La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado el 29 de febrero una Jornada de Acción, para que los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea puedan expresar su rechazo a las políticas que las autoridades europeas están imponiendo y su apoyo a las alternativas del movimiento sindical para salir de la crisis.
CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que participen en las movilizaciones y actos que se celebren en todo el Estado, el próximo 29 de febrero, con motivo de la Jornada de Acción Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en defensa del empleo, los servicios públicos y la justicia social, y también en nuestro país contra la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP. Con estas movilizaciones, los sindicatos quieren mostrar su firme oposición a las políticas de austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales que llevan impulsando, desde hace dos años, las instituciones y Gobiernos europeos como única respuesta a la crisis, y que se están materializando, tanto en España como en la UE, en más paro y en importantes recortes de derechos laborales y sociales, así como en un aumento de la pobreza y la desigualdad.
Rechazo al nuevo Tratado y a las políticas de juste y recortes sociales
Desde mayo de 2010, las instituciones de la UE están imponiendo políticas de austeridad, ajustes presupuestarios, recortes sociales y las llamadas reformas estructurales, especialmente en los mercados laborales. Estas políticas, cuyos objetivos declarados eran ganar la confianza de los mercados para que los Estados pudieran financiarse con tipos de interés bajos y reducir los niveles de déficit y deuda públicos en un corto espacio de tiempo, han resultado un completo fracaso. La crisis de las deudas soberanas se ha extendido y hecho más aguda. Hoy, la prima de riesgo de la deuda pública española es más del doble de la que había en abril de 2010 y ha llegado a ser tres veces mayor en los peores momentos de inestabilidad financiera. Los objetivos de reducción de los déficits públicos tampoco pueden cumplirse, a pesar de los brutales recortes presupuestarios, o precisamente por ellos.
Los daños colaterales de estas políticas son dramáticos: se ha pasado de la recuperación de la economía a una nueva recesión en toda la UE, el paro ha aumentado, lo mismo que la pobreza y la desigualdad. La crisis ha pasado a ser, también, social y política.
Existen alternativas
El sindicalismo europeo ha presentado alternativas a políticas “tan injustas como fracasadas”. Frente a la crisis de las deudas soberanas proponen: emisión de eurobonos, reforma del Banco Central Europeo, impuesto a las transacciones financieras; supresión de los paraísos fiscales; regulación del sistema financiero para que los poderes públicos gobiernen a los mercados y no al revés como hoy sucede, etc. Frente a la recesión económica y el paro detallan: plan europeo de inversiones en economía sostenible, programa europeo de empleo juvenil, ampliación de los plazos para la reducción de los déficits públicos, etc. Frente a las contrarreformas estructurales piden: un Nuevo Contrato Social Europeo para renovar y reforzar los pilares del Modelo Social Europeo y preservar el Derecho Laboral y la negociación colectiva. Y, frente al modelo antidemocrático del nuevo Tratado: gobierno económico de Europa que tenga también competencias sobre impuestos y persecución del fraude fiscal, que priorice el empleo y el crecimiento sostenible, que se ocupe de las políticas industrial, energética y medioambiental, y que responda ante el Parlamento Europeo.
No a la reforma laboral
El Gobierno del PP acaba de aprobar por Decreto-Ley, sin consulta alguna con los interlocutores sociales, una reforma laboral que supone, a razón de los sindicatos, “el mayor ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en democracia.” Esta reforma laboral facilita y abarata el despido: la mayoría podrán ser considerados procedentes, con 20 días de indemnización por año trabajado, y la indemnización de los improcedentes se rebaja de 45 a 33 días y su tope de 42 a 24 meses. Se suprime la autorización administrativa para los ERE y se abre la puerta para despedir a los contratados laborales fijos de las Administraciones Públicas. Se permite el despido procedente de trabajadores en baja justificada por enfermedad. El nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, especialmente bonificado, tendrá despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato junto con el nuevo, y también precario, de formación para jóvenes desmienten todo lo dicho sobre la necesidad de reducir los tipos de contrato. También se degrada el contrato a tiempo parcial permitiendo que el empresario modifique unilateralmente su jornada.
Uno de los peores capítulos de la reforma es el que se refiere a la negociación colectiva. Vulnerando en cuestiones clave el acuerdo recién suscrito entre CCOO, UGT y CEOE-CEPYME, concede al empresario la capacidad para modificar unilateralmente todo lo pactado en el convenio, incluidos los salarios, equiparando las causas de descuelgue a las del despido objetivo. Toda la nueva norma está orientada a individualizar las relaciones laborales, potenciar el convenio de empresa –debilitando los convenios sectoriales– y reforzar al máximo la capacidad de decisión unilateral de los empresarios para fijar las condiciones de trabajo, limitando la capacidad de acción de los sindicatos para defender a los trabajadores y trabajadoras.
La imagen del ministro Guindos diciendo servilmente al comisario Rehn que la reforma “va a ser extremadamente agresiva… te va a gustar” lo dice todo sobre las relaciones entre el Gobierno de España y las autoridades europeas.
Vìa,fuente :
http://tercerainformacion.es/spip.php?article34280
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