PSOE y PP han cumplido con los plazos previstos para una modificación de la Constitución que introduzca una norma neoliberal
dictada en la última cumbre entre los gobiernos de Francia y Alemania, y
en la línea de reformas impulsadas por la derecha que gobierna los
principales Estados europeos, institucionalizando la doctrina económica
que condujo a la crisis sistémica actual en el país con el gasto público
social por habitante más bajo de la UE-15 (sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos).
Una de las consecuencias inmediatas será la reducción del gasto público
y, por tanto, de bienes y servicios sociales gestionados desde el
sector público que tendrían que traspasarse a lo privado a fin de no
rebasar el límite fijado, en un contexto en el que la deuda privada en
España supera a la pública entre 3 y 4 veces.
La reforma hace hincapié en el déficit público cuando el problema está en la desregulación financiera que posibilitó un exagerado endeudamiento privado
desde el comienzo de la burbuja inmobiliaria. Las administraciones
públicas adeudan más de 600.000 millones, mientras que las familias
españolas tienen contraídos débitos financieros con la banca privada por
un monto de entre 850.000 y 900.000 millones. A las empresas privadas
españolas les corresponde la mayor deuda: aproximadamente 1,2 billones
de euros.
El artículo 135 de la Consitución Española se redactó en 1978 bajo los siguientes supuestos;
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la
Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de
gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de
emisión.
La modificación que han acordado esta madrugada PSOE y PP lo dejaría como sigue:
“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un
déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso,
por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al
Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto
interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio
presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda
pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el
estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad
absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de
emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones
Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá
superar el valor de referencia establecido en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública
sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al
control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación
financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas
por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este
artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos,
de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones
Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso,
regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las
distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de
superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las
desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos
Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo,
adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del
principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
Disposición adicional única.
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
2. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.
Disposición final única.
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española
entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en
el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas
de España".
A día de hoy, más de 70.000 personas han pedido un referéndum para ratificar esta reforma de la Constitución a través de la web Actuable.
Fuente, vía :
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article28106
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