Servindi... 2012.- Es un pedido nacional. No privatizar el
agua, no tocar las cabeceras de cuenca ni los glaciares y reconocer el
acceso al agua como un derecho fundamental. El sentido común reclama a
las autoridades nacionales la protección urgente del agua y provisión de
un conjunto de instrumentos de política ambiental, como la gestión
adecuada de recursos hídricos, ordenamiento territorial, moratoria de
concesiones, entre otros.La marcha que
empieza este 1 de febrero va logrando la solidaridad de regiones en
donde la minería se disputa el agua con el ecosistema. Arequipa se
moviliza, Cusco y el norte también y las organizaciones sociales de Puno
envían esta carta de respaldo.
Carta abierta en defensa del agua y la vida
Organizaciones sociales, instituciones, líderes y autoridades locales
de la región de Puno participantes en el “Foro Regional por la defensa
del agua y de la vida”, que se desarrolló el 27 de enero en la ciudad
del Lago Sagrado de los Incas, capital de la región de Puno a la opinión
pública decimos:
Primero.- Expresamos nuestra solidaridad con el
pueblo cajamarquino, al Comité Unitario de Lucha por la Defensa del Agua
y la Vida – Cajamarca, con la Comisión Organizadora de la Marcha
Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida, por su compromiso por la
defensa del agua y de la vida.
Segundo.- Expresamos nuestro respaldo a la temática diseñada para la gran Marcha Nacional por la defensa del Agua y de la Vida.
Tercero.- Por la declaratoria internacional del
Titikaka como el Lago amenazado por los altos índices de contaminación
en el Día Mundial de la Protección a los Humedales (declaratoria apoyada
por la Red Mundial de Lagos Vivos y la Fundación Global Nature,
organismos apoyados por la ONU); junto a la descontaminación del Lago
Titikaka, las cuencas del Ramis, Suches, Ilave, Río Callacami entre
otros y la construcción e implementación de una planta de tratamiento de
las aguas residuales en la ciudad de Puno; queremos alcanzar nuestras
reflexiones:
Una realidad que duele
Hoy experimentamos un nuevo hecho que podría convertirse en una
amenaza para toda la vida de las personas y los pueblos: el débil acceso
y calidad del agua para el consumo de la población, para las
actividades agropecuarias, pesca, culturales, turismo y otras
actividades sostenibles y renovables, esto debido al desequilibrio
ocurrido entre el modelo de desarrollo económico imperante, el
aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y la desprotección
del medio ambiente, que no contribuyen al desarrollo integral de las
personas, ni garantizan para que las futuras generaciones tengan derecho
a un ambiente sano y una vida digna.
Los impactos ambientales en los recursos hídricos se visualizan más
en los sectores sociales más vulnerables. La Región de Puno es el cuarto
departamento más pobre con el 60.8 % de población pobre (ENDES 2011) y
46 % de pobreza extrema. La desnutrición crónica en niños menores de 5
años alcanza al 19. % y la anemia ataca a más del 78% de la población
infantil regional.
Pese a que existe nueva normatividad (Ley 29338) y una nueva
institucionalidad nacional favorables para la gestión del agua, no hay
políticas públicas concretas para cambiar y remediar la situación actual
que vivimos en la Región de Puno: la contaminación del agua dulce
alcanza al 80%; sólo el 25% de la población regional accede a agua
segura; carencia de monitoreo de la calidad de agua; falta de
información de la calidad de agua disponible al público; la ausencia de
laboratorios acreditados para el análisis de agua, aire, y suelo.
Existen más de 31 botaderos de residuos sólidos a cielo abierto, que
finalmente causan problemas de contaminación de las aguas subterráneas;
existen 35 puntos sin sistemas de tratamiento de aguas servidas o
residuales domésticas; el 90% de la población regional no tiene una
cultura sobre el cuidado del agua en sus diferentes actividades;
insuficiente análisis científico de la disponibilidad del recurso
hídrico a largo plazo para determinar la factibilidad de las estrategias
de desarrollo social, político y económico. A esta realidad se suma la
creciente depredación y agotamiento de recursos, el calentamiento
global, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, entre otros, que
caracterizan la situación crítica ambiental actual de nuestra región.
Estas y otras preocupaciones están recogidas en la Agenda Regional Medio
Ambiente y en la Agenda Regional del Agua elaborada en espacios de
concertación y firmadas por las autoridades regionales y locales.
El agua es un derecho humano
El Estado peruano debe reconocer en la legislación actual que el agua
potable y el saneamiento son un derecho humano; un derecho que es
esencial para la realización de todos los demás derechos humanos, puesto
que, sin agua no hay vida. La contaminación del agua es una de las
principales causas de mortalidad en los pueblos más pobres; y que, en el
Perú, son las ciudades, que no hacen adecuado tratamiento de sus aguas,
y la minería las dos principales causas de la contaminación de las
aguas dulces. Es imperativo, entonces, que la Constitución Peruana
reconozca que el agua y el acceso a la misma, en calidad y cantidad
adecuadas, es un derecho humano concordante con la declaración de la
Asamblea General de la ONU que reconoció en julio de 2010 el acceso al
agua potable y el saneamiento como derecho humano básico.
Prohibición de minería en cabeceras de cuencas y glaciares
Puno no es región minera, sino una región con una gran riqueza en
biodiversidad y múltiples bienes naturales (pesca, forestales, agua,
también minerales) así como de numerosos bienes humanos diversos con los
cuales podemos alcanzar el buen vivir.
Reconocemos que la principal riqueza de nuestra región es su gente y
su cultura, sobre todo, cuando ésta sabe utilizar responsablemente los
bienes naturales para lograr mejores condiciones de vida para todos. En
Puno existen más de 2,262 concesiones mineras ocupando más de 1’ 089,
159.33 has. de tierra regional. Sólo en el 2010 se han registrado 1,656
solicitudes de concesiones mineras y en el primer semestre del 2011 se
habían registrado más de 1,500 solicitudes. Los efectos de la minería
irresponsable en Puno han dejado más de 522 Pasivos Ambientales Mineros
PAM (se define como PAM instalaciones, emisiones, restos o depósitos de
residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas,
que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la
población, el ecosistema y la propiedad).
De los más de 6,847 PAM existentes en el país, actualizados al mes de
agosto del 2011 (Resolución Ministerial Nº 267-2011-MEN/DM), Puno es la
segunda región con el mayor número de Pasivos Ambientales Mineros y en
Puno se encuentra el octavo pasivo ambiental más peligroso del país:
Condoraque con más de 1’200,000 toneladas de relaves mineros dejadas por
la empresa minera Regina – Palca XI, ahora responsabilidad de la Minera
Sillustani S.A.. Allí las aguas muertas queman. Por eso, no debe
desarrollarse la minería en lugares de alta vulnerabilidad ecológica,
como son las cabeceras de cuencas y los glaciares donde nacen las aguas
de las cuales depende toda la vida. Nuestro país es el tercero que
sufrirá los efectos negativos del cambio climático, como la crisis
ecológica y la escases del agua. Entonces, no podemos permitir que sigan
dando permisos a actividades de alto impacto ambiental, como es la
minería, para que ésta siga destruyendo lagunas, glaciares o alterando
los cursos de los ríos y quebradas, o contaminando las aguas
superficiales y subterráneas como ocurre hoy en día.
Prohibición de minería con cianuro y mercurio
Siendo la minería una actividad importante en el país, su crecimiento
y expansión deben ser limitados cuando ponen en riesgo la salud, el
derecho al agua o violan los derechos humanos. El derecho a las
inversiones y al trabajo que tienen las mineras no puede estar por
encima del derecho que tenemos los pueblos especialmente los más pobres
cuando una inversión, por importante que sea, afectará gravemente
nuestras vidas, nuestra seguridad y tranquilidad, nuestro derecho al
agua, a un medio ambiente sano y saludable y también a la biodiversidad y
al paisaje.
Tanto la pequeña como la gran minería, se han vuelto actividades
químicas de alto riesgo ambiental, puesto que utilizan inmensas
cantidades de sustancias altamente tóxicas que envenenan el planeta y,
de manera particular, nuestras aguas, suelos y aires, poniendo en serio
peligro nuestra salud y la de las generaciones futuras. En su proceso de
extracción, frecuentemente la minería utiliza mercurio, que es una
sustancia química altamente tóxica. Por su parte, la minería ilegal
utiliza, sin control, grandes cantidades de mercurio que están generando
gravísimos daños ambientales que deben ser cancelados inmediatamente.
El cianuro es una de las sustancias tóxicas más peligrosas que se conoce
en el mundo; por eso, en muchos países, su utilización ha sido
prohibida. En cambio, en el Perú, el cianuro es la principal sustancia
usada en la gran minería aurífera.
Derecho a la consulta para todos los pueblos
Los pueblos originarios, después de años de lucha, lograron que por
fin el Estado promulgara la ley de consulta previa, libre e informada.
Ahora su Reglamento está en proceso de aprobación; sin embargo, la lucha
ciudadana en nuestro país debiera ser también para que se reconozca el
derecho de consulta previa a todos los ciudadanos y ciudadanas en aquel
tipo de proyectos que pueden afectar su salud, su seguridad y el respeto
de los derechos humanos. Se requiere que el reglamento de la ley de
consulta que se va a promulgar próximamente, cautele en realidad los
derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades
campesinas, y que además se formulen leyes de consulta previa a todos
los pueblos que van a ser afectados por proyectos mineros o petroleros.
En Puno, de las trece provincias, once están afectadas por las
concesiones petroleras.
Foro Nacional de Justicia Hídrica
De un tiempo a esta parte, los conflictos socio-ambientales se han
convertido en una de las primeras fuentes de amenaza a la vida,
inestabilidad, violencia y protestas sociales. Sistemáticamente se viene
dando alertas tempranas de la ocurrencia de conflictos a lo largo de
nuestra región, los cuales son desatendidos en su etapa inicial por el
Estado (Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local), siendo
recién encarados en la etapa de crisis. La mayor fuente de conflictos
socio ambientales en el país está relacionada con las actividades
mineras y la afectación del derecho al agua. Miles de campesinos sufren
persecución, carcelería, multas, han sido detenidos, hasta han sido
torturado, y en Puno mueren 07 campesinos en Juliaca el 24 de junio del
2011, por defender el derecho al agua y un medio ambiente sano.
Se ha incrementado los conflictos sociales en número e intensidad,
debido a la falta de voluntad política en los funcionarios públicos,
debilidad en las capacidades de las estructuras y funciones en las
instituciones centrales, regionales y locales de percibir, analizar,
prevenir y atender las demandas sociales. Se da cuenta a nivel nacional,
de 148 conflictos activos y 67 latentes. Puno ocupa el primer lugar con
20; le siguen Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. De estos conflictos
sociales el 55% se refieren a conflictos por actividades extractivas y
pasivos ambientales. Estos conflictos se dan por lo general cuando
empresas mineras (formales e informales) y de hidrocarburos pretenden
ingresar o ingresan a territorios de comunidades campesinas quechuas,
aymaras y amazónicos, sin respetar el derecho a la consulta, sin
respetar el medio ambiente, la cultura (cosmovisión andina) y los
recursos naturales, indispensables para la sobrevivencia de los pueblos
andinos.
Cuarto.- Frente a esta situación los firmantes del
presente documento nos comprometemos a trabajar por la necesidad urgente
de instalar el Foro Regional (Mesa de Concertación) de Justicia Hídrica
desde el cual haremos seguimiento de los conflictos hídricos que hay en
la región. Visibilizaremos la verdad de los hechos. Crearemos una
instancia de sanción ética a los destructores y contaminadores del agua.
Promoveremos iniciativas legislativas en torno al derecho al agua.
Proporcionaremos un espacio de debate permanente de la problemática del
agua en el contexto del cambio climático y de la implementación de una
política económica al servicio de la gente. Asimismo acompañaremos las
luchas de nuestros pueblos que defienden el agua y buscan cambios en la
región y el país para que haya justicia hídrica y ecológica.
“El manejo del recurso agua es el primer paso para aliviar la pobreza”
(Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002)
Puno, Enero del 2012
Derechos Humanos y Medio Ambiente
FDCP (Comisión Organizadora del Congreso)
ADEMUCP
Liga Agraria de Huancané
Red Muqui Sur
IDECA
ISADH- Juliaca
IDEAL Puno
Parroquia de Huancané
AMUCEP – Collao
ADEMUP-Huancané
Parroquia de Centro Poblado de Salcedo de Jaillihuaya
Instituto de Desarrollo Rural Juli
ISAIAS Domingo Llanque Chana
Federación de Estudiantes Residentes Taraqueños de la UNA Puno
Líderes y autoridades locales
QHANA ARU (Ilave)
FEPROMUVIDI-Yunguyo
MALLKU
Central de Barrios de Puno
SERVINDI
Juntas Administradoras de Agua Potable (Zepita)
Comité de Regantes
Comunidad Campesina de Tahuaco
Federación Distrital de Campesinos de Orurillo FEDICO
Federación Provincial de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Puno FEPMUCARINA
Siguen otros
Vìa:http://servindi.org/actualidad/58310
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