El nuevo perfil de la estructura productiva integrada a la economía
mundial y la política económica que centró sus esfuerzos en el control
de la inflación sobre el crecimiento.
Fuente: Contralínea
Al margen de quien resulte ganador en las próximas elecciones presidenciales, el desastre laboral que le transferirá Felipe Calderón será un problema incómodo, que de no enfrentarse adecuadamente agravará la descomposición social, la inseguridad del país y el descontento de la población, con sus consecuentes efectos perniciosos para la estabilidad económica y política.
El drama del mercado laboral no se
reduce a la imposibilidad estructural de la economía para generar los
empleos formales anualmente requeridos, debido al estancamiento
económico que priva desde 1983 hasta la fecha, y que se agudizó durante
el calderonismo, el nuevo perfil de la estructura productiva integrada a
la economía mundial y la política económica que centró sus esfuerzos en
el control de la inflación sobre el crecimiento. También involucra a la
precarización de las escasas plazas laborales creadas; la preeminencia
de la temporalidad a la estabilidad; la falta de contratos, servicios
médicos y otras prestaciones; bajos salarios nominales pagados o sin
remuneraciones; el drástico deterioro de los ingresos reales de las
mayorías como consecuencias del control asociado a políticas
desinflacionarias y la reducción de costos de producción; la
proliferación del autoempleo y de micro y pequeñas empresas, de las
actividades terciarias de baja productividad y de futuro incierto; la
privatización de la seguridad social; el desempleo abierto; la
informalidad; y las personas que han dejado de buscar una ocupación.
Los flujos migratorios de las zonas rurales a las urbanas o hacia
Estados Unidos, los altos índices de delincuencia o de las personas que
padecen hambre no son más que manifestaciones del deterior o del mundo
laboral.
Esa situación se ha enturbiado merced a
las sistemáticas violaciones de las leyes laborales por empresarios y
autoridades encargadas de garantizarlos, que llegó al paroxismo con el
extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano
Alarcón, tarea facilitada por la debilidad de organizaciones de
trabajadores, ya sea por las limitadas nuevas contrataciones, pérdida de
afiliados, subcontratación o por honorarios, el temor al desempleo, la
persecución que han sufrido, desmantelamiento, persecución y
destrucción, así como la expansión del sindicalismo patronal.
El problema es que ese escenario es un
componente de la naturaleza de políticas de corto plazo y reformas
estructurales neoliberales, en particular de la llamada “flexibilidad”
laboral. Un modelo de desarrollo socialmente incluyente, que anteponga
el bienestar de la sociedad como razón de Estado, debe contener varios
elementos básicos: recuperar el crecimiento sostenido a largo plazo a
tasas de crecimiento real anual de al menos 6 por ciento, para generar
los empleos requeridos e iniciar la reabsorción de los marginados del
mercado laboral, lo que implica modificar la estructura productiva,
recuperar la intervención activa del Estado, impulsar el mercado interno
y modificar la apertura externa y la participación de México en la
economía mundial; incrementar anualmente los salarios por encima de la
inflación, con el objeto de revertir la pérdida de su poder de compra
real iniciada en 1976; restablecer las conquistas laborales de los
asalariados consagradas en la Carta Magna y las leyes secundarias; un
nuevo pacto entre asalariados, empresarios y el Estado, al respetar los
intereses de ambos sectores sociales y de acuerdo con las necesidades
de la producción, es decir, desechar la “flexibilidad” laboral (que sólo
ha servido para aumentar las ganancias de los grandes empresarios a
costa de la pobreza y miseria de las mayorías).
Cualquiera de los candidatos
presidenciales que proponga mantener el proyecto neoliberal y llevar
adelante la contrarreforma laboral, bajo el falaz argumento de que así
se mejorará el nivel del empleo y bienestar, sólo está engañando a los
trabajadores, ya que, en todos los lugares donde se han aplicado, ellos
han sido los principales perjudicados.
La información disponible ofrece los
elementos necesarios de lo que ha sido el panorama laboral durante el
gobierno calderonista y del panismo. Entre 2007 y 2010, se necesitaron 1
millón 357 mil empleos nuevos en promedio anual, 6.9 millones de manera
acumulada. De éstos, cada año se ocuparon como asalariados subordinados
y remunerados apenas 525 mil, lo que suma 2.6 millones, (casi el 40 por
ciento del total). El resto, 834 mil personas anualmente, 4.2 millones
en cinco años, se vieron obligados a buscar diversas formas de
supervivencia. Unos laboraron pero no recibieron ingresos, otros
obtuvieron percepciones no salariales o se ocuparon por su cuenta en el
mercado formal, (en su mayoría en las peores condiciones de trabajo). El
resto quedó desempleado, se incorporó a la informalidad o simplemente
vegeta a costa de su familia o, en el peor de los casos, se dedica a la
delincuencia. Durante el sexenio de Calderón se demandarán 8 millones y
sólo tendrán suerte de encontrar algo 3.2 millones. En el panismo
(2001-2012) se requerirán alrededor de 13 millones y poco más de 7
millones se quedarán a la vera del camino.
La suerte de aquéllos que han
encontrado empleo en el mercado laboral formal es relativa: el 64 por
ciento se vieron ocupados a emplearse sin prestación de servicios de
salud y con ingresos cada vez más precarios. En 2007 habían 46.6
millones de ocupados, en promedio. De éstos sólo el 8.5 por ciento (cada
vez menos, porque en 2007 equivalían al 12 por ciento) 3.9 millones
recibieron ingresos mayores a cinco veces el salario mínimo. Los demás,
junto con sus familias, no alcanzan la capacidad para cubrir sus
necesidades elementales (alimentación, salud, vestuario, educación o
vivienda, entre otros). Peor aún, el 65 por ciento, 30 millones, no
percibieron ingresos o sólo hasta tres veces el salario mínimo, lo que
los condena a sobrevivir en la miseria y la pobreza extrema. La mayor
parte de los empleos generados se ubican entre uno y dos veces el
salario mínimo.
La historia de los asalariados
subordinados remunerados, 30 millones en promedio, reproduce la historia
anterior. De éstos, 16 millones, el 53 por ciento, tiene acceso a los
servicios de salud; 19 millones, el 60 por ciento, a prestaciones
laborales; 13 millones, el 49.3 por ciento, tiene planta o contrato
indefinido; la mitad trabaja una jornada laboral formal (35-48 horas
semanales); y sólo 2.8 millones ganan más de cinco veces el salario
mínimo. El resto sobrevive como puede.
Junto a las 46.6 millones de personas
ocupadas que había en 2011, existían 4 millones de subocupados,
equivalentes al 9 por ciento de los ocupados; 2.6 millones desempleados;
13.4 millones de informales, casi el 30 por ciento de los ocupados (al
inicio del calderonismo eran 11.6 millones); y 6.2 millones de personas
que desistieron de buscar un trabajo por considerar que no lo
encontrarían. Los desocupados, los informales y los que ya no buscan
empleo suman 22 millones, el 47 por ciento. Es decir que por cada dos
ocupados, uno se encuentra en la condición señalada. Al inicio del
sexenio eran 18 millones.
En términos de los salarios reales
sólo basta decir que los mínimos han perdido el 78 por ciento de su
poder de compra que tenían en 1976, y los contractuales la mitad,
equivalente al de finales de la década de 1940. En el cuadro y la
gráfica anexos se ofrece una información más detallada de la situación
del mercado de trabajo en el calderonismo.
De los candidatos a la Presidencia,
los de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional,
respectivamente, nada tienen que ofrecerle a los trabajadores, más que
una sobredosis.
Vìa,fuente :
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/9327-m%C3%A9xico-el-drama-del-empleo-herencia-del-panismo.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/9327-m%C3%A9xico-el-drama-del-empleo-herencia-del-panismo.html
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