Costa Rica : Tras de que deben, cobran....Por: Eva Carazo

Hace casi 20 años las comunidades de la zona norte empezaron la resistencia contra la minería de oro a cielo abierto. Empezaron a estudiar cómo funciona esa tecnología y lo que ha pasado en otros países donde se ha aplicado, y los impactos que podía implicar el que se pusiera en práctica en Crucitas. Empezaron a informarse y organizarse, a hacer marchas y enviar cartas, a buscar estrategias técnicas, legales y de movilización para que las montañas y los bosques no se convirtieran en cráteres y lagunas para que una empresa extranjera saque oro.

Crucitas, por Miguel Cabrera (flickr)

En ese tiempo han pasado muchas cosas: festivales, manifestaciones y marchas en Costa Rica y Nicaragua, una caminata de San José a Crucitas y otra de Crucitas a San José, un ayuno de 26 días, y pronunciamientos en contra del proyecto por parte de movimientos sociales y de instituciones como Municipalidades, iglesias, Universidades Públicas y la Defensoría de los Habitantes. La SETENA rechazó y después aceptó la viabilidad ambiental de la mina, la Sala IV anuló la concesión en el 2004, el gobierno de Abel Pacheco estableció una moratoria a la minería a cielo abierto que sería derogada por Oscar Arias mes y medio después de “revivir” la concesión. La Sala IV prohibió la tala de almendro amarillo, y un mes después Oscar Arias declararía ilegalmente el proyecto “de interés público y conveniencia nacional” para que esa prohibición de la Sala quedara sin efecto, permitiendo la tala de más de 50 hectáreas de bosque en dos días antes de que la Sala la detuviera nuevamente. Se presentaron recursos de amparo, la empresa empezó a demandar a activistas que siguen con juicios abiertos por defender sus principios, y también se aprobó la Ley 8904, que prohíbe nuevos proyectos de minería a cielo abierto con mercurio y cianuro en Costa Rica.
Además se presentó un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, que en noviembre de 2010 decidió que las ilegalidades del proyecto minero eran suficientemente claras y graves como para impedir que siguiera adelante, entre otras razones porque un cambio en el diseño del proyecto (que había hecho la minera Infinito Gold Ltd. sin presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental), significaba un aumento en el volumen de explotación de roca, el consumo de cianuro y el tamaño de una laguna de relaves, incluía el uso de explosivos y aumentaba la profundidad de los cráteres de 15 a 65 metros, aumentando además el impacto en los acuíferos.  La gente en todo el país celebró el fallo digno y valiente del Tribunal Contencioso, mientras el vicepresidente Piva adelantaba criterio sobre un pago millonario a la empresa e Infinito preparaba una apelación que presentaría en enero pasado ante la Sala I con apoyo del mismo gobierno.
El capítulo más reciente de la historia: la minera tuvo acceso a la respuesta de su apelación antes de que fuera público el fallo del juicio de casación. Probablemente si les hubiera sido favorable ni siquiera nos habríamos enterado, se habrían quedado en silencio esperando la sentencia. Pero nos enteramos porque esa sentencia iba a reiterar la decisión del Tribunal Contencioso en contra del proyecto minero Crucitas, y ahora Infinito trata de usar el argumento de la filtración de información para cambiar a los magistrados que han juzgado el caso, o llevar la discusión otra vez a la Sala IV donde han tenido resultados más favorables, a pesar de que la Sala dijo que este es un tema de legalidad que debe ser resuelto en los tribunales, como efectivamente sucedió. Como dice el dicho, tras de que deben, cobran.
Por supuesto que hay que fijar responsabilidades: la de una empresa que pretende corromper el sistema judicial costarricense para su propio beneficio, la de funcionarios públicos que le han hecho el juego, la de gobiernos que han puesto la ganancia privada por encima del interés colectivo. Por supuesto que hay que fortalecer la independencia del Poder Judicial, pero eso se logra protegiendo la autonomía y la imparcialidad de jueces y juezas, nunca cuestionando una decisión seria y fundamentada cuando favorece a la parte más débil.
Cuando hablamos de Crucitas, hoy ya no está en juego sólo la forma de vida de las comunidades de la zona norte de Costa Rica, ni las relaciones con Nicaragua, ni la protección del ambiente y el agua, ni una vía de desarrollo sustentable frente a un modelo extractivo, cortoplacista y depredador. Ahora está en juego la institucionalidad costarricense, la credibilidad del sistema judicial y la esencia del Estado Social de Derecho: el saber si nuestras leyes funcionan igual para toda la gente, o si hay un sistema jurídico para quienes pueden llamar por teléfono a un magistrado o un fiscal para pedirle un empujoncito o consultar cómo va un proceso, y otro sistema jurídico para quienes se organizan para defender sus derechos, consiguen apoyo para desarrollar los argumentos legales y técnicos, y van a hacer fila a la Corte para saber cómo avanza el caso. Al fin y al cabo, está en juego la posibilidad de retorcer las reglas según el poder de quien necesita aplicarlas, o de seguir creyendo que nuestro sistema democrático, perfectible y todo, puede funcionar.

Vìa, fuente :
http://revista-amauta.org/2011/11/tras-de-que-deben-cobran/