Organizaciones ambientales han advertido que se necesitan políticas
públicas más claras respecto a seguridad laboral, información,
transparencia y la entrega de una digna atención en salud teniendo en
cuenta a aquéllos afectados que no pueden volver el tiempo atrás.
El pasado 22 de diciembre, cerca de 70 trabajadoras agrícolas
fueron atendidas en distintos centros asistenciales de Pelarco y Talca
en la región del Maule, producto de una intoxicación masiva por
pesticidas registrada en el fundo Orti – Pérez, ubicado en la localidad
La Esperanza en la ruta K-45, camino a Pelarco.
María Elena Rozas de la Red de Acción en Plaguicidas y sus
Alternativas de América Latina (RAP-AL), manifestó en conversación con
Radio Universidad de Chile que “no hay buenas prácticas” en el sector,
lo que se refleja en diversas consecuencias que son permanentes.
“Hay una intoxicación crónica que no aparece en las noticias ni en
ninguna parte y es incluso más grave que una intoxicación masiva aguda
porque es permanente durante todo el año y durante mucho tiempo. Eso
deviene en enfermedades graves como cáncer y otras alteraciones
genéticas que se expresan en otras generaciones”, denunció la dirigente.
María Elena Rozas aclaró que “la intoxicación aguda es la punta de
iceberg de un problema mayor que ocurre en Chile desde hace muchos años y
que no se ha podido legislar a fondo”.
“(La legislación) es insuficiente y siempre que hemos planteado
soluciones más radicales como la prohibición de los plaguicidas dañinos,
el ministerio de Agricultura se ha negado y eso significa que en Chile
se siguen usando plaguicidas extremadamente nocivos para la salud y el
medioambiente”, dijo.
Las cifras en esta materia no son claras, pero existen antecedentes
de que la intoxicación de temporeros por la utilización de plaguicidas
ha aumentando de manera sistemática desde el año 1997.
Las últimas cifras oficiales de la Red de Vigilancia Epidemiológica
del Ministerio de Salud (REVEP) del año 2008 señalaron que se
registraron 849 casos, superando la cifra de 2007 que ascendió a 727
casos. Para la dirigente de Rapal las responsabilidades no se han
asumido.
“No se puede dejar la responsabilidad en el eslabón más débil que es
el trabajador agrícola. Creo que cuando se usan venenos, las
responsabilidades las tienen fundamentalmente los reguladores. En Chile
desafortunadamente no ha habido una política pública que incentive, por
ejemplo, la agricultura orgánica. Eso ha estado absolutamente ausente
desde siempre porque sólo ha habido un enfoque químico para enfrentar el
problema de las plagas”, aseguró.
Organizaciones ciudadanas como la Red de Acción en Plaguicidas y sus
alternativas para America Latina (RA-PAL) Chile, estima que por cada
caso que se registra oficialmente, hay otros cuatro que no son
notificados a la autoridad sanitaria.
*Fuente: Radio de la U de Chile
Vìa :
http://www.piensachile.com/secciones/denuncia/9511-intoxicaciones-de-temporeras-por-plaguicidas-son-solo-la-punta-del-iceberg
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