San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es día de visita
en la cárcel. Los presos están dispersos entre el patio central y los
corredores. Las celdas están expuestas y desde ahí, hacinados, cientos
de ellos, en su gran mayoría indígenas, observan la convivencia familiar
de quienes reciben a un pariente. Ha caído un aguacero con granizo y
todo está encharcado. El frío aquí es eterno. No hay cobija que alcance
en plena primavera.
Es
la prisión de la pobreza. Algunas mujeres con sus trajes multicolores
llegan con sus bultos de comida y su pila de hijos a la visita. Es una
cárcel con un alto porcentaje de población indígena, pero el idioma es
el español, y que se friegue el que no lo hable. Aquí, de cualquier
forma, la piel es morena.
En
un rincón del patio, medio cubiertos de la lluvia por una lona rota,
apartados de la bulla del fin de semana, los presos políticos de La Voz
del Amate y Solidarios de la Voz del Amate, ambas organizaciones
adherentes a La Otra Campaña, junto a Francisco Santiz López, base de
apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), platican y
estudian. Todo está mojado y no hay lugar para sentarse en esta
entrevista colectiva.
Dentro
del penal son un pequeño grupo que se ha ganado el respeto del resto de
los presos, pues muchos de sus casos se parecen en el cúmulo de
irregularidades en sus procesos, aunque “no todos le entran a la
organización, pues a muchos les dan miedo las represalias”.
El
coro de voces en el que participan Rosario, de la Voz del Amate, y
Alfredo, Pedro, Enrique y Alejandro, de Solidarios con la Voz del Amate,
va de sus casos particulares a las denuncia de un sistema que los
mantiene tras las rejas. Francisco, base de apoyo zapatista, sigue la
conversación en silencio. Su caso es difundido por la Junta de Buen
Gobierno de Oventik. Acaba de pasar otra terrible jugada. Preso desde el
pasado 4 de diciembre, el 22 de marzo se le notificó que saldría del
penal “pero justamente cuando faltaban unos metros para salir de la
cárcel”, denunciaron las autoridades autónomas zapatistas, sonaron “sus
maquinas de comunicación (celular) de los que supuestamente lo
liberaban, para recibir la noticia de que Francisco no puede salir, que
porque tiene otro delito federal más grave: ‘portación de arma de fuego
de uso exclusivo de ejército’ y que esto impide su liberación”.
Acusado
de un asesinato que se ha comprobado que no cometió, “nuestro compañero
Francisco fue acusado falsamente y detenido injustamente, no tiene nada
que ver con lo ocurrido en Banavil, porque no estuvo ni participó en
los hechos ocurridos en el cual se acusa. Francisco no es asesino ni
tiene arma, sólo porque la gente del pri así lo acusa falsamente”,
señala la junta zapatista.
Una
fuerte presencia, en ausencia, en este penal es la de Alberto
Patishtán, defensor de los presos y denunciante de las injusticias en
las cárceles. Originario de El Bosque, en donde se desempeñaba como
maestro y defensor de los derechos de su comunidad, Patishtán, condenado
a 60 años de prisión “por un delito prefabricado”, fue trasladado a
Guasave, Sinaloa, a dos mil kilómetros de distancia, en represalia,
denuncian sus compañeros, “por encabezar una huelga de hambre en el
otoño de 2011”.
Desde
el pasado 29 de febrero, un juez ordenó el regreso del profesor
Patishtán al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados
número 5, pero hasta el momento no se ha ejercido su derecho, “lo cual
debe hacerse inmediatamente”, dice uno de sus compañeros; mientras otro
completa la frase: “que lo regresen, pero mejor en libertad”.
“El
gobierno pensó que nos iba a acabar con el traslado del profesor, pero
se equivocó. Al principio sí fue una desmoralización, pero ahora ya
estamos reorganizados sin él, aunque nos haga falta. Estamos con lo que
nos enseñó, con lo que aprendimos. Denunciamos lo que ocurre y ya
volvimos a agarrar el paso. Se equivocaron quienes pensaron que nos
íbamos a rendir. Sabemos que cuando alguien lucha por la justicia no
todos lo ven bien, pero poco a poco nos hemos ganado el respeto de los
otros”, afirman.
Los
presos no sólo denuncian “la fabricación de delitos, la tortura para
obligarlos a firmar declaraciones inculpatorias, la falta de traductores
en sus juicios y el hostigamiento”, sino también las injusticias que se
viven dentro del penal. En estos momentos la mayor parte de ellos
padece alguna enfermedad y no hay atención médica. Alejandro Díaz sufre
alarmantes dolores de cabeza y problemas de carnosidad en los ojos.
Rosario Díaz tiene pérdida de la memoria; Alfredo López tiene un mal
crónico en la rodilla, agudizado por la falta de atención desde hace
cinco años, y Rosa, su esposa, presa en el área femenil del mismo penal,
tiene hernia umbilical. Un severo dolor matutino le impide estar en la
entrevista. “Si te sacan es porque ya te estás muriendo. Te dan
medicamentos caducados o cambiados o de plano te niegan la atención”,
señalan.
A
unos meses de que el gobernador Juan Sabines termine su periodo, los
presos le recuerdan que “sale como un violador de los derechos humanos,
aunque quiera mostrarse como lo contrario. Él gestionó el traslado de
Patishtán, aunque lo niegue, y por él las cárceles de Chiapas están
llenas de inocentes”.
El
de Sabines, coincide el grupo, “es un gobierno represor, injusto y
tirano. Ignoró la huelga de hambre pasada y se ha dedicado a lesionar
los derechos humanos de la población. Sabe que somos inocentes. Sabe que
se prefabricaron delitos. Sabe que en Chiapas no se buscan culpables,
sino quién pague el delito”.
“Estamos
más despiertos que antes”, dice Rosario, “y convencidos de que
seguiremos luchando por nuestra libertad”. “Aquí yo no veo cruces”, dice
Alfredo, “Así es que nos vamos vivos. No hay de otra”.
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Artículo publicado originalmente en el suplemento Ojarasca, de La Jornada, el 16 de abril de 2012
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