Gabriel Boric, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
Un grupo de dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile y
la Coordinadora Por la Lucha de los Pueblos entregaron un emplazamiento
a los parlamentarios, pese a que Carabineros procedio a cerrar todas
las rejas del Congreso Nacional en Valparaíso.
Legislar para las mayorías o en contra de ellas
Es un dato de la causa, que el actual sistema político que nos fue
impuesto en 1980 –a pesar de sus reiteradas modificaciones cosméticas- está agotado.La Constitución, impuesta en 1980, tuvo como objetivo dar sustento institucional a un modelo económico depredador cuya fuerza motriz es el afán de lucro.
Esto significó el establecimiento de un Estado subsidiario que facilita la acumulación de ganancias a la empresa privada (nacional y extranjera), y disgrega y desarticula a las bases sociales para que estas no estorben al proceso de acumulación. A su vez, impuso un orden institucional que, hasta el día de hoy, ha mantenido alejada a la ciudadanía de las grandes decisiones políticas del país.
Lo anterior, fue puesto en evidencia por el reciente proceso de movilizaciones sociales: desde las protestas por Barrancones, pasando por la masiva resistencia magallánica, las movilizaciones contra el Proyecto HidroAysén y la marejada estudiantil.
Las encuestas lo dicen claramente: hoy el país no quiere vivir más en una sociedad arrinconada por inescrupulosos, que no han vacilado en apropiarse y privatizar el patrimonio de nuestro pueblo. En virtud de lo anterior, los grupos económicos y sus operadores políticos, al amparo de esta constitución, mercantilizaron nuestros derechos y nuestros servicios sociales más básicos (Educación, Salud, Previsión, Energía Eléctrica, Agua Potable, y Telefonía, entre otros).
Las estadísticas mundiales lo confirman, Chile es uno de los países con la peor distribución del Ingreso, donde unas pocas familias (muy vinculadas entre sí), se reparten la torta y los cargos públicos. Cuando las autoridades se vanaglorian de que el Per Cápita es de más de 16 mil 500 dólares anuales, los ocho millones de trabajadores que subsisten con el salario mínimo, no pueden acumular sino sólo deudas y rabia.
EL MIEDO DE LOS DUEÑOS DE CHILE
No es de extrañar que cuando miles de chilenos se vuelcan a las calles a manifestar su rechazo a este “estado de cosas”, los dueños de los fondos de pensiones, de las ISAPRES, de los bancos, de las minas, de colegios y universidades, de las empresas de energía, y del retail, entren en pánico y exijan al Gobierno más control y una contención decidida de la protesta social.
No es casualidad, por tanto, que una semana antes de fiestas patrias, la Cámara Nacionalde Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) haya enviado un documento al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en el cual, preocupados por los saqueos y los desórdenes públicos, propusieron una solución al jefe de gabinete, elaborando un proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objetivo de sancionar con penas más duras las formas que adquiere la movilización social. El texto legal fue redactado por Miguel Otero Lathrop, consejero dela CNC, ex diputado RN y ex embajador de Piñera en Argentina, quien fue removido del cargo tras dar una entrevista al Diario Clarín donde justificaba el golpe militar de 1973.
Este documento ha sido la base del Proyecto de Ley “que fortalece el resguardo del Orden Público” presentado al Congreso el 27 de septiembre del 2011 por Piñera y Hinzpeter. Sus premisas son muy claras: sancionar con penas de cárcel a cualquier funcionari@, trabajador@, estudiante, ambientalista o vecino@ que se atreva a manifestar su descontento.
¡CÁRCEL PARA TODOS Y TODAS!
La normativa reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, a los que participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que implique: paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia, electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; o causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular.
Es decir, a cualquier estudiante o profesor que cansado de los abusos se le ocurra ocupar un Ministerio, una Secretaría Regional Ministerial, un colegio o universidad; o trabajadores de la salud que se tomen un Hospital, un policlínico o una dependencia municipal; deudores habitacionales, pescadores artesanales, pobladores que se tomen una calle o un camino para hacer visible sus conflictos, o aquellos que salgan a marchar sin permiso… ¡Terminarán encarcelados!
Simultáneamente, y continuando con el blindaje a las policías iniciado a mediados de los 90, sanciona también con pena de cárcel a quien no se someta bovinamente al abuso policial, y amplia las facultades de estos organismo, para detener, inculpar y requisar material audiovisual. El país es testigo de cómo Carabineros amedrenta, golpea y detiene a fotógrafos o videístas que registran sus abusos con la población indefensa. Al amparo de esta ley, podrán impunemente confiscar todo material que los comprometa.
¿PROYECTO DE LEY QUE INTERPRETA A LAS MAYORÍAS?
En un Estado de derecho, para que una ley tenga visos de legitimidad, debe cumplir con un mínimo de requisitos. Uno de éstos es concitar un cierto consenso social respecto a la peligrosidad de las conductas que se pretende sancionar.
¿Quién puede sostener, de manera legítima, que la movilización social es negativa para los intereses del pueblo chileno, cuando fueron ellas las que en su momento permitieron desestabilizar una dictadura, frenar el aumento del gas en Magallanes, y poner en el centro de la discusión pública los graves problemas generados por el desigual sistema educacional en Chile?
Las sanciones penales –especialmente la cárcel- son las sanciones más graves de las que dispone la ley para castigar conductas consideradas disfuncionales desde el punto de vista social. De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso para defender el orden establecido.
El establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas –como la libertad-, debe estar especialmente justificado en razones de estricta necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El “Proyecto de Resguardo del Orden Público” no cumple con ninguna de estas condiciones. Pretende sancionar conductas abiertas – marchar sin permiso, romper un candado o apartar a un portero puede ser tipificado como violencia-, y que en la mayoría de los casos son expresión de una forma legítima de manifestarse, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales, como lo han establecido diversas Cortes de Apelaciones, ante las querellas interpuestas por sostenedores.
RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA
El descrédito de las instituciones, repetido hasta el cansancio por todas las encuestas de opinión; la poca credibilidad del gobierno, la sospecha de que muchos parlamentarios están sólo al servicio de quienes les financian las campañas, hacen temer que una ley que nos condenaría al ostracismo social, pueda ser aprobada “entre gallos y medianoche”.
La responsabilidad inmediata de frenar esta ley está en manos de diputados y senadores. Sin embargo, la forma en que han co-administrado el país durante 21 años, no da garantías de que, de una vez por todas, comiencen a legislar en pro de las mayorías ciudadanas y de la democracia. Asumiendo esto, les suponemos hoy, un grado de inteligencia y sensibilidad social mayor que el exhibido por el conjunto del Poder Ejecutivo.
Como los Honorables bien saben, el que cientos de miles de ciudadanos salgan a marchar por diversas causas, que miles de estudiantes ocupen por meses colegios y facultades, es un síntoma de que el malestar nacional ya rebasó los límites de nuestro sistema institucional. De esta manera, deben preguntarse, ¿Qué pasará si a nivel legislativo se cierran todos los espacios posibles de expresión ciudadana? ¿Qué les queda a los actores sociales para manifestar su descontento y visibilizar sus demandas?
¿Están dispuestos a pagar el costo histórico de aprobar una ley liberticida y antidemocrática –una nueva Ley Maldita-, que de todas maneras no podrá ser acatada?
Que el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, intenten contener la movilización social encarcelando a todo aquél que manifieste su descontento, sólo se explica por su desesperación, ineptitud y falta de criterio; pero de legisladores –que en su mayoría llevan años ejerciendo el cargo- esperamos un mínimo de cordura y responsabilidad.
No hace falta ser cientista social, para comprender que al cerrar todas las válvulas de la caldera social, sólo puede generarse un estallido de imprevisibles consecuencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario