“Chile no puede convertirse en refugio para violadores de Derechos Humanos”,
dijo el pasado 21 de septiembre, el diputado del Partido Por la
Democracia (PPD) Jorge Tarud, quien junto al también diputado PPD
Tucapel Jiménez exigieron al Gobierno la inmediata expulsión del ex juez argentino Otilio Romano,
quien permanece en territorio nacional mientras está siendo investigado
por la justicia trasandina por cometer y encubrir 103 crímenes de lesa
humanidad durante la dictadura de Jorge Videla Redondo, quien se mantuvo
en el poder entre los años 1976 y 1983.
Romano,
a quien el Departamento de Extranjería le concedió una visa de ocho
meses el pasado primero de septiembre, mientras se resuelve su petición
de refugio, huyó a Chile el 24 de agosto, un día antes de ser llamado a declarar por los crímenes de los que se le acusa en su tierra natal.
- Diputados Tucapel Jiménez y Jorge Tarud, del PPD.
La
demanda de los parlamentarios se suma a la ya expresada por el diputado
comunista Hugo Gutiérrez, quien el día 9 de ese mismo mes, presentó una
carta al Ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Hinzpeter,
para pedir explicaciones por la entrada de Romano al país. En esa fecha,
el presidente del Consejo de la Magistratura argentina, Mario Fera, ya
había dado orden de captura internacional para el ex fiscal de la
provincia de Mendoza.
Luego de la presentación de Gutiérrez, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor
Pérez, emplazó al Gobierno del país vecino a hacer un trueque: Romano
por Galvarino Apablaza, ex comandante de la resistencia armada a la
dictadura de Augusto Pinochet (como primer hombre del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez), quien está viviendo en suelo argentino y
es señalado como autor intelectual del asesinato del ideólogo del
sistema político-económico del régimen militar, Jaime Guzmán Errázuriz.
A juicio de los diputados PPD, Jiménez y Tarud, la intención de intercambiar personas “es impresentable”: “Nosotros
hemos declarado que Galvarino Apablaza debe concurrir a los tribunales
en Chile, no tenemos duda respecto a eso, pero otra cosa es creer que
todavía estamos en un estado de guerra y comencemos a hacer intercambio
de presos”. El juez Mario Carroza, quien investiga el homicidio del
gremialista Jaime Guzmán, también desestimó el canje propuesto por la
Derecha, argumentando que luego de que Argentina le concediera refugio político al ex frentista, la extradición a Chile “es inviable”.
Los
parlamentarios sostienen que con el amparo de Otilo Romano, no sólo se
está contrariando la normativa internacional –a la que Chile suscribió
en 1951- que prohíbe, de manera explícita, otorgar asilo a algún
involucrado en violaciones a los derechos humanos, sino que además se “atenta contra el prestigio internacional de nuestro país”.
Tucapel
Jiménez recordó que Argentina nos lleva la delantera en materia de
derechos humanos y aclaró que “si la Justicia chilena hubiese tenido la
capacidad de juzgar a jueces encubridores de crímenes de la dictadura de
Pinochet, varios habrían estado ante los tribunales, partiendo por
Sergio Valenzuela Patiño”, juez que extendió por 17 años la
investigación del asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, padre del
diputado PPD y presidente de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales (Anef) , quien en 1982 fue asesinado por agentes de la ex
Central Nacional de Informaciones (CNI), división de inteligencia del
régimen militar.
–
CONFLICTO BILATERAL
Con
este clima de malestar político por la permanencia de un colaborador de
la última dictadura argentina en nuestro país, el presidente Sebastián
Piñera, quien viajó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para
participar del 66º Período de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunió en la tarde del
miércoles 21 de septiembre, con Cristina Kirchner, primera mandataria
argentina. Pero el canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que este
tema no fue materia de la conversación entre los mandatarios.
Según
varios medios de prensa, el objetivo de la reunión, que se realizó al
término del almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, era dar una señal de normalidad en las relaciones, luego de que
la viuda de Néstor Kirchner cancelara una visita a La Moneda al tiempo
que el Gobierno de Chile acogía la solicitud de asilo del ex juez Otilio
Romano.
El
eventual foco de conflicto fue propiciado desde la Derecha,
particularmente desde la UDI, cuyos militantes pidieron la demora en los
trámites de refugio del argentino mientras el Gobierno de la “Señora K”
no revierta el asilo político dado a Galvarino Apablaza.
Frente
a la arremetida de la UDI, el Gobierno pone paños fríos: El ministro de
Justicia, Teodoro Ribera, declaró que “se respetará el derecho y la
tradición jurídica”, dejando en claro que “Romano no es, ni va a ser,
una moneda de cambio. Esto no tiene nada que ver con el caso de
Apablaza”, subrayó el secretario de Estado.
En
tanto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien es
responsable de tomar la decisión final acerca de la negación o admisión
del refugio de Romano, explicó -respecto del canje propuesto- que “cada
refugio se analiza en su mérito, no puede condicionarse. No es posible,
sería violar la ley y, en eso, el Gobierno siempre fue categórico”.
Por Paula Figari Rojas
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2011/09/23/diputados-ppd-exigen-expulsion-deviolador-de-derechos-humanos-a-la-argentina/
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