(APe).- Todavía están allí, en un costadito de la zona sur de Rosario,
las dos torres que recuerdan los primeros hornos de la empresa fundada
por la familia Acevedo, a finales de los años 40: aceros para la
industria argentina, más conocida por su sigla identidad, Acindar. Luego
vino el barrio que empezó como una promesa de la mismísima Evita y el
traslado de la planta hasta cuarenta kilómetros al sur de la cuna de la
bandera, en Villa Constitución.A principios de los años setenta, la fábrica se unió en relaciones carnales con la empresa norteamericana U.S. Still y nombró como gerente general a quien había impulsado el cierre de decenas de ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, José Alfredo Martínez de Hoz.
El 20 de marzo de 1975, Acindar, junto a otras acerías como Marathon y Metcon, deciden pagar 200 dólares por cada uno de cuatro mil integrantes de diferentes grupos parapoliciales para terminar con los delegados de fábricas que se habían creído eso de participación en las ganancias de las patronales y control de producción de las empresas tal como lo dice no el manifiesto comunista sino la Constitución Nacional en su artículo 14 Bis.
Era de madrugada cuando una fila interminable de muchos vehículos invadió la bella y hasta ese momento tranquila Villa Constitución.
Las campanas de la iglesia, protegida por el cura Samuel Martino y protectora de los intereses del gran capital, saludaron la ocupación.
Doscientos delegados y delegadas de fábrica fueron secuestrados a partir de aquel 20 de marzo.
Más de sesenta figuran hoy como desaparecidos, según recuerda una placa instalada en la plaza San Martín, la principal, colocada hace algunos años por la CTA.
-Están todos bajo tierra - dijo, años después, uno de los socios de Martínez de Hoz, Walter Klein, otro apellido que supo sumarse al gobierno de los proveedores de la muerte, títeres macabros de los verdaderos e invictos titiriteros de siempre, los delincuentes de guante blanco, los integrantes del poder económico de estos arrabales del mundo.
Los que estaban bajo tierra era gran parte de los trabajadores secuestrados por aquel ejército de parapoliciales y paramilitares pagados por Martínez de Hoz y sus socios.
Esto lo declaró y lo demostró en Suiza, ante una comisión de militantes por los derechos humanos, donde estaba el actual secretario del área, Eduardo Luis Duhalde, el ex oficial de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández.
Un año después, Martínez de Hoz se convirtió en el ministro de Economía del terrorismo de estado y como tal, entonces, firmó la autorización para que el gobierno avalara un crédito de 600 millones de dólares a favor de Acindar que también llevaba su firma como gerente general de la acería de Villa Constitución.
Comenzaba la deuda externa argentina previa inversión en desaparición de personas molestas.
Quince años después, ante este cronista, Martínez de Hoz reconocía haber sido testigo de todo aquello que generó. En aquellos días de 1991, el ex gerente general de Acindar sentía impunidad.
Pero la insistencia de la memoria perfora los muros de la impunidad: el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 5 de la Capital Federal, Norberto Oyarbide, dispuso el comienzo de la Instrucción penal para la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la "Operación Serpiente Roja del Paraná" perpetrada por fuerzas armadas, de seguridad y civiles del Ministerio de Bienestar Social y la dirección de la empresa metalúrgica Acindar en la ciudad santafesina de Villa Constitución en el mes de marzo de 1975.
Una tardía pero concreta forma de avanzar sobre los titiriteros del drama argentino.
Una necesaria manera de que Acindar comience a pagar sus deudas con la sociedad.
Fuente de datos:
CTA Nacional.
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