El presidente boliviano Evo Morales anunció este lunes que la
construcción de la vía interdepartamental que atravesaría el Territorio
del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), rechazada por algunos
sectores indígenas y respaldado por otros, queda suspendida hasta que se
realice una consulta nacional en los departamentos afectados,
Cochabamba y Beni.
“Mientras (se realiza) este debate nacional y para que los
departamentos decidan, queda suspendido el proyecto de carretera del
Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure y que sea lo que
el pueblo decida y especialmente estos dos departamentos”, afirmó en
declaraciones efectuadas en el presidencial Palacio Quemado.
La ruta es un ramal importante que conecta con un corredor bioceánico
que unirá los puertos del Atlántico (en Brasil) y del Pacífico (Perú),
lo que contribuiría a aumentar la competitividad de la oferta
exportadora nacional, aspecto fundamental para un país sin acceso al mar
como Bolivia.
La decisión del gobernante fue anunciada luego que la Policía
disuadiera, la víspera, una marcha que a tumbos y entre cabildeos
recorrió 250 km, tras comenzar el 15 de agosto y que los marchistas
tomaran el sábado, en una escalada de violencia, de rehén al canciller
David Choquehuanca, que intentaba establecer el diálogo en un lugar de
la caminata.
Morales dijo que la resolución de construir la vía, de 306 km de
longitud que debía unir los inconexos departamentos de Cochabamba
(centro) y Beni (nordeste), en la Amazonia boliviana, respondía a una
serie de normas expedida entre 1984 y 2003.
Morales, que el domingo postuló un referendo en las poblaciones de
Cochabamba y Beni, dijo que un debate nacional debía pronunciarse para
resolver la viabilidad o no del proyecto carretero, cuyas dos de sus
tres tramos se abrieron preliminarmente con financiamiento de Brasil,
cuyo gobierno, presidido por la presidenta Dilma Roussef, ratificó este
mismo lunes sus apoyos a la construcción de la vía.
“Yo quiero salvar una responsabilidad ante la historia y ante el
pueblo boliviano y especialmente ante los 2 departamentos: que haya un
debate nacional, un debate del pueblo boliviano para que ellos decidan,
especialmente los 2 departamentos beneficiarios o involucrados”, explicó
el mandatario boliviano.
La protesta fue impulsada por la Central Indígena del Oriente
Boliviano, la Asamblea del Pueblo Guaraní y, en menor proporción, por el
andino Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo.
La administración Morales denunció que un grupo de ONGs que operan en
la Amazonia boliviana y, principalmente, la agencia para el desarrollo
de Estados Unidos, (Usaid, por sus siglas en inglés) financiaron la
protesta, cuyo fin era torpedear las elecciones judiciales, las primeras
en Bolivia, pautadas para el 16 de octubre.
Respecto a la violenta represión el domingo a los marchistas
indígenas que marchaban hacia La Paz para rechazar el tramo de 177 km de
atraviesa su hábitat, Morales dijo que esta es “imperdonable”.
“El presidente ha instruido (una investigación) para dar con todos
los agresores, no olvidemos, nuestro canciller ha sido agredido (el
sábado por los marchistas), hay policías heridos, pero el día de ayer es
imperdonable frente a los hechos en las pantallas de televisión”,
señaló.
Además propuso la organización de “una comisión de alto nivel, de
organismos internacionales, el defensor del Pueblo, Derechos Humanos,
para (que hagan) una profunda investigación sobre los hechos del día de
ayer, que dejan mucho que desear”.
También señaló no tener conocimiento de la muerte de un bebé de tres
meses como especularon medios a base de informes no confirmados de los
marchistas.
La Policía boliviana reportó que no existen muertos ni desaparecidos en la represión a la marcha.
Radio del Sur
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