Argentina: Ley Antiterrorista podría criminalizar la protesta social y el ejercicio periodístico

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, promulgó este miércoles la polémica Ley Antiterrorista a pesar de los reclamos de organizaciones sociales y políticas, que mostraron su rechazo y convocaron para este jueves una marcha de repudio que partirá de la Plaza de Mayo.

Pablo Micheli

A través de decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, la jefa de Estado promulgó las normas aprobadas por el Congreso en sesiones extraordinarias, entre ellas la Ley Antiterrorista, que no solo fue resistida por la oposición, sino también criticada por dirigentes y organismos afines al oficialismo, a partir de los alcances que podría tener a futuro en la criminalización de la protesta social o el ejercicio del periodismo.
A pesar del rechazo de organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y figuras del derecho como el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, quedaron así incorporadas dos modificaciones al Código Penal argentino para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), controlado por Estados Unidos.
La modificación del artículo 41 del Código Penal fue el punto central del debate: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”, señala.
Ante los cuestionamientos realizados a este artículo, en el Congreso se incorporó otro párrafo, con el cual se trató de reparar la ambigüedad del texto: se estableció que las agravantes “no se aplicarán cuando él o los derechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Sin embargo, ese agregado fue calificado como “superficial” por organismos de derechos humanos como el CELS, mientras que el juez Zaffaroni aseguró que “la Argentina está extorsionada por este organismo (el GAFI) que se ocupa de garantizar que el lavado de dinero se haga solamente en el Hemisferio Norte”.
En este contexto, organizaciones sociales y dirigentes de la oposición, que venían reclamando a la jefa de Estado que “vetara” la norma, participarán este jueves de una movilización a las puertas de la Casa Rosada en rechazo a la promulgación.
La marcha arrancará a las 17h desde la 9 de Julio y Avenida de Mayo convocada por la CTA que dirige Pablo Micheli y confirmaron su participación el Movimento Socialista de Trabajadores, Partido Obrero, dirigentes del Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur, la Federación Universitaria (FUBA), la Asociación Gremial Docente de la UBA, entre otras.
“Juntar fondos para los mapuches presos acusados de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82% móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es el procesamiento de miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima”, advirtió la CTA en un comunicado.

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