El maestro
Rodrigo Flores Peñaloza lo quieren acusar de la muerte de Reynaldo Ordaz
Velásquez. Reynaldo falleció el pasado 28 de octubre en el tramo La
Ventosa-La Venta de la carretera Panamericana, en Oaxaca. Era empleado
de la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la
española Renovalia Energy). Participaba en la represión a un grupo
pacífico de indígenas zapotecos que protestaban contra la empresa.
Pero da la casualidad que ese día Rodrigo Flores, que es dirigente
del Frente por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de
Tehuantepec, e integrante de la Comisión Política de la sección 22 del
magisterio oaxaqueño, se encontraba a muchos kilómetros del lugar de los
hechos.
El hostigamiento a Rodrigo no es nuevo. Desde hace meses, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y los empresarios andan tras él. Apenas
en junio se le acusó de ser probable responsable en la comisión del
delito de amenazas, lesiones y demás contra una empleada de seguridad de
la empresa Demex. El Ministerio Público Federal, con sede en Matías
Romero, le giró una orden de presentación por su participación en las
manifestaciones contra las altas tarifas eléctricas.
A mediados de junio de este año, indígenas del municipio Unión
Hidalgo bloquearon la entrada del parque eólico Piedra Larga, construido
en ese municipio por Demex. En junio, al grito de
¡Aquí está la ley!, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a campesinos de sus propias tierras. Según Flores Peñaloza,
los campesinos se dieron cuenta de que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio.
Pero Demex quiere las tierras de Unión Hidalgo. Y ante los intentos
de los empleados de la empresa por apoderarse de ellas, diferentes
organizaciones sociales de la región, entre ellas el Comité de
Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos
Indígenas del Istmo de Tehuantepec y la sección 22 del SNTE iniciaron
una jornada de movilización el pasado 24 de octubre, con protestas en
Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec.
Como parte de esta jornada, el 28 de octubre la coalición opositora
bloqueó la carretera Panamericana. Un grupo de 50 policías municipales,
golpeadores, líderes de la CTM y caciques, pertrechados con armas de
fuego y machetes, y dirigidos por Ventura Ordaz Santiago, los atacó con
lujo de violencia. Durante 45 minutos los machacaron a golpes y patadas.
Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, los agredidos lograron
escapar. Poco después, cerca de las 5 de la tarde, se reportó la muerte
de Reynaldo Ordaz.
Las protestas en Unión Hidalgo son parte de un amplio movimiento
social que rechaza la construcción de parques eólicos en el istmo de
Tehuantepec. Sin tener la menor idea de lo que sucede en la región, a
finales de 2010 la secretaria de Energía de México, Georgina Kessel
Martínez, expresó que la oposición a los parques eólicos en el istmo de
Tehuantepec, específicamente en Unión Hidalgo,
son cosas del pasado. (La Jornada, 3/12/10).
El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de
mil hectáreas de tierras ejidales, comunales y de pequeños propietarios y
tendrá capacidad de 90 megavatios, no abastecerá de electricidad a los
pobladores del municipio, sino a 65 centros de las empresas Bimbo y
Femsa.
Los habitantes de Unión Hidalgo se oponen a que se construya el parque eólico Piedra Larga en sus tierras,
por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras. Según ellos, el proyecto no garantiza
condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos, ni del medio ambiente.
El proyecto eólico del istmo de Tehuantepec ha convulsionado la
región y precipitado un enorme número de conflictos sociales. Desde 1999
grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por
los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y
por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al
ejido. Las comunidades indígenas han sufrido el despojo
legalde más de 12 mil hectáreas de su propiedad, en lo que constituye una contrarreforma agraria de largo aliento. El uso del suelo ha cambiado y se ha abandonado la producción de alimentos. A cambio, un grupo de empresas trasnacionales, en su mayoría españolas, se han beneficiado con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón y de los caciques del Partido Revolucionario Institucional.
El despojo y privatización se opera por conducto de contratos de
arrendamiento de tierras amañados y leoninos, que favorecen a las
empresas trasnacionales, con duración de 30 años, renovables
automáticamente por otros 30, y por los que, con frecuencia, se paga a
los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea. Se trata, sin
más, de un proyecto de despojo disfrazado de renta, de usufructo y de
servidumbre de paso.
Esos contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y
bienestar para los campesinos y la región. Sin embargo, con el paso de
los años los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus
tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación,
enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos.
Por muchas comunidades están convencidas de que el Megaproyecto
Eólico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto del capital privado
nacional y trasnacional que despoja a los pueblos de su patrimonio
biocultural, en beneficio únicamente de las empresas que generan energía
eléctrica con su viento y sobre su tierra.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/01/opinion/021a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/01/opinion/021a1pol
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