiones”
de esta empresa han sido autorizadas sistemáticamente por los últimos
tres gobiernos, pese a las múltiples protestas de la población y
oposiciones de los ambientalistas que cumplen con tanto esmero en
proteger nuestros recursos naturales y derechos sociales.
Concesiones para construir elefantiásicas multitiendas que
constituyen verdaderos atentados urbanísticos, afectan el flujo vial y
desprecian el patrimonio cultural. Como siempre, iniciativas arregladas
entre empresarios, alcaldes, seremis y esa cantidad de políticos y
funcionarios públicos acostumbrados a burlar la Ley a cambio de recibir
coimas y erogaciones al financiamiento electoral de quienes se aferran a
sus cargos de “servicio público” , devenidos en cotos de caza, de los
partidos políticos.
La rapiña y la usura empresarial que paga sueldos de hambre a más del
40 por ciento de los trabajadores chilenos, todavía inermes por la
falta de sindicalización, la corrupción que también afecta a las cúpulas
gremiales, como ese insólito acuerdo firmado por la directiva de la a
Central Unitaria de trabajadores (CUT) y la cúpula de la Confederación
de la Producción y el Comercio (CPC), en uno de los países de más altos
contraste entre el ingreso de ricos y pobres. Donde el indigno salario
mínimo es disimulado ahora, con una serie de bonos que el Estado de
Chile le dará a las familias de extrema pobreza, a fin de que los
empresarios puedan seguir recaudando ingentes utilidades gracias a la
mano de obra barata que el modelo económico vigente le garantiza a la
inversión patronal interna o extranjera. Además, por supuesto, de la
bajísima carga tributaria de las empresas y otra cantidad de prebendas
que favorece al gran empresariado y, por cierto, ni roza siquiera a las
pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Que no se nos quede en el tintero consignar que la Gran Estafa de La
Polar a más de un millón de consumidores está a punto de consolidar un
arreglo extrajudicial en que los afectados serán indemnizados por la
empresa, pero en montos que jamás alcanzarán los recursos ya defraudados
y repartidos entre sus ejecutivos. Los que luego de algunos
contratiempos judiciales podrán urdir nuevos delitos que vulneren la
confianza pública y se aprovechen de la necesidad que tantos chilenos de
vivir endeudados para sobrevivir.
Efectivamente, en la falta de ética que rige al mundo de los grandes
negocios, resulta que los empresarios mejor considerados son aquellos
que forjan rápidas fortunas sobre la base de ofrecer trabajo precario y
realizar triquiñuelas como la del multi RUT, a objeto de evitar las
demandas laborales. Así como burlar al máximo las normas
medioambientales y guarecerse con buenos estudios de abogados, en el
entendido que los costos de los litigios y las eventuales multas y
costas judiciales nunca podrán menguar el enorme valor agregado en sus
utilidades producto de vulnerar sus deberes y pisotear los derechos de
la población.
En su extrema voracidad, los dueños de estas multitiendas han llegado
al extremo de cobrar por el uso de los baños y el acceso a los
estacionamientos de los miles de clientes que, a diario, van justamente
a comprar a sus locales comerciales. En un nuevo atentado a la Ley y a
la razón que tiene alerta al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac),
institución que cada vez es más requerida por quienes son víctimas de
los establecimientos que incumplen con las garantías ofrecidas por los
productos que venden y que castigan con multas despiadadas el atraso en
el pago de las cuotas de crédito. Práctica que también se aprecia en los
centros de salud de salud que con estos cobros le ponen más utilidades
agregadas a sus abusivos cobros de atención médica y hospitalización.
*Fuente: Radio de la U de Chile
Vìa:
http://www.piensachile.com/secciones/opinion/9990-la-corrupcion-empresarial
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