Dos
uniformados de la comisaría 4ª de Mar del Plata fueron denunciados por
el juez Juan
Tapia para que se los investigue por falsa denuncia, falso
testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa
procesal, falsedad ideológica de instrumento público y asociación
ilícita, junto a cuatro vecinos. El juez determinó que los nombres de
los cuatro vecinos se cruzaban en al menos media docena de
investigaciones judiciales en las que aparecían alternadamente como
víctimas de robos o testigos casuales. Aportaban decenas de direcciones
que luego eran allanadas, acciones en las que, curiosamente, participaba
siempre el mismo dúo del orden. El resultado de los allanamientos no
resolvió las investigaciones, pero aportó ascensos y chapa a los dos
uniformados, estadísticas espuma a la ola de inseguridad y marchas
organizadas por uno de los víctimas/testigos/denunciantes, que
participaba activamente en un foro de seguridad comunitario.
Durante julio pasado, Tapia recibió un pedido de allanamiento de
tres domicilios. Lo realizaba, en el marco de una investigación, la
unidad fiscal Oficina de Determinación de Autores del área de Robos y
Hurtos de Automotores. En este caso, se trataba de ubicar un Duna
celeste cortado, una F100 negra y autopartes robadas. El pedido de la
fiscalía llamó a la curiosidad del juzgado por varios motivos: no había
denuncia por robo de los autos buscados; en la investigación participaba
un policía de la 4ª, pero en jurisdicción de la 5ª; y los dos testigos
caminaban casualmente a la madrugada en un barrio extremo al propio sin
explicar claramente qué hacían por allí.Las declaraciones de los dos hombres no cerraban ni por asomo. Uno de ellos se identificó como Sergio Daniel Centurión; el otro, como Rubén Alberto Cagianesa. Este último sostuvo que se topó “con un policía de civil de la 4ª, quien le pidió que se presente y declare todo lo que vio”, según figura en la causa. En el juzgado de Tapia no entendían por qué no había realizado la denuncia en la comisaría 5ª, que sí tiene jurisdicción. Los funcionarios policiales que investigaron las denuncias fueron Roberto Oscar Bouzada y Samuel Lanza, del Gabinete de Prevención de la comisaría 4ª.
El nombre del primero de los testigos resonaba en los ecos del juzgado de Tapia. Recorrieron los expedientes por nombres de testigo o de imputado y detectaron que el mismo Centurión aparecía en la IPP 8496/11, ante el mismo juzgado de Tapia y la Fiscalía Nº 7, como víctima de un robo el 2 de mayo pasado. Dijo que fue asaltado por cuatro hombres en la parada de colectivo. Dio ocho domicilios y dijo que los conocía todo el barrio, pero nadie se les animaba. El fiscal Juan Lódola pidió los allanamientos y Tapia concedió en aquella oportunidad siete de los ocho “no incautándose en ninguno de ellos los elementos presuntamente desapoderados a Centurión (...)”, sostiene la denuncia del propio Tapia.
El juez continúa con su asombro, “el presunto ‘testigo’ del presunto ‘robo’ a Centurión es Rubén Alberto Cagianesa”, quien describió la situación. Otro testigo de la investigación de los dos uniformados de la 4ª citado por Tapia es Maximiliano Damián Maciel, remisero, que aseguró que llevó a los “chicos El Chino y El Castillo”, a quienes les vio bolsos y armas y los trasladó a varias direcciones, que fueron allanadas. “En tres registros domiciliarios intervino Roberto Bouzada y en dos registros actuó Samuel Lanza.”
El 30 de mayo, la Fiscalía Nº 5 inició la IPP 10.514/11 por denuncia de robo. Esta vez la víctima denunciante fue Cagianesa. También robo de objetos personales. Y sostuvo que “un hombre se acercó a ayudarlo pero ignora si vio el robo”. La denuncia la recibió el capitán Bouzada. El hombre que se acercó a ayudar a Cagianesa era nada menos que Centurión, quien sostuvo que conocía a los ladrones y aportó diez domicilios. La investigación fue realizada por Lanza y Bouzada. Otro testigo de la causa fue el mismo remisero Maciel. Ante la negativa inicial del juez Errandonea de aceptar los allanamientos, Centurión amagó con “salir a denunciar ante los medios”. Con Centurión se presentó un amigo, Sebastián Marcos Rebeque, quien aseguró que después de visitar a Cagianesa lo robaron de regreso a su casa. Bouzada y Lanza participaron en los allanamientos.
El 21 de marzo, el robo lo sufrió Maciel, y los dos testigos fueron Centurión y Rebeque. Las imprecisiones fueron las mismas, con cinco domicilios aportados, luego allanados a pedido del fiscal Lódola ante el propio Tapia. Los allanamientos estuvieron a cargo de Bouzada y Lanza. El 22 de enero, la víctima fue Centurión, Cagianesa fue el testigo, y los uniformados, el dúo dinámico.
En su denuncia, Tapia sostiene que “(...) las actuaciones permitieron servir de expediciones de pesca para el hallazgo de otros elementos de cargo para formular imputaciones penales y que han servido para la producción de estadística policial de presunta eficacia en el control de la criminalidad”. Y citó la investigación del actual juez federal Daniel Rafecas sobre causas fraguadas por la Federal por la coincidencia de que las maniobras apuntaron sobre “víctimas con escasas posibilidades de reaccionar frente al sistema penal, hallazgo casual pero exitoso de material comprometedor que permite reforzar la idea de eficacia policial detrás de los registros de domicilio, testigos fungibles que forman parte de trampas policiales, funcionarios judiciales que compran sin revisar un producto espurio, utilización de estereotipos para promover alertas mediáticas de inseguridad urbana (...)”. Señaló las declaraciones de Centurión (activo participante de un foro de seguridad), a tono con el discurso de la inseguridad, y de Rebeque, que esbozó la idea de promover una “marcha a la Municipalidad por la inseguridad” en la IPP 10514/11. Y recordó “el beneficio a las carreras de quienes intervienen en estos procedimientos (Bouzada y Lanza, que eran teniente primero y sargento de la comisaría 4ª al detectarse el primero de los procedimientos; y hoy son capitán y subteniente de la misma dependencia) y el pavoroso efecto de la burocracia de las que están constituidas tanto la agencia policial como la judicial”.
horaciolqt@yahoo.com.ar
Vìa :
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-173567-2011-08-02.html
Imagen: Enrique García Medina
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