En el Estado español se está penalizando la solidaridad con las
personas más vulnerables. En los últimos tiempos hemos comprobado como
la policía detenía a personas que habían mostrado su apoyo con familias
que son desahuciadas de sus casas por los bancos o las Administraciones.
Por ejemplo, una joven madrileña acudió a apoyar a una familia que iba a
ser desahuciada en el barrio madrileño de Manoteras. La acción de apoyo
consistió en hacer una sentada pacífica en el portal de la vivienda
para intentar impedir el paso de las autoridades judiciales. La policía
desalojó violentamente la protesta y el desahucio se llevó a cabo. Horas
más tarde, mientras la joven paseaba por la calle unos policías se la
acercaron y la detuvieron. La encerraron en comisaría hasta que fue
puesta en libertad con cargos y a la espera de un juicio.
En estos casos las acusaciones más habituales son desacato al a
autoridad o incluso, por increible que parezca dado el carácter
absolutamente pacífico de las protestas, por agresión a la policía.
Otro ejemplo de cómo se está penalizando la solidaridad es el de
Sonia en la localidad valenciana de Gandía. Sonia pertenece al
Movimiento 15-M y quiso solidarizarse el pasado mes de septiembre con un
vendedor callejero, migrante senegalés, al que perseguía la policía por
la playa. Su apoyo se ha traducido en una trato vejatorio por parte de
la policía y una posterior condena.
Desde Radio Klara, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Sonia.
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Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org
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