Esta mañana el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo
Castillo, y el diputado PPD, Enrique Accorsi, dieron a conocer nuevos
antecedentes de presuntas irregularidades en la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) en favor del proyecto HidroAysén, que apuntan a delitos
por parte de los servicios públicos.
A las diversas irregularidades e ilegalidades que detectó la Comisión Investigadora de HidroAysén de la Cámara de Diputados se suman ahora posibles delitos cometidos por los servicios públicos que dieron su aprobación al megaproyecto energético.
Según indicó el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, en las diversas indagaciones se ha podido detectar la existencia de una verdadera organización criminal para aprobar este proyecto, alterando informes y violando leyes del Estado.
“Aquí hay además un fraude al fisco. Siendo un bien nacional de uso público para que éste pueda ser usado por terceros con fines comerciales tiene que haber previamente una concesión, una desafectación o una pérdida de la calidad del bien fiscal. El caso del Parque Nacional Laguna San Rafael sin perder estas condiciones fue autorizada su inundación por parte de la Corporación Nacional Forestal y por la Comisión de Evaluación”, precisó el jurista.
El abogado recordó que en enero de 2011 se presentó una querella ante la Fiscalía, instancia que elaboró un reporte policial que determinó la falsificación de los informes que presentó la CONAF. Con este antecedente Castillo anunció que “llegarán hasta las últimas consecuencias para que se sancione a los responsables”.
Por todas estas razones y frente al giro que dieron los servicios públicos, este martes interpondrán la primera denuncia ante la Fiscalía Centro Norte y anunciaron que seguirán presentando querellas criminales contra todos los organismos que así lo ameriten.
Dentro de las diligencias se incluye investigar a los ya conocidos organismos como la CONAF, La Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), pero también al resto de los 32 organismos que cambiaron su parecer en el proceso de aprobación.
Por su parte, el diputado PPD, Enrique Acorssi, puso el acento en la presión indebida que realizó el ministro del Interior al señalar, a través de un medio de comunicación, el apoyo del gobierno al proyecto. En esta línea, apuntó a la alta vulnerabilidad de la actual institucionalidad ambiental y, en especial, del servicio de evaluación.
“El 80 por ciento de las personas que están encargadas de la evaluación de los proyectos o sancionarlos, son funcionarios a contrata no de planta. Esos empleados son evaluados todos los años y su contrato depende de cómo han seguido las instrucciones del Gobierno de nivel central. Entonces la precariedad que tienen ellos desde el punto de vista del mantenimiento de su puesto laboral es importante”, denunció el parlamentario.
“La trenza entre el estado y los empresarios es muy firme. El proyecto no se debió haber aprobado en 2008 ni en 2010, tal como indica el informe”, reiteró el diputado, para quien está claro que HidroAysén “no reunía, ni reúne, las condiciones ambientales necesarias”.
Vìa, fuente :
http://radio.uchile.cl/noticias/139518/
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