Foto: Iván Herrera (Servindi)
Arana exigió al mandatario que muestre los mecanismos con los cuales se va a favorecer el diálogo para restablecer la confianza “que ha sido desgastada en Cajamarca por el cambio de actitud de cuando era candidato a ahora que es presidente”, con respecto a las defensa de las lagunas, y a su “disposición para organizar movilizaciones contra los abusos de las empresas mineras”, afirmó.
En ese sentido, pidió al Presidente que desmilitarice Cajamarca y que cese la “persecución judicial a los cientos de líderes de toda la región”. Asimismo demandó el cese del “acoso” al Gobierno Regional de Cajamarca.
De igual manera, planteó que el diálogo se realice con los actores principales del conflicto; “gobierno regional, municipios, líderes de organizaciones sociales” y que se dé una respuesta adecuada “a los 18 campesinos que fueron abaleados en la zona de las lagunas por la imposición de la empresa minera”, señaló.
Marco Arana exigió investigar y sancionar a los responsables administrativos del gobierno anterior ”que aprobaron un EIA que, como todos sabemos a estas alturas, es insuficiente e inadecuado para un buen manejo de los impactos ambientales“.
El ex sacerdote demandó al Presidente que realice una evaluación ambiental estratégica en la zona “considerando que no solo se trata de dos o cuatro lagunas o bofedales, se trata de todo un ecosistema hídrico, y se trata no sólo de Conga, sino de todos los otros proyectos mineros que tienen planificado operar en la zona”.
Propuestas para una “nueva minería”
Marco Arana anunció las propuestas de cambios institucionales y de estrategia económica que plantea su partido:
“Inmediata discusión nacional y aprobación de la nueva Ley de Zonificación Económica y Ecológica y de Ordenamiento Territorial que permita definir, con participación del Ministerio del Ambiente, los Gobiernos Regionales y Locales y la población, en dónde se puede hacer qué tipo de minería hacer, y en dónde no.
Revisión de la Ley de Consulta y su Reglamento, para que expresen verdaderamente el espíritu y la letra del Convenio 169 de la OIT que estipula consentimiento previo, libre e informado, tal como lo demandaban legítimamente las organizaciones indígenas durante el proceso de consulta recientemente culminado, y que no fueron atendidas por su gobierno.
Moratoria de nuevas concesiones mineras y suspensión de las concesiones ya dadas, para que sean evaluadas a la luz de resultados de la zonificación y el ordenamiento en las regiones, provincias y distritos del Perú.
Revisión del procedimiento de otorgamiento de concesiones, procediendo solamente con aquellas que sean viables en el marco de la zonificación económica y ecológica y el ordenamiento territorial, y que hayan sido materia de consulta previa a las poblaciones que serían impactadas.
Inmediata transferencia de la responsabilidad de la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental al Ministerio del Ambiente, y desarrollo de la propuesta de Evaluaciones Ambientales Estratégicas, revisando sus procedimientos de elaboración, consulta y aprobación e incorporando a los Gobiernos Regionales y Locales en su implementación, y por cierto asignándole más atribuciones y recursos al MINAM.
Inmediata transferencia de la responsabilidad sobre la Autoridad Nacional del Agua al Ministerio del Ambiente, incorporando a los Gobiernos Regionales y Locales en su gestión para que la gestión y el uso del agua se haga en el marco de la sostenibilidad de nuestro desarrollo y de cara a la problemática que plantea el cambio climático, y no priorizando como ahora la asignación de derechos de agua a los grandes inversionistas mineros y agroindustriales.
Fortalecer de manera sustantiva a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente otorgándole capacidad coercitiva para poder cobrar efectivamente las multas que ha venido imponiendo y evitar lo que está ocurriendo hoy en que las empresas se niegan a pagar por la contaminación y daños que provocan.”
Igualmente, Arana exigió un debate público y serio en torno a los nuevos marcos institucionales que considera deberían regir la “nueva minería”. En ese contexto, afirmó Arana, el proyecto Conga “no puede ir” , pues “ha sido aprobado con las anteriores normas, con prácticas mineras que conocemos en la región”, aseguró.
Foto: Iván Herrera (Servindi)
Se reconoció la insuficiente contribución mineraA su turno, el economista Pedro Francke señaló que la exigencia gubernamental a la empresa Yanacocha para la creación de diez mil puestos de trabajo es un reconocimiento del escaso impacto que tiene la minería en la generación de empleo, “y es un reconocimiento a la necesidad imperiosa de promover otras actividades económicas como el turismo, agricultura, ganadería e industria”, añadió
Para Francke, la propuesta de establecer un fondo social es también un reconocimiento de que el actual sistema de distribución de regalías y de cánon, -tema central de la campaña electoral de Humala-, es una contribución insuficiente.
Asimismo, pidió que el presidente precise los pormenores de sus propuestas de la generación de empleos y del fondo social.
“Hemos tenido en el pasado experiencias de fondos de fideicomiso y el posterior ‘óbolo minero’, que no dio buenos resultados para el Perú”, anotó.
Participación de gobiernos locales
Francke afirmó que las mejoras a las comunidades donde se ubican los proyectos deben pasar por los gobiernos regionales y locales, y no a través de una acción directa de la empresa minera, porque en el caso de Yanacocha “esto ha dado lugar a mucho intento de manipulación de las organizaciones sociales”, aseguró.
El dirigente de Tierra y Libertad resaltó la necesidad de abrir el diálogo en Cajamarca “sobre la base de un desarrollo regional integral, económico y social, dentro del cual no tiene que estar solamente planteado el tema de la minería del proyecto Conga”, anotó.
Vìa:
http://servindi.org/actualidad/63347
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