Tan empecinado está
Felipe Calderón que aprovechó la espantosa masacre del casino Royale
para insistir en su muchas veces fallida estrategia de guerra contra el
narcotráfico en su mensaje a la nación el 26 de agosto. De inmediato se
vieron las largas columnas de fuerzas federales con destino a Monterrey,
como se han visto rumbo a Ciudad Juárez, sin que el derramamiento de
sangre inocente se detenga.
En una semana, es cierto, hubo varios hechos que revelaron que los
criminales no reconocen ningún límite, ni se detienen en ningún espacio,
sea público o privado: la balacera afuera del estadio de Torreón, otra
balacera con saldo de un muerto y varias madres de familia heridas
afuera de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, en Ciudad Juárez, y
el execrable incendio del casino Royale en Monterrey, con 52 personas
muertas. La reacción del gobierno es incrementar la violencia de Estado
hacia los delincuentes, aunque de sobra se ha demostrado que la
intensificación de la violencia legítimasólo produce más asesinatos en este país aterrorizado.
Porque si bien la masacre del casino Royale puede considerarse un ascenso en la escala del terror criminal, hay que tomar en cuenta otros datos: en primer lugar, toda la cadena de corrupciones y colusiones de diversos niveles de gobierno que han permitido que este tipo de establecimientos nazcan, crezcan, se reproduzcan y medren plagados de irregularidades fiscales, de protección civil y laborales. ¿No se advirtió desde tiempos de Foxilandia que la apertura de este tipo de casinos ofrecería una gran oportunidad para el lavado de dinero y la implantación de mafias criminales? En segundo lugar, como señalan algunos analistas, las características y las circunstancias del incendio del casino Royale obedecen más bien a un tipo de acción torpe, sin estrategia, de grupos criminales fragmentados, en su afán de allegarse recursos a toda costa para vencer a sus rivales. Esta lucha ciega de fracciones criminales entre sí es lo que explica los hechos de los últimos días en Torreón, Ciudad Juárez y Monterrey. Y es lo que han advertido quienes señalan que al focalizar su estrategia el gobierno federal en la detención de los grandes capos lo que obtiene es fragmentar y multiplicar las mafias criminales y sus acciones contra ellas mismas y contra la población.
Mientras la estrategia gubernamental sigue centrada en esto, olvida y deja impunes otros tipos, muy letales también, de violencia. Es el caso de los feminicidios; los datos al respecto, tan sólo en Chihuahua, son terribles: en lo que va del año han sido asesinadas 253 mujeres, ¡cinco veces más que las víctimas del casino Royale!, y 107 han desaparecido (información de Justicia para Nuestras Hijas y Cedhem). A pesar de que la Fiscalía del Estado pretende ligar la mayoría de estos feminicidios con el crimen organizado, sus propios datos la contradicen: tan sólo de enero a la fecha en Ciudad Juárez se ha elevado a 7 mil el número de denuncias por maltrato de mujeres.
Esto nos dice que es necesario y urgente un cambio de
estrategia gubernamental y social para enfrentar las violencias y sus
raíces sociales. Una estrategia que como se ha venido exigiendo
privilegie la seguridad humana y ciudadana de las personas. Es lo que
muchos grupos de la sociedad organizada demandan, pero no sólo eso,
también proponen alternativas sistemáticas, de atención diversificada.
Tal vez la propuesta más amplia y estructurada es la muy valiosa
presentada por la UNAM, pero hay muchas otras, que bordan sobre aspectos
o cuestiones más específicas y locales, muy de tomarse en cuenta.
Para detener la estrategia gubernamental fallida y llevar adelante
estas demandas y propuestas desde la sociedad es necesaria una mayor
movilización y presión social. Es el momento de lanzar un nuevo tipo de
acciones y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene la
capacidad y la legitimidad para convocarlas.
Tanto los diálogos con los poderes Ejecutivo y Legislativo (el
Judicial sigue sumido en su arrogancia), como la próxima Caravana del
Perdón hacia el sur del país, son acciones muy importantes del
movimiento. Sin embargo, hay que buscar otro tipo de acciones de
dimensión nacional, masiva, en las que puedan participar el mayor número
posible de ciudadanos para expresar al gobierno el hartazgo con su
estrategia fallida y la exigencia de asumir las estrategia sociales de
seguridad humana y ciudadana.
En este sentido, diversos grupos de Ciudad Juárez y Chihuahua están
proponiendo al movimiento la convocatoria a un primer paro cívico
nacional o un primer acto simultáneo y masivo de desobediencia civil. Se
trataría de brindar la oportunidad a ciudadanas y ciudadanos de todo el
país a sumarse al movimiento mediante una acción de protesta y
exigencia que puedan realizar sin necesidad de desplazarse de su lugar
de residencia, durante dos o tres horas, de manera visible.
El autoritarismo del régimen es un peligro muy próximo; el miedo de
todos es realidad palpable. Para vencerlos, es necesario que
no dejemos de decir lo que pensamos, como señala el rector José Narro Robles. Es necesario que en una gran acción y expresión ciudadanas repudiemos la estrategia fallida del gobierno y exijamos atención a las propuestas sociales para una paz con justicia y dignidad; eso es lo que buscarían el paro, la huelga o la moratoria a escala nacional.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/02/opinion/020a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/02/opinion/020a1pol
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