Frente a las protestas
ciudadanas el gobierno insiste en criminalizar la violencia de algunos
sectores de estudiantes y pobladores cuya marginalidad y desesperanza
los lleva a manifestarse en la única forma que conocen: la violencia, y
de la cual, son víctimas a diario.
El Ministro del Interior
habla de la violencia de los encapuchados, vándalos delincuentes que
perturban el orden y la paz tan necesaria para el crecimiento económico
del país; crecimiento que sólo beneficia a un sector minoritario. Pero
olvida hablar de la violencia cotidiana que sufren los chilenos.
Empresas de retail, que lucran al mil% con los sectores más pobres, Isapres con
ganancias gigantescas a costa de sus cotizantes, intereses exorbitantes
en créditos de consumo donde se llega a pagar casi el doble de lo
prestado, servicios de salud pública donde la gente se muere esperando
turno para ser atendida. A esa violencia, a la cual está sometida la
mayor parte de la población hay que agregar una fuerza policial que
actúa descontroladamente sin rendir, al parecer, cuentas a nadie.
El poder operativo de Carabineros,
sus protocolos, los cuales se desconocen, ha llegado a sobrepasar el
accionar de esta institución durante la dictadura. Un ejemplo claro de
esto fue la operación que se llevó a cabo contra los hinchas de Colo Colo,
actuando como verdaderos guardianes del confort del sector ABC1. En una
actuación inédita, los efectivos subían a los buses y bajaban a los
hinchas por el hecho de portar estos una bandera de su equipo. Claro que
advertían que no estaban detenidos sino “retenidos”. El caso es que
retenidos o no igual terminaron en la comisaría sin un motivo
justificado, o mejor dicho el motivo implícito era que pertenecían
mayoritariamente a sectores bajos de la población. Es posible deducir
que el orden y seguridad en este país consiste en apartar a los sectores
pobres o marginales de la población de aquellos que gozan de una
situación acomodada, a menudo a costa de la pobreza de los otros.
Esto
no se considera violencia. Los encauchados están amenazados con todo el
rigor de la ley; nada se ha dicho sobre el carabinero que mató un
adolescente de la población Jaime Eyzaguirre, ni menos
sobre aquel energúmeno que le metió la Uzi en la parte baja de la
espalda a un manifestante o el que le pegó a un camarógrafo. Es claro
que hay distintas definiciones de violencia.
Si
bien es cierto que siempre las fuerzas especiales han sido represivas,
se observa un nivel de descontrol mayor y se perciben algunos cambios
significativos que se han producido en el último tiempo.
En
primer lugar se puede observar un uso creciente del sistema de
infiltraje, que si bien no es algo nuevo se hace cada día más evidente.
Personal de civil que toma fotografías, provocadores encapuchados,
valoración del soplonaje.
Se está
efectuando una incentivación de la delación a todo nivel. Spots
publicitarios que llaman a “informar” sobre cualquier acto sospechoso a
ciudadanos vigilantes que son denominados “héroes anónimos”. Este
soplonaje se conocía anteriormente sólo a nivel del hampa y en tiempos
de dictadura entre enemigos ideológicos con las funestas consecuencias
que todo el mundo conoce.
Otro
aspecto es la criminalización de las manifestaciones de descontento. De
hecho se puede observar que mientras hay una turba destruyendo
señaléticas y vitrinas, carabineros está reprimiendo a los estudiantes
que están pacíficamente marchando o en algunos casos se observa que no
actúan hasta que los destrozos son mayores. Esta política cuenta con el
apoyo de los medios de comunicación que entregan gran cobertura a los
actos violentos enfatizando la calidad de víctimas de carabineros
agredidos arteramente. Estos reportajes permanecen dos o tres días en
pantallas a diferencia de las manifestaciones a las que dedican unos
pocos minutos.
Lo anteriormente
señalado es aprovechado por el Gobierno para efectuar una serie de
amenazas y anuncios de endurecimiento de las penas y aumento de los
castigos. Este régimen se ha caracterizado por la fundamentación del
castigo para solucionar todos los problemas que entorpezcan el accionar
del mercado. Lo más preocupante es la actitud de intromisión que tiene
hacia los otros poderes del Estado, verdadera intervención no conocida
anteriormente. La velada amenaza a los jueces, realizada recientemente
es un ejemplo de esta intervención.
Ahora
bien, hay que dilucidar cómo se produjo este empoderamiento de
Carabineros, más allá de lo que ejercían comúnmente frente a los
“desmanes” de los que protestan.
La razón de estos cambios más otros que son internos de Carabineros es consecuencia de una nueva política del Ministerio del Interior que ha contado con la injerencia de la policía norteamericana, concretamente de los asesores de Rudolph Giuliani y su política de tolerancia cero. El ex jefe de la policía de Nueva York (NYPD) Louis Anemone, estuvo como asesor de Carabineros durante los últimos cuatro meses, según reportaje de El Mercurio, edición del domingo 2 de octubre sección D página 15.
Anemone no estuvo solo. Lo acompañó el comisionado de policía William Bratton y Michael Berkow quien fue jefe de policía en Los Angeles y otras ciudades de EUA. Berkow además fue llamado a Londres para trabajar con la policía después de los atentados de julio del 2005.
El comisionado Bratton es el creador de Compstat ( Computer Static o Comparative Statics) un sistema estadístico de control de los delincuentes y que se aplicará en Chile con el nombre de STAD cuyas siglas corresponden a Sistema Táctico de Análisis Delictual.
Esta
asesoría nos va aclarando los nuevos protocolos de Carabineros. Si
tomamos en cuenta que los delitos han aumentado, que las poblaciones
siguen igual de desprotegidas y que los femicidios siguen perpetrándose
es dable pensar que el STAD se está enfocando a otros quehaceres, y, su
funcionamiento requiere de medidas que se manifiestan en acciones como
las señaladas anteriormente.
El
sistema de represión se funda en medidas de amedrentamiento y control.
Por eso no es casual que las detenciones sean masivas y luego los jueces
deban poner en libertad a los detenidos por falta de pruebas. Es
evidente que al detener a los manifestantes estos deban entregar su
cédula de identidad y algunos datos de residencia, lo cual proporciona
una buena fuente de información para engrosar los datos del STAD.
Según
El Mercurio, este programa está orientado al trabajo de las distintas
unidades de Carabineros para mejorar su funcionamiento, pero no hay que
ser genio para pensar que el objetivo principal es el control de los
ciudadanos. El hecho que se le pida a cada Jefe de Comisaría, “conocer
al dedillo la realidad de su comunidad” (1) hace pensar en las redes
que se van a emplear para este conocimiento en profundidad. De allí el
interés en una política de delación y soplonaje. De pasada sirve para ir
fraccionando la solidaridad poblacional y barrial e ir creando un clima
de desconfianza. Ya lo vimos en la dictadura; lo habíamos olvidado.
Nadie mejor que este gobierno para recordarnos a Pinochet.
Licenciada en Sociología Universidad Arcis
Diplomada en Estudios Griegos y Bizantinos Universidad de Chile
Estudiante de Magister en Filosofía Universidad de Chile
(1)
Textual del artículo “”la desconocida trama tras la “revolución” que
promueve el Gobierno en Carabineros del citado El Mercurio.
Vìa :
http://www.elciudadano.cl/2011/10/25/43120/estado-policial-una-nueva-forma-de-controlar/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/25/43120/estado-policial-una-nueva-forma-de-controlar/
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